La pandemia del covid-19 causó perjuicios enormes a la economía nacional y mundial; sin embargo, la crisis sanitaria no fue un impedimento para seguir con ciertos privilegios de los funcionarios públicos.
El Ministerio de la Defensa Pública puso en marcha una licitación para la contratación de seguro médico privado para sus funcionarios y el núcleo familiar de los mismos y para el efecto se destinarán G. 25.140 millones.
De acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), unas 2.095 personas son las potenciales beneficiarias de este seguro. “Serán tomados como miembros del núcleo familiar al titular, su cónyuge, sus hijos solteros hasta el día que cumplan 21 años, los discapacitados sin límites de edad”, dice parte del PBC.
Dentro del plan de cobertura de este seguro están incluidas consultas médicas en al menos 25 especialidades, entre ellas clínica médica, cardiología, pediatría, oncología, urología, entre otras.
Además, podrán acceder a análisis laboratoriales (de rutina, hormonales, etc.), estudios (radiografía, ecografía, tomografía, resonancia, mamografía, entre otros) y cirugías menores; además, deberá garantizar el descuento de medicamentos y en ópticas.
La proveedora del seguro deberá tener capacidad de brindar atención médica en Asunción y en los departamentos: Central, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Boquerón.
La licitación está en etapa de evaluación y solamente la firma MediPlan SA presentó una oferta. Algo que resulta llamativo es que MediPlan ya firmó en octubre del 2019 un contrato con la Defensoría para proveer el mismo seguro, para la misma cantidad de personas y por el mismo valor, G. 25.140 millones; es decir, esta es una licitación calcada a la anterior.
Este seguro se financia con recursos del Tesoro; es decir, parte de la recaudación de impuestos se destina a privilegiar a un sector del funcionariado público.
Así también, es importante resaltar que dentro de la justificación del llamado a licitación, la Defensoría afirma que tendrá los recursos suficientes para mantener este beneficio incluso hasta el 2023; por ende, obviamente existe interés en sostener este privilegio por más años.
Desde esta redacción intentamos comunicarnos con representantes del Ministerio de la Defensa, pero desde la institución nos manifestaron que el encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones no estaba autorizado para hablar y que solo podía hacerlo la ministra María Lorena Segovia, quien, según nos mencionaron, no podía atendernos.
Esta licitación se da en un marco de manifestaciones de médicos y docentes que exigen mayores recursos para sus respectivos rubros, además de aumentos salariales, y, mientras desde el Gobierno aseguran que no existe la suficiente capacidad financiera para cumplir con sus pedidos, uno de los ministerios se da el lujo de costear un seguro privado.