Este viernes, 1 de agosto, asume la presidencia del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) Eduardo Barros Vasconsellos, en reemplazo de Eduardo González Martínez. El cambio se da en virtud de la rotación de los miembros del directorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley n.° 4956/2013.

El directorio está integrado por Eduardo Barros Vasconsellos, Eduardo González Martínez y Rolando Díaz Delgado, y en este caso, Barros quedará en la presidencia por el período de dos años a partir de la fecha.

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La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) es la autoridad de aplicación de la Ley 4956/13 de “Defensa de la competencia” y sus Decretos Reglamentarios 1490/2014 y n.° 3488/2020. Esta institución tiene la finalidad de promover y defender la libre competencia en los mercados, mediante mecanismos de promoción, abogacía, investigación y sanción, previstos en la ley.

Eduardo Barros, es administrador de empresas y contador público de profesión, además se desempeñó como profesor encargado de la cátedra Liderazgo y Dirección en la carrera Administración de Empresas de la Universidad Católica, como profesor del módulo de Liderazgo Empresarial en la maestría de Derecho Empresarial de la misma universidad.

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Los dos sobrinos de la senadora liberal, Noelia Cabrera presentaron renuncia a los cargos que estaban ocupando, tras ser apuntados como presuntos planilleros. Ambos estaban recibiendo salario del Poder Legislativo y supuestamente no cumplían funciones en la institución, sino en un estudio jurídico privado.

Se trata de Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, ambos funcionarios oficializaron esta tarde la presentación de su renuncia, esto, luego de que el presidente del Congreso, Basilio Núñez, confirmara que se abriría un sumario contra los dos. Los sobrinos de la legisladora liberal percibían juntos ascendían a más de G. 20 millones.

De acuerdo a publicaciones periodísticas, Iris e Iván fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de personas con Discapacidad de la Cámara Alta.

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No obstante, según trascendidos, ambos no se presentaban a sus puestos de trabajo y en su lugar acudían al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión, aparentemente, pareja de la legisladora. El salario que percibía Iván era de G. 13.500.000, mientras que Iris percibía G. 8.000.000, por lo que desde su contratación hasta la fecha, le habrían costado al Estado unos G. 494.500.000, sin contar aguinaldo u otras remuneraciones que pudieran haber percibido.

Cabe mencionar que la renuncia, aceptada por el titular del Congreso, no anula el desarrollo del sumario, por lo que no se descarta que pudiera derivarse en una causa para la Fiscalía si es que se hallase indicios de comisión de hechos punibles, derivados de este sumario, que se estima durará un máximo de 30 días. “No vamos a tolerar ningún hecho de planillerismo, provenga de donde provenga“, fueron las palabras de Núñez.

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La ministra secretaria ejecutiva de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Mariana Saldívar, se refirió sobre la propuesta del Poder Ejecutivo para que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) absorba al Viceministerio de Minas y Energía, que actualmente depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

“Se busca más eficiencia. Muchas veces, cuando las instituciones están muy atomizada no tienen la estructura necesaria para cumplir sus fines. La idea de integrarlas a un ministerio más grande es para darle más peso, estructura y fuerza, que puedan cumplir sus fines y, a la vez, que sean más eficientes para la toma de decisiones al no tener una infinidad de instituciones públicas”, dijo este lunes en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“El objetivo es un reordenamiento y dar un empuje en el desarrollo de la política energética desde el punto de vista de las industrias, buscando potenciarlas aprovechando nuestros recursos energéticos”, comentó. La medida forma parte del paquete de leyes económicas que presentará el gobierno del mandatario Santiago Peña mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Congreso Nacional.

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La funcionaria de Estado dijo que pese a la absorción del viceministerio de Minas y Energía, el gobierno del presidente Santiago Peña no perderá el norte de generar nuevas fuentes de energía. “El Gobierno está al tanto de que también se necesita diversificar la matriz energética, se está trabajando en esto. La realidad es que nuestro país está consumiendo más energía, hay más industrias y ya estamos planificando como se diversificará esa producción de energía en los distintos sectores", describió.

Agregó que el Ejecutivo planteará modificaciones de la ley 6977/2023 de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) con el objetivo de desarrollar el mercado de la energía eléctrica no hidráulica. “También está dentro del ala la producción de energía de fuentes alternativas, no solamente el aprovechamiento de nuestra producción actual”, puntualizó.

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El segundo proyecto de ley que figura en el paquete se centra en que el Ministerio de Relaciones Exteriores absorba a la Secretaría de Repatriados. Teniendo en cuenta el grado de inversión, que fortalece al sistema financiero, la tercera ley que se presentará consiste en una actualización de la Ley de valores de la Superintendencia de Valores, para modernizar todo el marco jurídico del funcionamiento de la bolsa de valores en Paraguay.

La cuarta iniciativa se trata de una nueva ley de energías renovables para dar mayor participación al sector privado. Mientras que el quinto y el sexto contemplan la modernización de las leyes 60/90 y de maquila, regímenes que han sido pilares del crecimiento económico nacional. En ambos casos, se busca adaptarlos a los nuevos tiempos y maximizar su impacto.

También se prevé que los bienes importados bajo la ley 60/90 puedan constituir fideicomisos como garantía para acceder a más financiamiento. Además, se incorporarán rubros ligados al turismo, potenciando la sinergia entre comercio e infraestructura turística. Respecto a la ley de maquila, se anunció una innovación clave: la incorporación de la maquila de servicios. En séptimo lugar se da pie a la creación de un nuevo régimen, el proyecto de ley de ensamblaje de productos electrónicos

La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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