Al menos 20 personas murieron ayer viernes en el accidente de un avión militar en Bolivia que transportaba dinero en efectivo y se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cercano a La Paz, informaron las autoridades.

Partes del fuselaje destruido de la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana yacían en una calle contigua a la terminar aérea, rodeadas de autos que también sufrieron serios daños, según imágenes del lugar captadas por la AFP.

“Son alrededor de 20 (fallecidos), tal vez algo más”, aseguró desde el lugar el director de la División de Homicidios de la Policía, coronel René Tambo, al dar un balance actualizado a los periodistas.

Reportes oficiales iniciales habían situado la cifra de muertos en 15.

El jefe policial relató que su personal aún se encuentra realizando tareas de búsqueda de cadáveres y que podrían continuar hasta la mañana del sábado.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos varias horas después del suceso. “Es un día de mucho dolor”, afirmó en la red social X.

El avión militar provenía de la ciudad de Santa Cruz, en el este del país, y tenía como misión abastecer de papel moneda a La Paz, la capital administrativa.

Transeúntes se precipitaron para recoger los billetes que quedaron regados por los suelos y que eran propiedad del Banco Central de Bolivia, aunque según las autoridades carecen de valor.

Un grupo incluso intentó con insistencia llegar a los cargamentos que se encontraban dentro del avión, pero no lo consiguieron, constataron reporteros de la AFP.

Policías y militares armaron un anillo de seguridad y los repelieron con gases lacrimógenos.

Las cajas que quedaban con el dinero ardieron durante la noche en una enorme hoguera improvisada, que se inició en el lugar por disposición de las autoridades.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que “el dinero transportado en la aeronave accidentada no tiene numeración ni serie oficial, por lo tanto carece de valor legal y adquisitivo” y que “su recolección, posesión o uso constituye delito”.

La institución señaló que las causas del accidente aún se desconocen y anunció que conformó una junta investigadora para determinarlas.

En el momento del accidente caía “una granizada fuerte” y “había rayos”, dijo a la AFP Cristina Choque, vendedora de 60 años, cuyo auto fue impactado por los restos de la aeronave.

“La llanta es lo que ha caído encima de nosotros (...), mi hija está afectada, tiene una herida en la cabeza”, relató.

La mujer y su familia permanecieron dentro del vehículo accidentado por temor a ser saqueados por la muchedumbre.

La Fiscalía de La Paz recibió denuncias de saqueos de comercios por parte de delincuentes que aprovecharon el tumulto en las calles.

“Se ha aprehendido a 12 personas” para investigarlas, dijo a la prensa el fiscal Luis Carlos Torres. Las operaciones del aeropuerto internacional de El Alto, el segundo más importante de Bolivia, quedaron suspendidas. Los hospitales de la ciudad lanzaron una campaña de donación de sangre para atender a los heridos.

Fuente: AFP.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, se refirió al secuestro de Almir Brum, secuestrado el pasado sábado 21 de febrero presumiblemente por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en la localidad de Curuguaty. El ministro sostuvo que el principal objetivo del Gobierno es devolver a Almir a su familia.

“Hemos estado ayer en el terreno con el comandante de las Fuerzas Militares para cerciorarnos que todos los elementos de combate, todos los elementos logísticos y de personal estén puestos a disposición de la búsqueda de este ciudadano que ha sido secuestrado por un grupo terrorista, presumimos, todavía tenemos duda sobre eso”, refirió durante la conferencia de prensa del Consejo Nacional de Defensa (Codena).

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González aseguró también que “las actividades de Inteligencia, de reconocimiento en el terreno fueron incrementadas y van a seguir siendo incrementadas porque el objetivo principal del Gobierno es devolver a este ciudadano sano y salvo al seno de su familia”.

Mientras tanto, reveló que el propio presidente de la República, Santiago Peña, se comunicó con la familia para asegurar que desde el Gobierno se están realizando todos los trabajos y esfuerzos para dar un final positivo a la familia y la sociedad.

“Estuvimos conversando con los familiares ayer, le dimos la contención necesaria, le llevamos un mensaje del señor presidente de la República, es más, el propio presidente de la República habló telefónicamente con los padres, con la esposa y con los hermanos de la víctima. Todo el gobierno de Paraguay está concentrado en esa parte del territorio paraguayo para que este caso de secuestro tenga definitivamente un resultado positivo”, sentenció.

