El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, sugirió extender los alcances del proyecto presentado por el senador del Partido Colorado Sergio Godoy, quien planteó bajar de rango tres ministerios a secretarías y crear el fondo de contingencia para afrontar el alza del precio de los combustibles, lo que, según las afirmaciones del legislador, permitirá redirigir un total de 40 millones de dólares.
El proyecto apunta a bajar nuevamente de rango al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, al Ministerio de Desarrollo Social y también contemplaría al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).
“Yo no sé si ese monto es así, pero si me preguntan si debemos hacer una reducción o achicamiento del Estado, yo digo que sí, pero por qué no vemos en general y solo nos concentramos en lo que son las instituciones sociales. Yo no me cierro en que podamos achicar el Estado en aquellas instituciones que tienen superposición de funciones, eliminarlas; pero veamos en un contexto general y no solo en lo social, que finalmente tiene un impacto mayor en la gente”, mencionó a través de una entrevista en el canal Trece.
AHORRO
La propuesta presentada por Godoy menciona que la experiencia demuestra que poco o nada variaron y mejoraron las funciones de estos entes con su nuevo ropaje de ministerios, implicando en cambio sumas siderales del erario público para solventar sus nuevas estructuras y organigramas.
“Esta ‘jerarquización’ claramente no reditúa en mayores beneficios para la gente y, por el contrario, le cuesta anualmente a los ciudadanos unos 40 millones de dólares, según datos al 2020 del Club de Ejecutivos del Paraguay, lo que equivale a todo lo recaudado en concepto de impuesto a la renta personal”, remarca el proyecto de ley.
La propuesta presentada por Godoy surgió como una alternativa para buscar destrabar la crisis por la constante suba de los combustibles, que derivó en el recrudecimiento en estas jornadas de los cortes de ruta y movilizaciones por parte de camioneros y otros gremios.
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Crecen reclamos sociales en la Argentina
- Por Ricardo Rivas
- Corresponsal en Argentina
- X: @RtrivasRivas
El gobierno del presidente argentino Javier Milei cumplió 4 meses a cargo de la administración sin conseguir que el Parlamento apruebe ninguno de los proyectos legislativos con los que el mandatario se propone cambiar este país. No se recuerda en 40 años desde el momento en que la Argentina dejó atrás las dictaduras que la asolaron en el siglo pasado una situación similar. Tan consciente de ello como molesto el jefe de Estado expresa que “las reformas que no podamos meter ahora las vamos a meter el 11 de diciembre de 2025″, cuando estima que dispondrá de mejores condiciones en el Congreso para que sus legisladores voten en favor de sus ideas. Para las elecciones de medio tiempo faltan no menos de 18 meses.
Los motivos por los que se arriba a este cuadro de situación son múltiples, por cierto. Algunos vinculados con situaciones propias de la dinámica de una economía en bancarrota preñada de corrupción estructural, malas prácticas, los efectos de una guerra perdida contra Inglaterra en las Islas Malvinas, reiterados incumplimientos con los organismos multilaterales de crédito, el avance de la ‘pobreza’ y de la economía informal, por solo mencionar algunas y a las que es posible añadir un notorio cambio de época y prácticas sociales ejercidas desde el más alto nivel de conducción política del país que por ello resultan llamativas. Veamos.
En ese contexto de Gobierno débil con un presidente de carácter fuerte, el señor Javier Milei en la Patagónica ciudad turística de Bariloche, en el Hotel Llao Llao, más precisamente, ante los más poderosos empresarios y hombres de negocios que operan aquí –algunos de los cuales desde muchos tiempo residen en el Uruguay– sostuvo que cuando “se ponen controles de capitales el que fuga ya no es un delincuente, es un héroe (porque) logró escaparse de las garras del Estado”. ¿Es un acto de heroísmo la evasión fiscal?
Mientras, el jefe de Gabinete de ministros, Nicolás Posse, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington trajinaron numerosas oficinas de altos funcionarios de la administración que lidera el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como ya es habitual los mensajes públicos de esos funcionarios desde la capital estadounidense son de optimismo. Kristalina Gueorguieva, la directora gerente de ese organismo, elogió al Gobierno argentino. El Departamento del Tesoro, al arecer, también lo hizo. Sin embargo, Gita Gopinath –quien secunda a la anterior– les informó a ambos que deberán aguardar hasta el venidero mes de junio para saber si acaso la Argentina habrá de recibir un desembolso extra de unos 15 mil millones de dólares, según trascendió, para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA) con el objetivo de poner fin al llamado cepo al dólar, relevante compromiso de Javier Milei durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada.
