Los concejales Tomás González, Aldo Maciel y Emilio Espinoza piden celeridad a la Contraloría General de la República para emitir el dictamen sobre la verificación que se realizó al Centro de Salud de San Antonio, en el departamento Central, en el que, según manifestaron los ediles, aún está pendiente de finalización de las obras de adecuación, incumpliendo así con un convenio firmado con el Ministerio de Salud.

Según explicó el concejal González a La Nación/Nación Media, se presentó una denuncia ante la Contraloría el pasado 9 de julio adjuntando documentaciones respecto a las irregularidades cometidas por el intendente liberal, Santiago Aguilera, y como consecuencia, hubo una verificación in situ por parte del equipo del ente contralor, pero hasta la fecha, no hay un informe final sobre el trabajo realizado.

La administración del jefe comunal firmó un convenio en 2022 con el Ministerio de Salud mediante el cual se comprometía a ejecutar obras en el Centro de Salud, de modo que la cartera sanitaria pueda elevarlo a Hospital Materno Infantil y dotarlo del equipamiento y personal necesario.

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Sin embargo, las obras no han culminado y las refacciones realizadas son de mala calidad, según detalló el edil, quien recordó que para esta obra el municipio invirtió más de G. 2.500 millones, no obstante, existen irregularidades cometidas por la gestión de Aguilera que parten desde la adjudicación.

“Instamos a la Contraloría General República a corroborar las irregularidades en esta licitación, pues con una simple revisión in situ se observa la mala calidad y falta de cumplimiento del pliego y base de condiciones de dicha licitación”, expresó el concejal.

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De acuerdo a la denuncia presentada por los tres concejales, existe un sinfín de irregularidades en esta obra, por ejemplo, el aumento por más de G. 419 millones del costo de la obra posterior a su adjudicación, por lo que se sospecha que esta pudo haber sido una maniobra para direccionar la licitación a la empresa adjudicada fijando previamente una oferta más competitiva.

También se habla de retrasos en la entrega de una parte de la obra, la falta de exigencia a la firma para ejecutar la multa por su incumplimiento. En el documento se menciona que la obra no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que el centro de salud habría sido “objeto de un supuesto daño patrimonial o estafa”, advirtieron.

Las obras entregadas a la fecha fueron realizadas por una empresa distinta a la que firmó inicialmente el contrato, sostiene la denuncia, y alegan que la subcontratación no era una herramienta que podía aplicarse a este llamado.

“El Ministerio de Salud y la verificación in situ señalaron casos muy peligrosos con respecto a las faltas de pilares importantes para la seguridad de las obras”, sostiene la denuncia que fue remitida a Contraloría.

“Exigimos al intendente que en la brevedad posible cumpla con el convenio en cuanto a la transferencia del título de propiedad a nombre del Ministerio de Salud y la refacción de los 650 m2 del edificio viejo que falta, que justamente el secretario general de la intendencia había confirmado que aún falta esa parte de modo que posteriormente el ministerio pueda cumplir con su parte de equipar y elevar de categoría”, cerró diciendo el concejal.

González incluso recordó que la petición ya había sido rea­lizada por el titular de la pre­visional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la audi­toría guarda relación con el contrato de fideicomiso fir­mado entre el IPS y el banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millo­nes.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dilapidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusi­vamente para obras: termi­nación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hos­pital Hemato-Oncológico. Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejem­plo, el pago de salarios.

“Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Minis­terio Público. En la Contralo­ría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría”, dijo a la 1080 AM.

Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hos­pitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso.

Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe finan­ciero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos res­puestas”. Asimismo, Gonzá­lez comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubilados y las inversiones finan­cieras realizadas por la previ­sional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contra­lor Camilo Benítez la fisca­lización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, detalló que se solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que la auditoría integral de sus inversiones y obras abarque desde el 2013. El inicio del proceso de fiscalización se encuentra previsto para este 2025.

González incluso recordó que la petición ya había sido realizada por el titular de la previsional, Jorge Brítez, el año pasado. Agregó que entre los puntos centrales de la auditoría guarda relación con el contrato de fideicomiso firmado entre el IPS y el Banco Atlas del Grupo Zuccolillo, por valor de G. 828.000 millones.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018- 2023), las autoridades de la previsional se encargaron de dila­pidar la millonaria suma que debía utilizarse exclusivamente para obras: terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico.

Sin embargo, el dinero fue utilizado para otros fines que no figuran en el contrato fiduciario como por ejemplo, el pago de salarios. "Acá hay indicios importantes de posibles hechos punibles que hemos remitido tanto a la Contraloría como al Ministerio Público. En la Contraloría ya han emitido 3 informes para descargos con hallazgos significativos importantes, mayores a los encontrados por nuestra auditoría interna. Esto se encuentra pendiente de un informe final por parte de la Contraloría“, dijo a la 1080 AM.

