Este 25 de octubre se cumplen tres años de uno de los episodios más inéditos e irregulares dentro del sistema penitenciario paraguayo. Aquel día, el féretro de Osvaldo Villalba, uno de los principales cabecillas del grupo armado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), abatido durante un enfrentamiento con las Fuerzas de Tarea Conjunta, fue forzado a introducirse al penal de mujeres Buen Pastor, junto a su hermana Carmen Villalba.

Sin embargo, el hecho distó de ser una simple anécdota sobre una mala decisión de las autoridades de turno del anterior gobierno. La Unidad de Investigación de Nación Media había difundido en ese entonces una serie de audios en los que se evidenciaba que altos funcionarios pertenecientes al sistema de Justicia del gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, utilizaron dinero público para realizar el trámite del alquiler de la carroza fúnebre y todo el servicio funerario.

Este hecho generó una fuerte repercusión política, mediática y social sobre el manejo del caso por parte del Ejecutivo, teniendo en cuenta que reflejó una falta grave de criterio y autoridad del gobierno anterior, que permitió el avance de un acto incompatible, sobre todo, con la dignidad de las víctimas y con el principio de separación entre el Estado y grupos armados ilegales.

Le puede interesar: Déficit vial en CDE: Prieto dejó apenas 40 km de obras reales, señala concejal

Justamente, el clamor de las tres familias, pero también de todo el pueblo paraguayo, es que hasta hoy en día se espera información veraz y concreta respecto al paradero de Edelio Morínigo, Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República Óscar Denis, quienes fueron secuestrados por este grupo criminal EPP y a la fecha no han colaborado con información sobre sus destinos.

Por ello, fue comprensible la indignación que generó ver cómo el criminal abatido no solo pudo contar con un féretro y servicio funerario brindados por el gobierno anterior, lo cual fue confirmado por el equipo de investigación de esta redacción luego de ponerse en contacto con la empresa funeraria San Blas, que refirió que el pedido del servicio había sido solicitado por Marian Vázquez, entonces directora de la penitenciaría del Buen Pastor.

Desde la Unidad de Investigación de LN se había señalado que la gestión realizada desde la cárcel de mujeres demostró que el gobierno del mandatario se mantuvo arrodillado ante las exigencias de Carmen Villalba, quien en un principio había solicitado salir del penal para dirigirse hasta el Cementerio de la Recoleta, lugar donde debían ser inhumados los restos de sus hermanos.

Pero debido a su perfil de alto peligro fue negado. Ante esta negativa, Villalba exigió que el féretro pudiera ingresar al Buen Pastor, por espacio de 5 minutos, como finalmente sucedió, ante una mala administración de la situación que ya para entonces había puesto en vilo a toda la ciudad.

Cabe mencionar que este grupo criminal EPP, también había causado la muerte de varios otros compatriotas y colonos extranjeros, como el ganadero Luis Alberto Lindstron, el menonita Abraham Fehr; el joven Arlan Fick. Así como Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, que justamente es una de las causas por lo que fue condena Carmen Villalba.

En tanto que Osvaldo Villalba había sido abatido días antes durante un enfrentamiento armado con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ocurrido el 23 de octubre de 2022, en la zona de Cerro Guazú, distrito de Yby Yaú, departamento de Concepción. Junto a Villalba también fallecieron otras dos integrantes del grupo armado, identificadas como Liliana Villalba y Magna Meza, durante un operativo de rastreo e inteligencia llevado adelante por la FTC.

El actual ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, recordó que fue un hecho bastante particular, sobre todo por los perfiles de alta peligrosidad que estaban involucrados. Mencionó que estos grupos criminales ejercían mucha presión a la administración de los distintos centros penitenciarios, donde presentaban ciertas exigencias y amenazaban justamente con amotinamientos, levantamiento de los reclusos que se aliaban con ellos.

Al respecto, destacó que afortunadamente con el gobierno actual se han cambiado las políticas de la administración penitenciarias que demuestran un gran contraste con administraciones anteriores.

“Vemos un gran contraste con lo que tenemos hoy en día con esta administración del Gobierno nacional. Ninguna de las tareas del Ministerio de Justicia puede ser posible si no hay un apoyo irrestricto de parte del Poder Ejecutivo y de todas las fuerzas de seguridad, de todas las instituciones que hacen a la administración del sistema penitenciario”, remarcó Nicora.

En ese sentido, destacó el apoyo de la Policía Nacional, la Fuerza Armada de la Nación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Senabico, en el caso de la habilitación de la Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones (UTRA) en el Centro Educativo de la ciudad de Itauguá, departamento Central.

“Lo que quiero decir con esto, en contraste a lo que en aquel momento ocurrió, es que el Gobierno Nacional del Presidente Santiago Peña realmente entendió que si no hay apoyo de las fuerzas de seguridad a través del Consejo de Defensa Nacional y no hay una sola cabeza visible, sino que hablamos de un conjunto de ministros que tomamos decisiones en conjunto, esto nos protege y no se toma una sola cabeza responsable de estos operativos o responsable de evitar mayores incidentes en el sistema penitenciario. Sería muy difícil avanzar en todos estos operativos que no tienen precedentes dentro del sistema penitenciario”, acotó.

Nicora reflexionó que, mediante esta demostración de presencia y fuerza del Estado para llevar adelante los operativos en los distintos centros penitenciarios, se ha permitido evitar que la población penitenciaria quiera rebelarse o establecer demandas o extorsiones.

“Porque lo que se vio en aquel entonces con el féretro de Osvaldo Villalba fue una fuerte presión de la población de las mujeres privadas de libertad en aquel entonces en el Buen Pastor para que se cumpliera esa demanda. Hubo mucha presión y finalmente ocurrió todo lo que fue de público conocimiento”, acotó.

Por último, el ministro de Justicia comentó que los actuales miembros del EPP, que están recluidos en el sistema penitenciario, mantienen un régimen cerrado especial o régimen de máxima seguridad. Se les mantiene con una comunicación restringida, donde están prácticamente 22 horas dentro de su celda individual de una sola persona, sin ninguna posibilidad de acceder a ningún tipo de energía eléctrica, conectar ningún cargador para dispositivo eléctrico.

“Las visitas familiares son monitoreadas, se permite la visita de un familiar cada 15 días. Sí, está garantizado el derecho a la legítima defensa por parte de los abogados defensores, pero también con el cumplimiento de una serie de requisitos formales para evitar que cualquier abogado que no esté legitimado en la defensa, visite a estos miembros de esta organización criminal”, concluyó..

Siga informado con: Fiscalía debe indagar el financiamiento chavista: “Es una cuestión de defensa institucional”