El senador Carlos Núñez que está a favor de la intervención de una administración municipal o de gobernaciones, esto para dar una respuesta a la ciudadanía sobre cualquier tipo de sospecha de irregularidades en la gestión. En este sentido, el parlamentario aclaró que una intervención solo puede ser tratada por la Cámara Baja, sin embargo, indicó que está a favor de las intervenciones.
Núñez cuestionó la férrea postura del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto que se niega a que se realice una intervención de su administración, a pesar de que la Cámara de Diputados ya inició las investigaciones en base al informe de la Contraloría General de la República (CGR).
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“Como administrador, por qué voy a tener que negar que se intervenga, que se verifique, que se supervise mi administración si no tengo miedo. En este caso, de Ciudad del Este específicamente, quiero saber por qué tanto barullo de parte del intendente Miguel Prieto, que no quiere que se revise su administración. Quiere decir que hay algo grave, gravísimo”, criticó el senador.
Por otra parte, negó que exista una persecución política en contra de Prieto y el objetivo con esta intervención es la de aclarar todas denuncias realizadas, en este caso el intendente de CDE ya cuenta con más de 40 denuncias en su contra por diferentes hechos que se atribuyen a una mala gestión.
“No hay persecución política acá, si él no tiene miedo, si no cometió algo raro, si no malversó, si no robó, sino malutilizó el dinero del pueblo paraguayo, ¿por qué va hacer tanto barullo para que no se intervenga su municipio?. Por qué le vamos a esconder al pueblo paraguayo en qué se están invirtiendo su dinero, se tiene que invertir en algo bueno, a favor de la comunidad, no a favor del bolsillo de nadie”, sentenció.
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Hasta los aliados de Prieto reconocieron negociados en la Municipalidad de CDE
Si hay casos de corrupción plenamente identificados son los atribuidos al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. Además del riguroso trabajo del Ministerio Público que llegó a las pruebas de los desfalcos en los varios casos denunciados, los mismos participantes, operarios del esquema, reconocieron que se prestaron al despojo de las arcas municipales.
Las evidencias son contundentes, los documentos hablan por sí solos y los mismos involucrados admitieron que los hechos de lesión de confianza, asociación criminal, administración en provecho propio atribuidos por la Fiscalía a Prieto y sus amigos son ciertos.
No solamente los leales utilizados cumpliendo órdenes del exjefe comunal se arrepintieron. Hasta los proveedores a los que Prieto privilegió con mucho favoritismo confirmaron que el dinero de la municipalidad se repartió discrecionalmente entre amigos y generaron millonarios perjuicios.
Funcionarios al servicio de la administración Prieto de áreas clave del circuito de desembolsos, como exjefes de compras, extesorero, exdirectivos del Consejo de Salud y hasta proveedores beneficiados con multimillonarios contratos dijeron que las licitaciones y las contrataciones por emergencias ejecutadas fueron una farsa.
Por ello vale remarcar, ante la selectividad reinante y la protección descarada a Miguel prieto que los hechos de corrupción que se le atribuyen están plenamente comprobados y a quienes hacen la vista gorda solo les queda el gastado discurso de la persecución política.
Este lunes 31 de agosto se le espera en el banquillo de los acusados a Prieto y a quienes colaboraron con su perverso esquema de desvío de fondos aprovechando los duros momentos de la pandemia por el Covid-19, con el sonado caso de la Tía Chela.
El juicio oral y público es uno de los mejores escenarios para disipar cualquier duda y que este pueda demoler los argumentos de la Fiscalía que lo tienen al borde de una condena que, todos esperamos sea ejemplar.
Otros tres procesos más con indiscutibles elementos mantienen a Prieto bajo la lupa de la Justicia.
El enorme negociado con la Tía Chela, una compra simulada de 25.000 kits de alimentos que dejó un perjuicio de G. 2.130 millones por los víveres no entregados, la compra simulada de 50 kilos de harina al extinto don Buena Ventura Morínigo a quien le hicieron improvisar una firma de maletín al solo efecto de facturar, sin rastros de la provisión de los insumos, las ollas populares marketineras articuladas por dos familias de leales del exintendente que prestaron facturas para intentar justificar la distribución de comida, el pabellón de contingencia que, detrás de las superobras difundidas esconde un perjuicio de G. 750 millones por la no realización de los trabajos adjudicados son apenas 4 de las causas avanzadas de un rosario de irregularidades denunciadas.
