Si hay una tarea a llevarse a cabo y de la que los ciudadanos desean que se realice y cuanto antes mejor, es la de ordenar al Estado para que cumpla con sus funciones establecidas en nuestra Constitución Nacional.

El ordenamiento estatal es fundamental en cualquier país. El mismo significa esta­blecer reglas de juego claras sin privilegios para nadie para de ese modo consolidar el ingreso del ciudadano que desee ser parte del sector público donde prime la igual­dad ante la ley y la meritocracia. El ingreso al sector público a la fecha tiene numero­sas dificultades con leyes que lamentable­mente no pudieron lograr aquellos propósi­tos antes señalados.

Así, por ejemplo, la Ley 1626 de la Función Pública que data del año 2000 fue objeto de un sin fin de inconstitucionalidades en su contra que, en vez de ordenar al sector estatal, terminaron por desorganizarlo al punto de perjudicar a aquellos funcio­narios que de modo permanente realizan capacitaciones y desean convertirse en genuinos servidores públicos.

La Ley 1626, a raíz de las numerosas inconstitucionalidades planteadas en su contra ante la Corte Suprema de Jus­ticia con sentencias a favor de los recu­rrentes, no logró sus objetivos e hizo finalmente que los ciudadanos más capacitados –que existen en nuestro país y en el mismo Estado– no cuen­ten con reglas no solo de ingreso a la función pública, sino tampoco tienen reglas claras para sus respectivos y jus­tos ascensos. Es por ello que se requiere una legislación moderna con acuerdo a nuestra ley fundamental.

De ahí que una iniciativa como la que en estos días ha presentado el Ejecutivo denominada Proyecto de Ley de la Fun­ción Pública y el Servicio Civil se convierta en una importante propuesta de ordena­miento estatal, como dijo el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, en la presentación del referido proyecto ante la Comisión Permanente del Con­greso Nacional.

El proyecto tiene por objetivo, entre otros, hacer posible que los paraguayos que deseen ser parte del Estado como funcio­narios de carrera se encuentren protegidos de las contingencias propias de los intere­ses partidarios. Tengan la oportunidad, igualmente, de ser parte del sector público para que de esta manera la misma admi­nistración gubernamental logre elevar la eficiencia en su gestión, así como mejorar la transparencia en el uso de los recursos del gasto público.

En tal sentido, el derecho administrativo como parte del derecho público estudia y pone a disposición un importante arsenal de conocimientos para una mejor organi­zación y funcionamiento del Estado, de las relaciones con los ciudadanos, así como la de garantizar el principio de legalidad constitucional.

Esta conceptualización del derecho admi­nistrativo se entiende todavía mejor si la expresamos como la manera en que el Estado se relaciona con el ciudadano, de modo que sus actividades se correspondan con calidad, eficiencia, rendición de cuen­tas y transparencia, todo lo cual tiene un impacto positivo sobre la economía en su conjunto.

De lo que se trata en cuanto se refiere al servicio civil es que los recursos humanos en su relación con el Estado se encuentren amparados en un marco de seguridad jurí­dica de ingreso, permanencia y ascenso de los ciudadanos funcionarios públicos en las diversas reparticiones estatales sin tener que depender de los padrinos o amigos que terminan por radiar a los más preparados y honestos.

El ordenamiento estatal a través de este proyecto de Ley de la Función Pública y el Servicio Civil se viene a constituir, por tanto, en un avance más de propuestas con­cretas presentadas por el Ejecutivo y a ser analizadas por el Congreso, con el expreso objetivo de mejorar al Estado pagado por los contribuyentes, quienes se merecen que su dinero sea utilizado por el bien de la sociedad.