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• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

Los legisladores Alejandro Aguilera y Derlis Maidana se refirieron sobre el caso judicial que salpica al exministro abdista de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, quien fue imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco del fallido proyecto vial Metrobús.

“No podemos desnaturalizar a las instituciones afirmando automáticamente una persecución política cada vez que existe una investigación fiscal. Las causas judiciales deben analizarse en el ámbito técnico y jurídico, no en el político“, dijo Aguilera en una entrevista con La Nación/Nación Media.

Wiens, buscando el ropaje ciudadano, refirió que la justicia se encuentra al servicio del poder, ya que supuestamente el oficialismo colorado pretende “ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas”, olvidando que en las internas coloradas del 2022 terminó siendo derrotado ampliamente por el actual presidente de la República, Santiago Peña, del movimiento Honor Colorado.

“El caso del proyecto Metrobús fue una obra de enorme impacto para el área metropolitana y generó muchas esperanzas, la suspensión de las obras generó perjuicios muy serios a la ciudadanía, por lo que la sociedad paraguaya merece conocer la verdad y que exista claridad sobre lo ocurrido“, comentó Aguilera.

El diputado también fue consultado sobre el intento de Wiens en buscar impunidad mediante fiscales a su medida. El dirigente abdista, mediante sus abogados Enrique Kronawetter y Federico Hutteman, terminó recusando a los agentes del caso, Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti.

“Es importante ser muy responsables y respetar la institucionalidad. Estamos ante un proceso judicial en curso, y en un Estado de Derecho corresponde que sean la Fiscalía y el Poder Judicial quienes determinen responsabilidades, con base en las pruebas y garantizando el derecho a la defensa. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de ejercer los recursos legales que considere pertinentes, como la recusación, y eso forma parte de las garantías procesales”, dijo Aguilera.

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“El discurso de persecución política y las estrategias de sus abogados de recusar a los fiscales, todo eso forma parte de las estrategias defensivas trazadas por el afectado y sus defensores, pero considero que tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial, deben seguir haciendo su trabajo para llegar a un buen esclarecimiento del hecho y ver si existen responsables de lo sucedido“, opinó el senador Maidana.

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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El expresidente boliviano Evo Morales reapareció ayer jueves en un acto político ante varios miles de sus seguidores y aseguró que nunca huyó de Bolivia, tras dudas sobre su paradero por varias semanas. Morales no participaba en eventos públicos ni en programas radiales desde el 8 de enero, día en el que un helicóptero sobrevoló la zona del Chapare con funcionarios de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA a bordo, en una operación de observación contra el narcotráfico, según el gobierno.

Ese incidente motivó que sus seguidores expresaran su temor ante una eventual captura y su posible extradición a Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico. Las alarmas también saltaron, porque días antes Nicolás Maduro fue detenido por militares estadounidenses en territorio venezolano. Durante su mandato (2006-2019), Morales acusó a la DEA de complotar contra su gobierno y la expulsó del país. La nueva administración boliviana, encabezada, por el centroderechista Rodrigo Paz, retomó relaciones con Estados Unidos y prometió un nuevo ciclo de cooperación antidrogas.

Respondiendo a los rumores sobre una posible huida al extranjero, Morales afirmó que no tenía intención de abandonar el país. “No me voy a ir, me quedaré con el pueblo para defender la patria”, declaró.

Apareció en la localidad de Chimoré, en un estadio con capacidad para 15.000 personas lleno, para apoyar a sus candidatos en las elecciones regionales del 22 de marzo.

Morales, de 66 años, explicó por qué se alejó de los focos públicos.

“Evidentemente tuve problemas de salud, esa enfermedad llamada chikunguña, gravísimo”, relató.

Con la ayuda de médicos se sobrepuso y señaló que “acá estamos con vida”.

Morales se encuentra en la región cocalera del Chapare desde octubre de 2024. Sobre él pesa una orden de detención desde 2024 por un caso de trata de una menor, acusación que él rechaza. Desde entonces es resguardado por sus partidarios. El jefe cocalero no tiene partido, aunque sus militantes buscaron alianzas con agrupaciones políticas, para participar de las elecciones regionales.

Fuente: AFP.