Con la aprobación de la Cámara de Diputados se sancionó ayer la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que inexplicablemente ha tenido reacciones negativas de parte de cierto sector ciuda­dano. Teniendo en cuenta que el manejo del dinero de los jubilados en las dife­rentes cajas no tenía una norma jurídica para su control efectivo y buena admi­nistración, la ciudadanía aguardaba una legislación adecuada. Y eso es lo que se ha logrado mediante el visto bueno de las cámaras del Congreso, primero en el Senado, el martes último, y por último en Diputados, el día siguiente. Al Ejecutivo le toca ahora su promulgación final.

Dado que el control de las cajas jubila­torias era una fuerte necesidad, no se entiende por qué cuando el Ejecutivo pre­sentó el proyecto de ley al Congreso algu­nos medios de prensa y cierto grupo de sindicalistas afirmaron que se trataba de un robo a los jubilados. Si se quiere con­trolar que no se desperdicien los fon­dos, como ocurría hasta ayer, no se puede hablar de robo, sino de todo lo contrario.

Este grupo de opositores al control de las cajas jubilatorias tiene como principal argumento el que la ley está propuesta por este gobierno porque todo lo que venga del poder está mal, como piensan los anar­quistas. Sin discutir ni decantar la rea­lidad y la importancia del tema, hay que hacer la contra y destruir lo que se pueda.

Debido a la ausencia de normas para pro­teger la plata de los jubilados es que han habido casos de desfalcos extraordina­rios. Tal como el considerado el mayor robo del siglo a los fondos jubilatorios en la Caja de Jubilados de Itaipú, donde des­aparecieron 180 millones de dólares. O lo que está afectando actualmente a la caja de empleados de la Ande, que prestó más de 10 mil millones de guaraníes a una empresa y no los está pudiendo recuperar.

Un conocido economista del sector pri­vado señaló que el total de los aportes a las cajas jubilatorias que no tienen nin­gún control llega casi al 10 % del pro­ducto interno bruto (PIB) del Paraguay, unos 4.000 millones de dólares, cifra que requiere de una seria supervisión y cui­dado. El mismo especialista resaltó que la Constitución Nacional, en su artículo 95, exige ese contralor cuando señala que los recursos financieros de los servicios sociales deben estar supervisados por el Estado.

Con las modificaciones y agregados que se realizaron en el Senado y en Diputados, el texto de la ley se ha terminado de per­feccionar. Entre esas disposiciones está que el Estado, los organismos públicos ni municipalidades no podrán prestar plata del IPS ni adquirir bonos de entidades que administran sus fondos. Este que era el principal temor está descartado por com­pleto.

Otra norma importante es que la enti­dad supervisora no dependerá del Estado ni del Banco Central del Paraguay (BCP), sino del Consejo de Seguridad Social. Este organismo estará integrado por el presi­dente del BCP, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Trabajo, repre­sentantes de los trabajadores, jubilados y empleadores.

Las cajas que serán controladas por este organismo serán la del IPS, la del perso­nal de la Ande, la del personal municipal, la de la Itaipú, la de empleados bancarios y afines, la de jubilaciones y pensiones del Ministerio de Economía y la de los miem­bros del Poder Ejecutivo.

Como la lógica y el buen sentido se impo­nen, aunque sea a largo plazo, con la ley que se acaba de sancionar se terminará el desorden existente. Mediante las disposi­ciones de esta nueva legislación el dinero aportado por los trabajadores activos o los jubilados ya no se expondrá fácilmente a cualquier tipo de abuso. Y se tendrá la garantía de que esos fondos ya no estarán a merced de los avivados y deshonestos que tanto daño ya han causado.

Más allá de las posturas irracionales manifestadas por ciertos grupos políticos que manipulan a algunos sectores labora­les y de algunos medios de comunicación de inexplicable conducta ilógica, se ha impuesto la cordura. A pesar de los estú­pidos y aprovechadores que se oponen, finalmente se va a proteger la plata de los trabajadores con la Ley de Superintenden­cia de Jubilaciones y Pensiones que se san­cionó ayer.