Casi simultáneamente con esa respuesta del FMI, en Buenos Aires, el dos veces exministro de Economía Domingo Felipe Cavallo adelantó que en este mes de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) –la inflación– podrá estar cerca del 10 % e, incluso, ser de un digito, pero advirtió que considera probable que durante “un largo período” se estacione entre 8 y 9 % mensual. Ese dato y sus efectos permitirá sostener en el tiempo las múltiples demandas de la sociedad civil con sus posibilidades económicas disminuidas. La clase media comienza a molestarse. El ajuste impuesto por la política económica es muy duro.
Tal vez por esa razón el Gobierno intervino con inusual dinámica para impedir que las empresas de medicina prepaga que atienden en el sector privado a más de 7 millones de personas dejaran de aumentar sus precios que los incrementaron sustentándose en las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que se inició la gestión dl presidente Milei. Esas prestaciones aumentaron desde el último mes de 2023 hasta este mes 165 %. Pero no es el único sector que ha incrementado sus tarifas en esa magnitud. Los servicios de transporte (colectivos) aumentaron casi 200 %. Combustibles, cerca de 170 %. Otros servicios esenciales como lo son el agua, la provisión de luz y de gas, se elevarán desde este mes. El Gobierno proyecta que hasta julio alcanzarán un valor de equilibrio. Mañana los estudiantes que cursan educación superior en las universidades públicas de todo el país marcharán en procura de “terminar con el ajuste” al presupuesto educativo. Al menos una universidad privada –la UADE– apoya y participa del reclamo. ¿Será sustentable en el tiempo el ajuste de las cuentas públicas sin que aumenten el mal clima social?
“Hay muchas situaciones que atentan contra la dignidad infinita de la persona humana, como, por ejemplo: avanza la pandemia silenciosa del narcotráfico, que utiliza a los pobres como material de descarte, que promueve el sicariato, que seduce con dinero manchado de sangre a miembros del ámbito político, de la justicia y del mundo empresarial; a muchos abuelos y abuelas se les presenta el drama de elegir entre comer o comprar los medicamentos porque la jubilación no alcanza; cierran comedores comunitarios por falta de asistencia y muchos vecinos se quedan sin la posibilidad de esa comida en el día”, sostiene la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que preside el obispo de San Isidro Óscar Ojea.
“Se ataca la vida inocente que no ha nacido, y, a la vez, la igualmente sagrada vida de millones de niños y niñas ya nacidos que se debaten entre la miseria y la marginación; asistimos a la discontinuidad de políticas públicas de integración de barrios populares, logradas con el consenso de gobiernos de distintos signos políticos y representantes legislativos; también familias despojadas de su tierra natal en beneficio de intereses económicos; hermanos que pierden su trabajo, que sienten que su vida está de sobra, y que no pueden poner el hombro en la construcción de la Patria”, agrega el texto eclesial católico.
Todos los sectores sociales sienten la presión de los precios en alza. En las estructuras más altas del Estado los aumentos salariales se disimulan con ascensos de categoría a numerosos funcionarios. En la Cámara de Senadores –como lo permite la ley– sus integrantes no sólo acomodaron sus dietas (como se denominan sus remuneraciones que no son salarios) sino que desde ahora cobrarán 13 cuotas anuales. Una más que desde siempre. Mientras ello sucedía en el Congreso, ninguno de los 7 integrantes del bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) se expresó en alta voz para manifestarse en contra de lo que finalmente sucedió. La vicepresidenta Victoria Villarroel, que preside el cuerpo, se justificó en que la decisión “es legal” y repitió ante quien quisiera escucharla que “no puedo impedirlo”.
Pese al ajuste y a las carencias que hacen que el presidente Milei repita una y otra vez que “no hay plata”, el ministro de Defensa Luis Petri junto con su homólogo danés ministro danés Troels Lund Poulsen, en Dinamarca, concretó la compra de 24 aviones de combate F-16 A/B MLU Fighting Falcon con 4 décadas de antigüedad pero que “han sido modernizados y equipados con la mejor tecnología” según la comunicación oficial argentina.
