• Bogotá, Colombia. AFP

Dos investigadores de la Fiscalía de Colombia fueron secuestrados en el suroeste del país por el Estado Mayor Central, la mayor facción de las disidencias de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, informaron autoridades ayer sábado.

Los rebeldes admitieron haber retenido a los funcio­narios junto a “una acompa­ñante” el viernes, en una zona rural del municipio Santan­der de Quilichao, en el depar­tamento del Cauca.

Las dos mujeres y el hom­bre “se encuentran en buen estado de salud”, indicó el Estado Mayor Central (EMC) en un boletín ayer sábado.

Según los disidentes los inves­tigadores “fueron sorprendi­dos” en “un punto de control y registro” con “dos armas con su respectiva munición, además de dispositivos elec­trónicos para recopilar infor­mación”.

“Esperamos por medio de organismos internacionales se puedan generar las condi­ciones de seguridad para su liberación”, añadió la orga­nización que rechazó entre­gar las armas como lo hizo el grueso de la guerrilla de las FARC cuando firmó un his­tórico pacto de paz.

La Fiscalía condenó “vehe­mentemente la inaceptable retención” y pidió “respeto por la vida e integridad” de las víctimas.

• HOY.COM.PY.

El expresidente Mario Abdo Benítez y los demás imputados por filtración de datos solicitaron el cambio de fiscales en la investi­gación abierta contra Aldo Can­tero y otros por prevaricato.

En el marco de la causa Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y otros sobre prevaricato y per­secución a inocentes, la repre­sentación de Mario Abdo Bení­tez, Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio, solicitó la reasignación del caso, actual­mente en manos del fiscal Nés­tor Coronel.

La pesquisa inició luego de la difusión de las supuestas con­versaciones de WhatsApp entre los fiscales que investigaban a Abdo y el abogado Pedro Ove­lar, que desembocó en la aper­tura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funciona­rios por filtración de datos. El argumento de la solicitud de la reasignación de la causa es, de acuerdo al escrito, garantizar la objetividad de la investiga­ción, ya que según alegan, no se hicieron las diligencias suge­ridas como parte de la investi­gación. Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran apor­tar al caso. Sin embargo, a partir de allí no hubo ningún avance.

Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores se turnan en los pasillos de los tribunales para presentar recursos dilatorios con el objetivo de paralizar la causa y evitar que la misma avance. Hasta el momento han presentado dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación.

Tras haber recusado a la jueza, el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla presenta­ron otras recusaciones contra los integrantes de la Cámara de Apelación que deberá estudiar si la magistrada sigue o no con la causa, todo esto con el objetivo de entorpecer a como dé lugar la investigación por las filtra­ciones de la Seprelad.

El expresidente Mario Abdo Benítez y las otras exautoridades imputadas por el caso de filtración de datos mediante instituciones públicas, solicitaron el cambio de fiscales en la investigación en curso contra el agente del Ministerio Público Aldo Cantero por prevaricato.

En el marco de la causa abierta contra los fiscales Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y otros sobre prevaricato y persecución a inocentes, la representación legal de Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola, René Fernández, Carlos Arregui, extitulares de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y Arnaldo Giuzzio exministro del Interior, solicitaron la reasignación del caso, que actualmente está en manos del fiscal Néstor Coronel.

Esta investigación nació luego de la difusión de supuestas conversaciones de WhatsApp fraguadas entre el fiscal que investigaba a Abdo y el abogado Pedro Ovelar, que desembocó en la apertura de la carpeta fiscal contra el expresidente y sus funcionarios por filtración de datos. Recordemos que Ovelar había afirmado que dichas conversaciones eran falsas y que tal hecho no ocurrió.

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De acuerdo a lo que publicó el diario Hoy Digital, el argumento de la solicitud para la reasignación de la causa radica en el interés de garantizar la objetividad de la investigación, ya que según se alega en el escrito presentado, no se hicieron las diligencias sugeridas como parte de la investigación.

Coronel se constituyó en las oficinas de sus colegas Cantero y Grissetti en busca de documentos y materiales relevantes que pudieran aportar al caso. Sin embargo, a partir de allí, no ha habido algún avance.

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El fiscal general del Estado, Emi­liano Rolón, en una extensa entrevista para el programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó el proceso de investigación que se realizó en el caso de la filtración de datos de inteligencia, en el cual fue imputado el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y otros ocho exco­laboradores de su gobierno.

