Autoridades del Poder Ejecutivo explicaron los alcances del proyecto que plantea la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, que tendrá como fin supervisar todos los fondos y cajas jubilatorias, tanto del sector público como privado. La iniciativa actualmente se encuentra pendiente de tratamiento en el Senado y será tratada este martes en una sesión extraordinaria.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó que la propuesta nació “como consecuencia del artículo 95 de la Constitución Nacional, que dice explícitamente que las cajas de jubilaciones estarán supervisadas por el Estado, es una cuestión mandatoria y no de opción por parte de ningún Gobierno”.
Mientras que el procurador general de la República, Marco Aurelio González, fue el encargado de responder a la consulta de cómo se beneficiarán los jubilados con la ley de Superintendencia. “Los trabajadores y jubilados van a tener la seguridad de que sus fondos van a estar bien administrados en razón de que la Superintendencia va a exigir pautas razonables y prudenciales para la administración de esos fondos”, dijo.
Ante una de las principales dudas de que si el Estado puede tocar el dinero de los jubilados, Fernández Valdovinos mencionó que “categóricamente no. En el proyecto de ley está la imposibilidad de que el Instituto de Previsión Social (IPS) preste al Estado, a entes descentralizados o a las municipalidades. Esa es una mentira, los jubilados, los trabajadores pueden estar tranquilos de que el Estado no va a utilizar los fondos jubilatorios para financiar su déficit”.
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Por su parte, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, habló sobre el riesgo de no contar con una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. “Existen tres riesgos latentes en el caso de no tener una Superintendencia de Pensiones. Uno, que se pueda entrar en cesación de pago de los jubilados; dos, que en un futuro los que hoy aportan no reciban ninguna jubilación; tres, en el caso de que se hagan malas inversiones, esto podría acarrear fuertes pérdidas para las cajas previsionales. Si todo esto acontece, el Estado va a tener que asumir esos compromisos porque los derechos previsionales son impostergables”, comentó.
Aurelio González explicó cuál es la función de una Superintendencia, señalando que “es un órgano que controla y defiende los intereses de los trabajadores y de los jubilados porque precautela una buena administración de esos fondos”.
Mientras que el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, se encargó de responder la inquietud de que si la creación de la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones afectaría al seguro médico. “No, el seguro médico sigue igual en el proyecto de ley, ese aspecto no se toca”, refirió.
Fernández Valdovinos fue también consultado en torno a qué países tienen una Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones y si Paraguay sería el único. “Desafortunadamente, Paraguay va a ser uno de los últimos países en la región que va a tener esta Superintendencia y, ¿por qué otros países lo hicieron? Porque quisieron cuidar el dinero de los trabajadores y de los jubilados. Eso entendieron y han pasado una ley de Superintendencia de tal manera que con reglas claras esté a salvo el dinero de todos los trabajadores”, puntualizó.
Las explicaciones en torno a la iniciativa surgen teniendo en cuenta el posicionamiento de grupos sindicales, gremiales y políticos de la oposición que plantean el rechazo del documento que busca que los recursos sean administrados de forma segura, se garanticen la liquidez y rentabilidad, de modo de asegurar la estabilidad del sistema.
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