El magistrado tendrá que resolver varios incidentes pendientes y fijar la fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el acusado irá a juicio oral.

El Tribunal de Apela­ción Penal rechazó la chicana del impu­tado por lesión de confianza, Arnoldo Wiens, y confirmó al juez de Delitos Económi­cos, Humberto Otazú, para que siga llevando adelante el presente proceso penal.

El citado magistrado ten­drá que resolver varios inci­dentes pendientes y fijar la fecha para la realización de la audiencia preliminar, en la que se definirá si el acusado irá a juicio oral.

Wiens y su defensa alegaron una supuesta falta de impar­cialidad, cuestionando que el juzgado haya recibido el escrito de acusación mien­tras aún había inciden­tes pendientes de resolu­ción. En su momento, el juez Otazú aclaró que solo se tuvo por presentada la acusación para ponerla a disposición de las partes y que la audiencia preliminar se pospuso para resolver todas las cuestiones previas.

El Tribunal de Apelación fun­damentó que el pedido care­cía de sustento, no violaba garantías procesales y solo buscaba efectos dilatorios, por lo que resolvió ratificar la competencia del juez Otazú.

De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de apro­ximadamente 14.995 millo­nes de guaraníes.

Los agentes fiscales Natha­lia Silva, Yeimy Adle y Gio­vanni Grisetti sostienen que Wiens recibió en el 2018 un proyecto con el 40 % de avance por parte de la admi­nistración del exministro de Obras Públicas Ramón Jimé­nez Gaona.

A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, las decisiones de Wiens mantuvieron la para­lización, destruyeron infraes­tructura construida y desvia­ron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.

El pasado 13 de agosto, el dirigente abdista también impulsó la recusación del fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.

El exministro de Obras Públicas y candidato a mandatario por el adbismo, Arnoldo Wiens, recusó este martes al juez penal de Garantías de Deli­tos Económicos Humberto Otazú con la finalidad de paralizar su proceso penal en la causa metrobús.

La recusación fue impul­sada bajo patrocinio del abogado Sergio Coscia en donde menciona “una falta de imparcialidad e indepen­dencia” por parte del magis­trado. El pasado 13 de agosto, el dirigente abdista también impulsó la recusación del fis­cal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón. Wiens alega que su plantea­miento no responde simple­mente a que las decisiones del magistrado hayan sido des­favorables a su posición pro­cesal, sino a lo que considera una “secuencia objetiva de actuaciones procesales des­plegadas por el magistrado, las cuales, consideradas en su conjunto, generan en mi per­sona una duda razonable res­pecto de la necesaria impar­cialidad y distancia que debe mantener el órgano jurisdic­cional frente a las posiciones de las partes”, indicó. Ante esta nueva chicana, el Tri­bunal de Apelación deberá definir si Otazú continúa o no al frente de la causa, en la cual debe llevarse adelante la audiencia preliminar para definir si el caso se remite o no a juicio oral y público.

De acuerdo con el Ministe­rio Público, el daño patrimo­nial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

Los agentes fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas Ramón Jimenez Gaona.

A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegu­rado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fue­ron adquiridos.

El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens Durksen, acusado por lesión de confianza, sigue recurriendo a chicanas para paralizar su proceso penal. En esta ocasión, recusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El escrito fue presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que destrabar el caso. La defensa sostiene que Rolón habría vulnerado los principios de objetividad y legalidad al intervenir administrativamente en el trámite de la causa.

El cuestionamiento se centra principalmente en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el 11 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal general dispuso que los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle continuaran interviniendo en el proceso, contestaran una excepción de falta de acción y prescripción, y presentaran el requerimiento conclusivo.

Días atrás, el Ministerio Público presentó una acusación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios técnicos contra el exministro, en el marco del caso Metrobús, solicitando que el proceso penal se eleve a juicio oral y público.

Te puede interesar: CDE: estudiante sacó un arma de fuego y apuntó a su compañero en institución educativa

De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utilizados en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspondientes a la construcción de seis estaciones que posteriormente fueron destruidas.

Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos. La acusación señala que el perjuicio no consistió únicamente en que el sistema BTR (Bus Rapid Transit) no haya entrado en funcionamiento, sino en que las obras y bienes pagados con recursos públicos fueron inutilizados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.

La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para destruir infraestructura estatal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible. Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras, cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconducción terminara convertido en infraestructura inutilizada, generando un perjuicio directo al patrimonio público. Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicita que Wiens sea sometido a juicio oral y público.

Podes leer: Madre e hijo murieron antes del incendio, revela autopsia

La firma Ypytã Inmobiliaria Ganadera comunicó a la Superintendencia General de Justicia, dependiente de la Corte Suprema, decenas de presuntas irregularidades avaladas por la escribana Justina Esteche y firmadas por el magistrado Édgar Rivas al momento de protocolizar la titulación de una costosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero. Dicho inmueble pertenece a la firma Ypytã, la cual fue rehabilitada legalmente.

En la denuncia ante el órgano de la máxima instancia judicial se mencionan numerosas inconsistencias en el contenido del título de propiedad firmado por el juez Rivas y la escribana Esteche. En el documento se hicieron constar decisiones judiciales que no existen en el expediente judicial, una situación considerada de extrema gravedad. Del mismo modo, se puso en conocimiento de los ministros de la Corte estas arbitrariedades, señalando que la actuación de la escribana y del juez Rivas podría generar una profunda inseguridad jurídica en el país.

Te puede interesar: Fiscalía pide 3 años de cárcel y la querella solicita 6 para la exjueza Tania Irún por prevaricato

Son cerca de una decena las presuntas irregularidades cometidas por la escribana Esteche y convalidadas por el magistrado Rivas. De acuerdo con lo detectado, en el expediente judicial caratulado “Ypytã Inmobiliaria Ganadera sobre convocatoria” no consta resolución alguna que faculte al juez Rivas a ordenar el levantamiento de los embargos trabados en este caso, ya que esta disposición no se dio a través de una subasta.

Estas notorias inconsistencias ni siquiera fueron advertidas por los funcionarios del Registro Unificado Nacional (RUN) al momento de la inscripción. Esto hace presumir que el personal del RUN podría ser cómplice del hecho al permitir el registro de un título que cuenta con varios datos inexistentes en el expediente de la causa.

Otro punto que llamó la atención es que la notaria Esteche hizo consignar una providencia con fecha del 15 de diciembre de 2014, documento que no figura en el expediente civil en cuestión. Asimismo, se mencionó al exjuez Hugo Becker y a la actuaria Gina Gallupi, quienes, de acuerdo con los registros, nunca participaron en este juicio.

Del mismo modo, la escribana omitió el Auto Interlocutorio (A.I.) N.º 1321, de fecha 22 de diciembre de 2023, el cual se encuentra firme. Mediante esta resolución, el juzgado interviniente resolvió rehabilitar a la firma fallida “Ypytã S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial”. Dicho documento dejó sin efecto las restricciones decretadas en su momento —cuando se declaró la quiebra—, lo que significa que la empresa se encuentra plenamente habilitada.

Podes leer: Reconocen el valioso aporte del defensor general en la lucha con los derechos de las mujeres del Bañado Sur