Mientras baraja la fecha para imputar a Luis Paciello, yerno del ex presidente Fernando Lugo, el Ministerio Público trabaja sobre dos hipótesis fuertes sobre el origen de la fortuna del ex concejal lambareño.
Uno es el referente a la posibilidad de que el investigado haya dado un “mordisco” a dinero del Estado. El otro: que haya manoteado (junto a otros) parte de los millones que el difunto ex presidente venezolano Hugo Chávez, enviaba a sus aliados políticos de la región, entre ellos a Lugo.
El informe remitido por la Contraloría a la Fiscalía es claro. Paciello no tiene forma de explicar el origen del dinero con el que compró 2 departamentos de US$ 100.000 cada uno en Asunción, una mansión en Lambaré, una quinta en San Bernardino, además de una jugosa cuenta corriente en banco de plaza, que según filtraciones desde la SET, estaría en el orden de los US$ 900.000.
Empleado del parlamento, luego un breve paso por la EBY y después concejal de Lambaré, la ruta del dinero que el acusado pudo amasar no cuaja con los registros formales.
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Reglamento UE 1115: el Ejecutivo debe decidirse por el comercio internacional sin intervencionismo estatal
- Por Víctor Pavón
Cuando todo parecía encauzarse para bien en relación a las exportaciones de nuestros productos como la soja, la carne, el cuero y la madera, para el comercio con la Unión Europea (UE) y por el cual el Ejecutivo nacional tenía una posición correcta de no ceder ante exigencias de otros países, días atrás sin embargo el Gobierno emite el Decreto 1541 que muestra otra tendencia.
El presidente Santiago Peña dijo el año pasado en las Naciones Unidas: “Los países en vías de desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad”, afirmación certera sobre lo que había que hacer en relación a exigencias que podrían perjudicar al país.
Con referencia concreta al Reg. 1115 de la UE dijo: “Paraguay hará valer su soberanía”.
Del mismo modo, la Cancillería junto como el Ministerio de Agricultura y Ganadería afirmaban que las exigencias de la UE son de cumplimiento imposible para Paraguay, más tomando en cuenta que nuestra producción se hace de modo sostenible protegiendo el medioambiente.
Luego el Gobierno se presenta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que junto con 60 países sostienen acerca de la necesidad imperiosa de reducir las “distorsiones al comercio agrícola” así como medidas exigidas de “modo unilateral”.
Al respecto, alguien que sabe y mucho sobre todo esto, el Ing. Santiago Bertoni, exministro de Agricultura y Ganadería, afirmó que “la norma n.° 1115 de la UE se trata de una barrera comercial a los productos agrícolas, con condiciones exageradas sobre el sector privado”.
De igual modo los verdaderos protagonistas, los que saben lo que pasa en el campo, se hacían escuchar. Los sectores gremiales mediante sus representantes refieren que el Reglamento 1115 no puede ser una imposición ni menos aún convertirse en una normativa internalizada en nuestro territorio perjudicando al campo y que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Mientras tanto, la UE venía diciendo que el Reglamento 1115 se aplicaría con o sin acuerdo del Mercosur. Matteo Sartori, quien estuvo por nuestro país, dispuso en carácter de donación de euros 10 millones para el Gobierno, como una forma de ayuda para ir cumpliendo los requisitos ambientales del Reglamento 1115.
Y ¿ahora? El Decreto presidencial 1541 del 16 de abril pasado, viene a cambiar la tendencia correcta del Gobierno con relación al Reglamento 1115. Dice que se deben iniciar las tareas para implementar sistemas de trazabilildad socioambiental para la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales.
En el Considerando del Decreto se lee: “...las recientes normativas de trazabilidad socioambiental adoptadas por mercados extranjeros...” “...que el Estado debe adoptar”... para contar con “una plataforma de trazabilidad ambiental”.
Esta decisión del Gobierno es estatista, contraria a los intereses del sector privado rural que serán convidados de piedra de aprobarse la “nueva trazabilidad”, documento de cumplimiento obligatorio hecho por burócratas que, sentados en cómodos sillones, se dedican a estorbar a los emprendedores.
Es de esperarse que el Ejecutivo tome en cuenta que el comercio y la producción son tareas del sector privado y que el Estado debe garantizar la propiedad y la seguridad para que la gente coopere para intercambiar más y mejores bienes y servicios, tanto dentro como fuera del país. Y esta es la mejor forma de defender la soberanía y la producción del Paraguay.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
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“Mario Abdo le prestó plata a muchos senadores”, denunciaron
El tratamiento del desafuero al exmandatario y senador vitalicio Mario Abdo Benítez aún está pendiente por el Congreso y la senadora Yolanda Paredes reveló la razón por la que muchos de sus pares se vuelcan hacia el salvataje a favor del expresidente, y manifestó que se debe a que varios legisladores tienen una deuda económica con Abdo.