El fiscal general avaló el tra­bajo realizado por el equipo de agentes fiscales que ini­ció las investigaciones y ase­guró que pese a la infidencia que se pudo haber cometido por parte de uno de los fisca­les, Aldo Cantero, no conta­mina el proceso de investi­gación.

“Los antecedentes dicen que a consecuencia de una denuncia se abrió un equipo de trabajo encabezado como coordinadora por una fis­cala adjunta, tres fiscales más, más técnicos, peritos, expertos que acompañaron 7 meses una tarea, aun admi­tiendo la posibilidad de una infidencia de un miembro del equipo, evidentemente no altera el producto que presentaron”, aseguró el fiscal general.

Rolón explicó que la Fisca­lía tiene una estructura, el fiscal general del Estado es la cabeza visible, el último eslabón; antes están los adjuntos, quienes contro­lan en forma directa la labor de los agentes fiscales que es el agente que debe inves­tigar los hechos y ellos tie­nen autonomía, la investiga­ción es independiente para cada persona. “Pero en ese caso se formaron equipos de trabajo precisamente por la dimensión social que puede tener el acontecimiento”, indicó.

Agregó que la Fiscalía tiene por único interés conser­var las reglas constitucio­nales y el cumplimiento estricto de las leyes. “Tene­mos el privilegio histórico de que el país nos formó para que apliquemos las reglas del derecho y esta­mos en lo mismo, así es que las garantías para las par­tes van a observarse en la ley, no tenemos compro­misos políticos, ni alia­dos, ni contrarios, simple­mente pedimos a la gente que confíe en las institu­ciones”, aseveró.

El Ministerio Público no está obligado a remitir ningún informe al Congreso Nacional sobre las investigaciones que realiza a políticos, empresarios y otros.

Esta disposición lo revela un fallo de la Sala Constitucio­nal de la Corte Suprema de Justicia a través del Acuerdo y Sentencia 1102 de fecha 20 de diciembre de 2019, donde se admitió una acción de inconstitucionalidad promovida en el año 2015 por el entonces fiscal general Javier Díaz Verón, quien recurrió a la máxima instancia judicial cuestionando el artículo 2, inc. c) de la Ley n.º 5453/15, “Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional, de pedido de informes”.

Con la presente determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia la Fis­calía no está obligada a remi­tir ningún informe al Con­greso sobre la imputación que soporta por filtración de información en la Sepre­lad donde está imputado el expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla.

De acuerdo a la resolución judicial de la sala consti­tucional exime de remitir informes de carácter juris­diccional, es decir, informar sobre las causas que investiga al Congreso. Los ministros que firmaron el presente fallo judicial fueron Antonio Fre­tes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña Candia. Los altos magistrados luego de un análisis declararon inconstitucional e inaplica­ble el Artículo 2, inc. c) de la Ley n.º 5453/15, “Que regla­menta el Art. 192 de la Cons­titución Nacional, del pedido de informes”.

El Ministerio Público pre­sentó la acción de inconstitucionalidad en 2015, contra la mencionada ley, debido a que viola varios artículos cons­titucionales tales como del Poder Público, de la libertad y seguridad de las personas, de la supremacía de la Cons­titución, a más de los artícu­los referentes al Ministerio Público.

Específicamente, dice que el citado artículo incluye al Ministerio Público como organismo sujeto a la obli­gación de contestar pedidos de informes requeridos por el Congreso Nacional, por­que no lo exceptúa de la acti­vidad jurisdiccional. Según la acción, la Fiscalía es un órgano extrapoder, sin suje­ción a directivas que ema­nen de órganos ajenos a su estructura, conforme fallos de la propia Corte.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, encabe­zada por Lilian Samaniego, emitió ayer martes dos dictámenes con relación al pedido de desafuero del exmandatario Mario Abdo Benítez. Ambas posiciones serán analizadas hoy por la ple­naria de la Cámara Alta para definir si el líder del movimiento Añe­tete, devenido a Fuerza Republicana, será sometido a un proceso penal, teniendo en cuenta su condición de senador vitalicio.

A favor del desafuero votaron los senadores Basilio “Bachi” Núñez, Derlis Maidana, Carlos Núñez Agüero, Javier Zaca­rías Irún, Lizarella Valiente y Édgar López. Mientras que por el rechazo votaron Líder Amarilla, Yolanda Paredes, Rafael Fili­zzola, Lilian Samaniego, Mario Varela, Sergio Rojas y Eduardo Nakayama.