El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú comunicó a la Cámara de Diputados sobre el proceso penal iniciado al diputado Esteban Samaniego Álvarez, imputado por administración en provecho propio u asociación criminal. Ahora la Cámara de Diputados deberá estudiar el desafuero de Samaniego quien una vez que sea desaforado deberá presentarse ante la justicia.
Asimismo, el citado magistrado citó a la audiencia de imposición de medidas a partir del 20 de diciembre, a Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego, y los otros 21 imputados por administración en provecho propio y asociación criminal.
De acuerdo con los informes del Ministerio Público, los supuestos hechos ilícitos se habrían cometido entre los años 2011 y 2017, periodo que duró la gestión del ahora diputado como intendente de la ciudad de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.
En esta causa se menciona que Samaniego “se valió de su cargo como intendente para beneficiarse en forma indebida, ya que era administrador de gastos” y accedía a fondos depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF), llegando a la suma de G. 338.595.000.
Mientras tanto su esposa, Patricia Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, habría cobrado unos G. 117.500.000 que debieron ser destinados para fines sociales. También algunos familiares cobraban cheques y terminaron imputados.
Del mismo modo se definirá si se ordena el bloqueo de cuentas y el embargo de los imputados en el presente caso.
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La firma Ypytã denuncia ante la Corte irregularidades en titulación de inmueble
La firma Ypytã Inmobiliaria Ganadera comunicó a la Superintendencia General de Justicia, dependiente de la Corte Suprema, decenas de presuntas irregularidades avaladas por la escribana Justina Esteche y firmadas por el magistrado Édgar Rivas al momento de protocolizar la titulación de una costosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero. Dicho inmueble pertenece a la firma Ypytã, la cual fue rehabilitada legalmente.
En la denuncia ante el órgano de la máxima instancia judicial se mencionan numerosas inconsistencias en el contenido del título de propiedad firmado por el juez Rivas y la escribana Esteche. En el documento se hicieron constar decisiones judiciales que no existen en el expediente judicial, una situación considerada de extrema gravedad. Del mismo modo, se puso en conocimiento de los ministros de la Corte estas arbitrariedades, señalando que la actuación de la escribana y del juez Rivas podría generar una profunda inseguridad jurídica en el país.
Decenas de irregularidades
Son cerca de una decena las presuntas irregularidades cometidas por la escribana Esteche y convalidadas por el magistrado Rivas. De acuerdo con lo detectado, en el expediente judicial caratulado “Ypytã Inmobiliaria Ganadera sobre convocatoria” no consta resolución alguna que faculte al juez Rivas a ordenar el levantamiento de los embargos trabados en este caso, ya que esta disposición no se dio a través de una subasta.
Estas notorias inconsistencias ni siquiera fueron advertidas por los funcionarios del Registro Unificado Nacional (RUN) al momento de la inscripción. Esto hace presumir que el personal del RUN podría ser cómplice del hecho al permitir el registro de un título que cuenta con varios datos inexistentes en el expediente de la causa.
Otro punto que llamó la atención es que la notaria Esteche hizo consignar una providencia con fecha del 15 de diciembre de 2014, documento que no figura en el expediente civil en cuestión. Asimismo, se mencionó al exjuez Hugo Becker y a la actuaria Gina Gallupi, quienes, de acuerdo con los registros, nunca participaron en este juicio.
Omisión
Del mismo modo, la escribana omitió el Auto Interlocutorio (A.I.) N.º 1321, de fecha 22 de diciembre de 2023, el cual se encuentra firme. Mediante esta resolución, el juzgado interviniente resolvió rehabilitar a la firma fallida “Ypytã S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial”. Dicho documento dejó sin efecto las restricciones decretadas en su momento —cuando se declaró la quiebra—, lo que significa que la empresa se encuentra plenamente habilitada.
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Emiratos Árabes comunicó que pedido de extradición de Diego Benítez sigue en trámite
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos informaron a un juzgado de nuestro país que la solicitud de extradición del exdirigente deportivo Diego Benítez sigue en trámite, pese a que en 2024 habían comunicado que ya podía ejecutarse su entrega a Paraguay. El exdirigente deportivo es requerido para ser juzgado por hechos vinculados al narcotráfico y lavado de activos.
El subsecretario adjunto del Ministerio para el Sector de Cooperación Internacional y Asuntos Jurídicos, Abdulrahman Murad Al Baloushi, indicó que el pedido sigue siendo analizado por las autoridades judiciales competentes y que cualquier novedad será comunicada oportunamente.
La nueva comunicación genera sorpresa debido a que, en agosto de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos había informado que la extradición podía ejecutarse, luego de que fuera aprobada por la Justicia de ese país el 10 de noviembre de 2023.
El informe fue remitido en respuesta a un pedido del juez de Crimen Organizado, Osmar Legal, quien consultó sobre la situación del requerido.
En Paraguay, Diego Benítez está procesado por presuntamente haber participado en el envío de cocaína al puerto de Hamburgo en diciembre de 2020. Además, la Fiscalía le atribuye haber creado empresas y sociedades entre 2014 y 2021 para incorporar dinero proveniente del tráfico de drogas y ocultar su presunto origen ilícito.
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Caso Tajy: la Corte destraba el proceso penal contra Miguel Prieto
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”, y destrabó el proceso penal del exjefe comunal por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
ACUSACIONES
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente. Según la acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
OTROS ACUSADOS
También se encuentran acusados en esta causa Sebastián Martínez Insfrán, Sabino Peralta Martínez, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buenaventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Richard Emanuel Ayala Ávalos. El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19, y la imputación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez.
JUICIO ORAL PARA PRIETO
El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y otras diez personas enfrentarán un juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal en el caso conocido como “Tía Chela”, en el que se investiga un presunto perjuicio patrimonial de G. 2.100 millones.
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú fue quien decidió elevar el caso a juicio oral y público.
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Confirman al juez Humberto Otazú para seguir el caso Arnoldo Wiens
El juez deberá fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La Cámara de Apelación confirmó al juez penal de Garantías Humberto Otazú para seguir con el proceso penal contra el exministro de Obras Públicas del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens, imputado por lesión de confianza por el caso metrobús.
Ahora, el juez deberá fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
La resolución refiere que la recusación planteada por los abogados Alfredo Kronawetter y Cecilia Pérez, en representación de Wiens, contra el juez de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Otazú fue rechazada por resultar notoriamente improcedente. Días atrás el Ministerio Público presentó un urgimiento a la Cámara de Apelación para que resuelva la recusación contra el juez Otazú. Esto, en razón de que el caso estuvo sin magistrado durante dos meses por la falta de determinación del Tribunal de Apelación. Los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva señalaron en aquella oportunidad que los representantes de Wiens también plantearon un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la admisión de la imputación, que hasta la fecha está pendiente.
ANTECEDENTES
El juez Otazú había admitido la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas por lesión de confianza. Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones a las obras del metrobús. Según la imputación, no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006. Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora.
Las estructuras fueron demolidas durante su administración. Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.