“Ahí hay mucha deuda que tienen muchos senadores con Mario Abdo Benítez, son deudas políticas y económicas. Mario Abdo le prestó plata a muchos senadores que hoy están sentados acá, tienen pagarés”, dio a conocer la parlamentaria de Cruzada Nacional en conversación con La Nación/Nación Media.
La senadora indicó que considera que debido a esto, hasta el momento no se reunieron los votos suficientes para que Abdo pierda su investidura, puesto que sus colegas no pueden dar la espalda al expresidente a quienes adeudan cifras que difícilmente puedan saldarse. “Acá hay deudas que muchos de ellos no van a poder saldar y no pueden darle la espalda a Mario Abdo, hay una deuda moral y económica”, aseveró Paredes, quien dijo que así como están las cosas, no están dadas las condiciones para reunir los votos suficientes para que Abdo sea desaforado, por lo que se daría un salvataje.
“Yo no sé si van a llegar a contar con los números para el pedido de desafuero de Mario Abdo”, recalcó. La pérdida de investidura del expresidente es requerida por el Ministerio Público para que pueda ser investigado por asociación criminal, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, entre otros delitos relacionados a la filtración de datos ocurridos durante su gobierno.
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Otra reforma estatal mediante una propuesta del Ejecutivo
Si hay una tarea a llevarse a cabo y de la que los ciudadanos desean que se realice y cuanto antes mejor, es la de ordenar al Estado para que cumpla con sus funciones establecidas en nuestra Constitución Nacional.
El ordenamiento estatal es fundamental en cualquier país. El mismo significa establecer reglas de juego claras sin privilegios para nadie para de ese modo consolidar el ingreso del ciudadano que desee ser parte del sector público donde prime la igualdad ante la ley y la meritocracia. El ingreso al sector público a la fecha tiene numerosas dificultades con leyes que lamentablemente no pudieron lograr aquellos propósitos antes señalados.
Así, por ejemplo, la Ley 1626 de la Función Pública que data del año 2000 fue objeto de un sin fin de inconstitucionalidades en su contra que, en vez de ordenar al sector estatal, terminaron por desorganizarlo al punto de perjudicar a aquellos funcionarios que de modo permanente realizan capacitaciones y desean convertirse en genuinos servidores públicos.
La Ley 1626, a raíz de las numerosas inconstitucionalidades planteadas en su contra ante la Corte Suprema de Justicia con sentencias a favor de los recurrentes, no logró sus objetivos e hizo finalmente que los ciudadanos más capacitados –que existen en nuestro país y en el mismo Estado– no cuenten con reglas no solo de ingreso a la función pública, sino tampoco tienen reglas claras para sus respectivos y justos ascensos. Es por ello que se requiere una legislación moderna con acuerdo a nuestra ley fundamental.
De ahí que una iniciativa como la que en estos días ha presentado el Ejecutivo denominada Proyecto de Ley de la Función Pública y el Servicio Civil se convierta en una importante propuesta de ordenamiento estatal, como dijo el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, en la presentación del referido proyecto ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
El proyecto tiene por objetivo, entre otros, hacer posible que los paraguayos que deseen ser parte del Estado como funcionarios de carrera se encuentren protegidos de las contingencias propias de los intereses partidarios. Tengan la oportunidad, igualmente, de ser parte del sector público para que de esta manera la misma administración gubernamental logre elevar la eficiencia en su gestión, así como mejorar la transparencia en el uso de los recursos del gasto público.
En tal sentido, el derecho administrativo como parte del derecho público estudia y pone a disposición un importante arsenal de conocimientos para una mejor organización y funcionamiento del Estado, de las relaciones con los ciudadanos, así como la de garantizar el principio de legalidad constitucional.
Esta conceptualización del derecho administrativo se entiende todavía mejor si la expresamos como la manera en que el Estado se relaciona con el ciudadano, de modo que sus actividades se correspondan con calidad, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia, todo lo cual tiene un impacto positivo sobre la economía en su conjunto.
