La fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada contra el crimen organizado, dio detalles sobre la imputación de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes. La fiscal indicó que el hombre ya está imputado por el Ministerio Público por hechos punibles de lavado de activos procedentes del tráfico internacional de drogas.
“Ayer, el equipo de trabajo de esta causa, Pavo Real II, comunicó al Juzgado el conocimiento y la atribución de nuevos hechos relacionados con Alexandre Rodrigues Gomes, específicamente en lo que respecta al tráfico de drogas”, explicó en entrevista a la 780 AM.
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La agente fiscal indicó que Rodrigues Gomes estaría formando parte de una organización criminal de carácter transnacional. “Esa organización está conformada por paraguayos, brasileños y bolivianos, en principio y habría abarcado todas las etapas del tráfico de sustancias ilícitas”, indicó.
Agregó que se puso en conocimiento del Juzgado Penal de Crimen Organizado, con la finalidad de que, por intermedio del Juzgado, sean puestos en conocimiento del procesado, “de manera que pueda ejercer correctamente su derecho a la defensa”.
Mensajes cifrados
Detalló que el Ministerio Público tuvo algunos datos extraídos de una plataforma de mensajería cifrada, que se conoce como Sky ECC. “En marzo del 2021, esta plataforma fue descifrada dentro de lo que son los organismos policiales de Francia, como también de Bélgica. A partir de ahí se obtuvo una gran información de que por las características que tenía esta plataforma era utilizada mayormente por organizaciones criminales”, apuntó.
Con base en la identificación o en los pines que eran utilizados y en los países que estaban comprometidos con las organizaciones criminales, esos datos se fueron compartiendo. “Es así que hoy nuestra intervención, dentro de esta atribución, se funda en haber recepcionado esos datos por nuestra unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, que a su vez los recepciona a partir de una operación interagencial”, sentenció.
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Admiten imputación contra Vicente Bataglia y fijan audiencia de medidas para el 20 de agosto
El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia admitió la imputación y procesó penalmente al extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Mario Bataglia, quien se puso a disposición de la Justicia mediante su abogado. Esto ocurre en el marco de la causa en la que fue imputado por supuesta lesión de confianza y un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, relacionado con la provisión de quirófanos modulares para el Hospital Central.
Asimismo, el magistrado fijó para el próximo 20 de agosto a las 09:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si ordena la prisión de Bataglia o si se le beneficia con medidas alternativas. Bataglia, quien se encontraba fuera del país, compareció primeramente ante el fiscal Julio Ortiz, se abstuvo de declarar y logró que se levantara la orden de detención en su contra.
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La defensa sostiene que no existe hecho punible atribuible a Bataglia. Su abogado también consideró relevante que la Fiscalía haya desestimado la denuncia contra el representante de la empresa que habría sido beneficiada con las adendas contractuales cuestionadas.
Según la imputación, Bataglia, como presidente del IPS y firmante de las adendas N.° 3 y 4, habría otorgado junto con otros funcionarios condiciones favorables a Neighpart S.A., permitiendo pagos por aproximadamente G. 61.000 millones y ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial a la previsional.
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Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.
Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.
Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
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“No tenemos el metrobús”
“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.
Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.
Refuta argumento de la prescripción
Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.
Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.
Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.
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Niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela: ¿qué dice la ley sobre los límites de la disciplina?
Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.
Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.
La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.
¿Hasta dónde puede llegar la disciplina?
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?
En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.
La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.
Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.
No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.
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El caso queda bajo investigación
La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.
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Jubilados del IPS solicitan la recuperación de bienes y fondos desviados
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) celebró la imputación de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros siete funcionarios de la previsional.
Durante una conferencia de prensa realizada, el vicepresidente de la UNJP, Lic. Elvio Brun Ayala, pidió que esta imputación de las autoridades llegue hasta el final, y las mismas sean condenadas y que devuelvan hasta el último guaraní que han robado.
“Como jubilados nos sentimos orgullosos, somos protagonistas principales, porque fuimos los primeros en hacer la denuncia. Hace cinco años venimos denunciando. No solo dinero se han robado del IPS, sino se robaron la tranquilidad de la familia por falta de medicamentos. Por eso pedimos que esta imputación llegue hasta el final y que los responsables devuelvan lo robado”, sostuvo.
Brun señaló estar conforme juntos con los demás jubilados por una parte, porque el actual presidente de la entidad previsional apoyó la denuncia del sector.
El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas. Brítez obtuvo libertad ambulatoria, mientras continúa el proceso. El ex presidente del IPS accedió a la fianza de G. 1.000 millones.
Los otro cuatro funcionarios accedieron también a la libertad ambulatoria. Ellos son: la exasesora jurídica Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Coronel; el exgerente de Abastecimiento, Hugo Aranda; y el exdirector de Contrataciones, Juan Manuel Villar.
Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.
Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.
El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.
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