Estas investigaciones con datos categóricos del gran negociado de la era Prieto lo dejan a cara descubierta en sus manejos como administrador municipal y dejan imposibilitados a sus aliados de presentarlo como un perseguido político.
En sus inicios intentaron instalar el discurso de la persecución, pero ante las evidencias que luego incluso fueron confirmadas por miembros del esquema de desfalco demolieron el relato.
La Justicia está haciendo un buen trabajo, riguroso y sin contaminación política ni de ningún tipo. Nadie debe estar exento de rendir cuentas, menos aquellos administradores del dinero público y Prieto es uno de ellos, pese a que ya estiró 6 años sus causas con la miserable herramienta de la chicana.
Llegó el momento de que Prieto y sus cómplices expliquen de sus actos ante la Justicia y la opinión pública. Así como los políticos que hoy cumplen una pena por actos de corrupción la misma vara, con la misma fuerza debe caer sobre las espaldas de Prieto y de todos aquellos que osan manotear el dinero público.
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Fiscal evalúa pedir juicio a Prieto tras admisión de siete imputados
La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, ayer viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La séptima procesada, de once procesados en esta causa, admitió los hechos y posteriormente solicita una suspensión condicional del procedimiento. Se trata de Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, quien no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal, de acuerdo a la Fiscalía.
Corbeta señaló que esta admisión de los hechos fortalece la investigación “porque de alguna forma están brindando información que es importante para las diferentes aristas de la investigación porque si bien, la línea central se centra en un perjuicio patrimonial, hay diversas situaciones que acontecen en este periodo previo y durante también en el periodo que se dieron la construcciones y refacciones del hospital que se van confirmando con la admisión de los hechos”.
El fiscal explicó que la fecha tope para la presentación de requerimiento conclusivo es el próximo 9 de setiembre, establecido por el juzgado especializado en Delitos Económicos. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos si tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, refirió el fiscal Corbeta.
En el marco de la presentación de requerimiento, la Fiscalía se expedirá referente a la situación procesal de tres personas que quedan, que son Miguel Prieto, Valeria Romero y Sebastián Martínez. También está imputado en esta causa, pero no está procesado, el diputado Walter García, que hasta la fecha no fue desaforado, aclaró el agente fiscal.
“Él (diputado) hasta la fecha no fue desaforado, con relación a él no podemos emitir ninguna conclusión. Son once imputados, de los cuales uno tenemos un obstáculo que es los fueros que posee el diputado, de los cuales siete personas ya admitieron los hechos y se solicitó una suspensión condicional a favor de los mismos”, apuntó.
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Podrían abrir otro proceso a Prieto
La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía.
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Comitiva parlamentaria verificó situación de un loteamiento en Juan E. O´Leary
Una comitiva legislativa liderada por el senador Derlis Maidana se trasladó hasta el distrito de Juan E. O´Leary, departamento de Alto Paraná, para verificar la situación de pobladores de un loteamiento.
La visita se realizó considerando que en la Comisión de Legislación presidida por Maidana obra un proyecto de ley que plantea la derogación de la Ley Nº 6852 “Que modifica y amplía el artículo 2º de la Ley Nº 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a los campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary2.
Durante la jornada, el parlamentario mantuvo encuentros con habitantes y autoridades locales.
Según los proyectistas, se busca evitar que la indemnización sea calculada conforme al valor actual de mercado, debido a que esto podría afectar a los aproximadamente 300 ocupantes que ya pagaron sus lotes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La exposición de motivos señala, además, que diez ocupantes ya cuentan con sus títulos de propiedad y que los adjudicatarios realizaron sus pagos conforme al precio de G. 700.000 por hectárea, establecido mediante la Resolución Nº 207/99 del Indert.
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Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
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