De lo que se trata en cuanto se refiere al servicio civil es que los recursos humanos en su relación con el Estado se encuentren amparados en un marco de seguridad jurídica de ingreso, permanencia y ascenso de los ciudadanos funcionarios públicos en las diversas reparticiones estatales sin tener que depender de los padrinos o amigos que terminan por radiar a los más preparados y honestos.
El ordenamiento estatal a través de este proyecto de Ley de la Función Pública y el Servicio Civil se viene a constituir, por tanto, en un avance más de propuestas concretas presentadas por el Ejecutivo y a ser analizadas por el Congreso, con el expreso objetivo de mejorar al Estado pagado por los contribuyentes, quienes se merecen que su dinero sea utilizado por el bien de la sociedad.
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Con la sanción del Congreso, la plata de las jubilaciones y pensiones está protegida
Con la aprobación de la Cámara de Diputados se sancionó ayer la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que inexplicablemente ha tenido reacciones negativas de parte de cierto sector ciudadano. Teniendo en cuenta que el manejo del dinero de los jubilados en las diferentes cajas no tenía una norma jurídica para su control efectivo y buena administración, la ciudadanía aguardaba una legislación adecuada. Y eso es lo que se ha logrado mediante el visto bueno de las cámaras del Congreso, primero en el Senado, el martes último, y por último en Diputados, el día siguiente. Al Ejecutivo le toca ahora su promulgación final.
Dado que el control de las cajas jubilatorias era una fuerte necesidad, no se entiende por qué cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de ley al Congreso algunos medios de prensa y cierto grupo de sindicalistas afirmaron que se trataba de un robo a los jubilados. Si se quiere controlar que no se desperdicien los fondos, como ocurría hasta ayer, no se puede hablar de robo, sino de todo lo contrario.
Este grupo de opositores al control de las cajas jubilatorias tiene como principal argumento el que la ley está propuesta por este gobierno porque todo lo que venga del poder está mal, como piensan los anarquistas. Sin discutir ni decantar la realidad y la importancia del tema, hay que hacer la contra y destruir lo que se pueda.
Debido a la ausencia de normas para proteger la plata de los jubilados es que han habido casos de desfalcos extraordinarios. Tal como el considerado el mayor robo del siglo a los fondos jubilatorios en la Caja de Jubilados de Itaipú, donde desaparecieron 180 millones de dólares. O lo que está afectando actualmente a la caja de empleados de la Ande, que prestó más de 10 mil millones de guaraníes a una empresa y no los está pudiendo recuperar.
Un conocido economista del sector privado señaló que el total de los aportes a las cajas jubilatorias que no tienen ningún control llega casi al 10 % del producto interno bruto (PIB) del Paraguay, unos 4.000 millones de dólares, cifra que requiere de una seria supervisión y cuidado. El mismo especialista resaltó que la Constitución Nacional, en su artículo 95, exige ese contralor cuando señala que los recursos financieros de los servicios sociales deben estar supervisados por el Estado.
Con las modificaciones y agregados que se realizaron en el Senado y en Diputados, el texto de la ley se ha terminado de perfeccionar. Entre esas disposiciones está que el Estado, los organismos públicos ni municipalidades no podrán prestar plata del IPS ni adquirir bonos de entidades que administran sus fondos. Este que era el principal temor está descartado por completo.
Otra norma importante es que la entidad supervisora no dependerá del Estado ni del Banco Central del Paraguay (BCP), sino del Consejo de Seguridad Social. Este organismo estará integrado por el presidente del BCP, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Trabajo, representantes de los trabajadores, jubilados y empleadores.
Las cajas que serán controladas por este organismo serán la del IPS, la del personal de la Ande, la del personal municipal, la de la Itaipú, la de empleados bancarios y afines, la de jubilaciones y pensiones del Ministerio de Economía y la de los miembros del Poder Ejecutivo.
Como la lógica y el buen sentido se imponen, aunque sea a largo plazo, con la ley que se acaba de sancionar se terminará el desorden existente. Mediante las disposiciones de esta nueva legislación el dinero aportado por los trabajadores activos o los jubilados ya no se expondrá fácilmente a cualquier tipo de abuso. Y se tendrá la garantía de que esos fondos ya no estarán a merced de los avivados y deshonestos que tanto daño ya han causado.
Más allá de las posturas irracionales manifestadas por ciertos grupos políticos que manipulan a algunos sectores laborales y de algunos medios de comunicación de inexplicable conducta ilógica, se ha impuesto la cordura. A pesar de los estúpidos y aprovechadores que se oponen, finalmente se va a proteger la plata de los trabajadores con la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que se sancionó ayer.