El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y miembro Consejo de Administración de Itaipú, Javier Giménez, no descarta que el Gobierno exponga a la ciudadanía el informe confidencial proporcionado por Brasil sobre el esquema de hackeo contra autoridades paraguayas en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la entidad binacional.
“Es un capítulo que se va cerrando para dar vuelta esta página triste y para ponernos en agenda positiva. La transparencia es muy importante y que la ciudadanía conozca lo que pasó. Aún no se analizó el documento, será un arte analizar bien el informe y lo que se puede exponer a la opinión pública y contar se hará y lo que no, no porque detrás hay una relación bilateral importante y temas en agenda que hay que cuidar”, manifestó en una entrevista con la 1020 AM.
La entrega del informe confidencial por pare del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva fue realizada el pasado lunes a la cancillería paraguaya por el ministro de Relaciones Exteriores del vecino país, Mauro Vieira.
El ministro brasileño informó en un encuentro bilateral a su par paraguayo Rubén Ramírez Lezcano que el gobierno de Lula dejó sin efecto la operación tan pronto como tuvo conocimiento de ella. Al lamentar el impacto de ese episodio en la relación bilateral, aseguró que el Gobierno brasileño está tomando todas las medidas para permitir la identificación de los involucrados y su responsabilidad judicial.
Tras concretarse la entrega del documento tanto Paraguay y Brasil acordaron retomar en la primera quincena de diciembre de este año la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú en donde se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.
Antecedentes
De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue ejecutada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). El espionaje fue autorizado por el gobierno del exmandatario Jair Bolsonaro en junio del año 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, había referido el gobierno de Lula mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.
Al tomar estado público esta situación, el gobierno de Santiago Peña se vio obligado el pasado 2 de abril a suspender temporalmente la revisión del Anexo C como una medida para obtener informaciones oficiales sobre el espionaje. Este hecho fue calificado por las autoridades paraguayas como una grave violación del derecho internacional.