El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.

El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.

La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.

Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.

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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.

Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.

La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.

Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.

También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.

Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.

Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.

La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.

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En el marco de las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas, comenzó la revisión técnica de hardware y software de las máquinas de votación a solicitud del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el proceso culminará mañana martes 26 de mayo.

Al respecto, en conversación con La Nación/Nación Media, el presidente del TEP, Santiago Brizuela confirmó que en la jornada de verificación estuvieron presentes los apoderados y representantes técnicos tanto de Honor Colorado como de los movimientos disidentes del Partido Colorado.

Destacó que todos los sectores, así como desde el TEP han quedado “sumamente satisfechos”, con el desarrollo de la primera jornada de verificación porque se hicieron “muchas preguntas”, pero todas fueron respondidas al 100 %.

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Indicó que la verificación arrancó a las 9:30 y se enfocó exclusivamente en el hardware, es decir la parte física de las máquinas de votación.

Señaló que para aventar cualquier fantasma de fraude, los técnicos de la empresa proveedora, y de la Justicia Electoral, literalmente desarmaron la máquina de votación ante todos los movimientos y explicaron componente por componente, las antenas, los sistemas físicos de seguridad y el lenguaje informático básico.

“Se desarmó la máquina de votación y se fue explicando qué función cumple parte por parte sus componentes, los mecanismos de seguridad. Como miembros del tribunal presentes, estamos sumamente satisfechos. Los representantes técnicos de los movimientos hicieron muchas preguntas que fueron 100 % respondidas y de manera satisfactoria, es decir, todos quedaron muy conformes, al menos es lo que presentaron. No hubo ningún tipo de observación asentada en ninguna acta", expresó.

Superado este primer día, donde se verificó toda la máquina, sus componentes y funcionamiento. Se espera para este martes 26 de mayo, una segunda jornada donde se dedicará a evaluar la parte intangible: el software, informó.

Brizuela explicó que se verificará a fondo el lenguaje de programación, explicando cómo la pantalla traduce el toque del dedo en el voto real, los mecanismos de encendido/apagado y cómo se activan y desactivan los dispositivos USB (los pendrives de las mesas).

Indicó que esperan que todos los apoderados y representantes técnicos de los movimientos internos participen y despejen toda las dudas que se tenga.

Señaló que el objetivo político de esta segunda jornada es “apagar las voces que pretenden instalar algún tipo de duda sobre el sistema de votación” para que el Partico Colorado llegue al 7 de junio con total tranquilidad.

“Entendemos por el ambiente de hoy y la tranquilidad con que se desarrolló todo hoy, creemos que no habrá mayores inconvenientes, y bueno, cerramos la jornada de mañana, sacamos cualquier tipo de dudas sobre todo apagamos las voces que expresan o que pretenden instalar algún tipo de duda sobre el sistema de votación, y ya nos vamos a la interna del 7 de junio con tranquilidad y transparencia”, concluyó.

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Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, indicó que la revisión técnica de las máquinas de votación a realizarse la proxima semana es solo para los apoderados del Partido Colorado, ya que hasta el momento ha sido la única nucleación política que ha peticionado.

En conversación con el programa “Tarde de Perros” que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, explicó que la Justicia Electoral solo puede acceder a peticiones presentadas por los partidos políticos o en su efecto por sus respectivos tribunales electorales, ya que son los que conocen a los miembos de los movimientos internos.

Esta aclaratoria la dio, ya que en la fecha, el apoderado del PLRA, Diego Garcete, presentó un reclamo ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y en este caso, Ruiz Díaz señaló que no corresponde ya que es un movimiento el que peticiona y no el partido.

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Mencionó que la Justicia Electoral ha firmado acuerdos de cooperación con la organizaciones políticas y con los Tribunales Electorales de las organizaciones políticas, lo que significa que la relación como institución es con estas dos instancias, con el partido y con el órgano electoral correspondiente.

“Esperamos justamente que quien nos remita la nota sea la organización política o en el mejor de los casos, el Tribunal Electoral de la organización política, porque son ellos quienes le conocen a sus movimientos internos. No podemos comenzar a autorizar movimiento por movimiento. Entonces estamos centralizando que la organización política o su órgano electoral nos solicite y nosotros buscaremos ese espacio para poder hacer o para poder incluirse dentro de la verificación técnica”, explicó.

Asimismo, volvió a recalcar que la respuesta que dio el TSJE a la ANR, no es para llevar adelante una auditoría como tal a las máquinas de votación, ya que la misma, conforme al cronograma ya se ha realizado durante todo el mes de enero pasado con la presencia de más de 40 técnicos que representaban a más de 40 organizaciones políticas.

Por tanto, señaló que atendiendo el rigor técnico, la metodología y al tiempo que lleva hacer una auditoría real, no se puede realizar en un espacio de dos días, porque entonces ahí sí se estará mintiendo. Entonces, señaló que los ministros del TSJE decidieron que esto sea una revisión técnica, que se le comunicó al Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR.

“El lunes 25 y martes 26 de mayo a las 9:00, lo que haremos será una revisión técnica de las máquinas donde vamos a tratar de meter todo lo que se pueda de información sobre el hardware, sobre el software, todo lo que hicimos en un mes, hacerlo en dos días. Es con el ánimo de transparentar un poco el proceso y tratar también de que estos técnicos puedan hacer las consultas, allanar esas dudas que tienen por el momento”, acotó.

Finalmente enfatizó que el cronograma electoral; es decir, las fechas de las elecciones, tanto internas previstas para el domingo 7 de junio, ni hablar del 4 de octubre donde se hacen las Elecciones Generales Municipales, no se modifica. “Esos son plazos electorales establecidos por ley, por lo tanto, no podemos modificar”, remarcó.

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Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.

La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.

Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.

Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.

El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.

Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.

La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.

Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.