La operación mencionada asciende a un costo de USD 650 millones que incluye a los cazabombarderos, sistemas de armas (misiles aire-superficie y aire-aire misiles aire-aire y armamento guiado aire-superficie, ocho motores, cuatro simuladores de vuelo, entrenamiento y capacitación de los pilotos.
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Maduro plantea pena de muerte por corrupción
EUROPA PRESS
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó durante un acto público celebrado el sábado instaurar la pena de muerte para castigar delitos de corrupción y de traición y elevarla a nivel constitucional con una reforma de la Carta Magna.
“Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción e inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo”, planteó Maduro durante un acto para conmemorar el regreso de su predecesor Hugo Chávez al Palacio de Miraflores tras un intento fallido de golpe de Estado el 13 de abril de 2002.
Maduro recordó que “para reformar la Constitución hace falta el pueblo y yo lo convoco a este debate y a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua y que esa gente se pudra de por vida en la cárcel”, según recoge el portal Efecto Cocuyo.
“Caiga quien caiga”, advirtió Maduro, a la vez que pidió al fiscal Tarek William Saab que investigue todos los casos de corrupción. “Las puñaladas me las han dado por la espalda gente en la que confié plenamente y creyeron que el poder les pertenecía y se olvidaron del pueblo”, declaró.
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Recuerdan que las políticas sociales son necesarias
Las políticas sociales no pueden ir en paralelo con las políticas productivas, ya que son fundamentales en el proceso de desarrollo del país, explicó el economista y exministro de Desarrollo Social Cayo Cáceres, en contacto con La Nación/Nación Media. Según el economista, las políticas sociales nunca pueden ser regalías, sino que tienen que ser medidas para garantizar el ejercicio de derechos a los ciudadanos y a las familias, y ese proceso debe estar conectado con políticas productivas, políticas de empleo, políticas de capacitación, políticas crediticias y políticas de fortalecimiento de la gestión de las pequeñas organizaciones.
“Cuando entendemos que las políticas sociales tienen que ir por un andarivel y las políticas productivas por otro andarivel, ahí ya tenemos un panorama errado. Las políticas tienen que estar ajustadas de acuerdo al dimensionamiento de las organizaciones, las personas y las familias en donde se va a impactar”, enfatizó Cáceres.
Siguió explicando que cuando se quiere lograr un impacto inmediato en la economía y crecimiento, se deben diseñar las políticas reales según las necesidades del origen del problema. Por ejemplo, no es lo mismo establecer las líneas a seguir en producción para las personas que tienen formación académica y para las que no. “Si yo quiero mejorar, desarrollar y fortalecer el desempeño productivo de las personas que viven en Caraguatay, debo trabajar y dedicarme a ellos. No puedo pretender copiar lo que se hace en Japón o China, no funciona así el sistema. Las medidas serán efectivas cuando respondan a las necesidades de las comunidades”, expuso.
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UNA: Facultad Politécnica alcanzó máxima categoría en Ciencia, Tecnología e Innovación
Desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) decidieron otorgar la máxima categoría a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). De ahora en más la facultad se coloca con las tres instituciones en alcanzar este nivel de excelencia en todo el país.
Se trata de la máxima categoría de Institución de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) mediante la Resolución N° 102/24. “Este logro histórico coloca a la Facultad Politécnica como una de las tres instituciones en Paraguay en alcanzar este nivel de excelencia”, expresaron desde la facultad.
Esta categorización se realizó en el marco del Programa Nacional de Incentivos a la Investigación Científica y Tecnológica (PRONII), que se encarga de realizar las evaluaciones de calidad de las investigaciones como de la capacidad de formación de investigadores de las instituciones del país.
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“La Facultad Politécnica obtuvo la calificación de Institución de Investigación Consolidada (CVIN01-37), la categoría más alta dentro del sistema de categorización del Conacyt. Este reconocimiento es un hito para la facultad y el esfuerzo conjunto de los investigadores de la institución”, puntualizaron.
De esta forma la politécnica de la UNA consolida la posición de la unidad académica como líder en investigación científica y tecnológica en Paraguay. “Este logro permitirá a la Facultad Politécnica acceder a mayores recursos para fortalecer sus líneas de investigación y fomentar la formación de nuevos investigadores”, concluyeron.
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