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Sobre el caso, argumentó que “si bien, el fideicomiso era para la construcción de hospitales, también se hicieron obras de mantenimiento, que no eran objeto del fideicomiso. Hay una causa penal a cargo del fiscal Néstor Coronel. Así también, remitimos a la Contraloría el informe financiero a los efectos de que se expidan sobre ese hallazgo, aunque aún no tenemos respuestas”.

Asimismo, González comentó que la auditoría integral también se centrará en el manejo de la caja de jubila­dos y las inversiones finan­cieras realizadas por la pre­visional. Señaló que de acuerdo a lo conversado con el contralor, Camilo Benítez, la fiscalización integral demandará una auditoría financiera, patrimonial y ambiental.

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El interventor de Ciu­dad del Este, Ramón Ramírez, ratificó que las conclusiones del informe de la Contraloría General de la República, que derivaron la intervención municipal a la comuna esteña, tienen sus­tento absoluto, en declaracio­nes que formuló a Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que su equipo tra­baja en la verificación de las 12 causales expuestas y que emitirán un pronun­ciamiento sobre cada una de ellas, respaldado por los elementos recolecta­dos durante el proceso. Asi­mismo, Ramírez explicó que se van a agregar hechos nuevos a los causales que generaron la intervención. “Ya se están incorporando todos los demás elementos. Por ejemplo, este que dimos a conocer (sobre la caja para­lela). Eso es nuevo y lo rela­cionado a las transferencias para del Consejo de Salud”, recalcó el interventor.

Fue consultado además sobre si considera que en base a los trabajos realizados durante la intervención ameritaría que el informe final sea remi­tido al Ministerio Público, Ramírez fue contundente al señalar que se expusieron irregularidades notorias que ameritan que intervengan los órganos correspondientes, como la Fiscalía.

La intervención al municipio esteño comenzó el 22 de junio y debería concluir el próximo 21 de agosto, atendiendo a que el plazo es de 60 días corri­dos, no prorrogables. “Esta­mos dentro del cronograma y estamos comprometidos en cumplir el plazo”, agregó.

Finalmente, expuso que su equipo y él están abocados a acabar el informe que con­tendrá el documento que se elevará primero al Ministerio del Interior (del Poder Ejecu­tivo) y desde allí remitido al Poder Legislativo, específi­camente la Cámara de Dipu­tados que deberá definir si destituyen o no al intendente Miguel Prieto.

Si los legisladores de la Cámara Baja votan por la destitución, la Justicia Elec­toral deberá convocar a elec­ciones (internas y municipa­les) para elegir al sucesor del actual intendente.

“No existe un plan para persecución política como busca plantear el equipo de Miguel Prieto, lo que sí existe es un sistema delictivo, bien aceitado para saquear en familia y con amigos, parientes y hasta empresas fantasmas. Hemos visto cómo una pequeña empresa de minicarga recibía 400 millones de guaraníes del municipio con el mismo sistema del copetín de Tía Chela durante la pan­demia. Este caso no se trata de hacer un juicio de valor político, sino de determinar un juicio de valor jurídico sobre el daño patri­monial que se viene causando a la ciudadanía, en especial a la gente de Ciudad del Este”.

“Para algunos colegas, ha sido un vyrorei que Miguel Prieto robe 75 milloncitos cada 24 horas. Es demasiado poco lo robado, entonces hay que perdonarlo, hay que dejar de lado, porque había sido es un robo menor. Cuando se trata del chancho del propio chiquero, enton­ces no es ningún ladrón, ni corrupto, ni ‘popinda’, ‘solo desvía fondos, es malversación, upéa ichuchive’, expresó. Lamento que se busque usar términos más rebuscados, para que la gente no pueda entender que en el fondo son robos de recursos, ya que al final lo robado ha sido muy poco”.

“Lo que estamos viendo es un auténtico robo desca­rado, que hoy en un afán de querer montar una cor­tina de humo, trata de confundir a la ciudadanía en relación a la denuncia que él hizo (sobre nepotismo). Acá lo irónico es que el propio Prieto defendió públicamente llamando a su prima inco­rruptible, la última reserva moral de la familia. Si en dos días se desviaron G. 75.000 millones, quiero ver todo lo que habrá sido estos años”.

“Prieto es un ladrón en pandemia y fuera de la pan­demia. Es un caso que yo ya estuve denunciando desde hace cinco años, de que además de existir una caja paralela también existen hechos de nepotismo, que el propio Miguel Prieto reveló en una entrevista”.

“Prieto ocultó el robo de más de G. 800 millones de recursos municipales para proteger a sus secuaces. Si bien, realizó una escueta denuncia penal de urgencia ya a sabiendas que se venía negra la morci­lla de la intervención, ocultó el escandaloso robo a la ciudada­nía, que ocurría en sus narices y bajo la dirección de la impoluta y única capaz de luchar contra la corrupción, Meribeb Alonzo Vallejos (prima). La denuncia fue contra personas innomina­das, jamás nombró o acusó a los verdaderos y sabidos responsa­bles. Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo, hecho que admitió el apartado jefe comunal”.