Familiares del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes solicitaron al presidente del Congreso Basilio Núñez, apoyo para que el Poder Legislativo supervise el proceso judicial a fin de que todo se haga con extrema legalidad.

El presidente del senado Basilio Núñez recibió en audiencia al abogado Oscar Tuma, acompañado de los familiares del extinto diputado Lalo Gomes. Al término de la reunión, la hija Larissa Gomes, la viuda Johana viuda de Gomes y el abogado de la familia, Oscar Tuma explicaron los motivos de su visita.

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Al respecto, el abogado defensor de la familia, Oscar Tuma mencionó que tuvieron la oportunidad de explicar al titular del Congreso, la situación procesal que están atravesando los familiares.

“Le pedimos para que el Congreso supervise el proceso, para que todo se haga con extrema legalidad. Queremos actuar con total transparencia y estamos a disposición de aclarar todos los puntos. Estamos agradecidos con el presidente Núñez por brindarnos esa oportunidad de explicarle de nuestro lado y de demostrarle que todo lo que adquirió el diputado lo hizo de menara legal”, explicó.

A su turno, la hija del diputado, Larissa Gómez indicó que han solicitado ayuda al titular del Congreso, porque quieren llegar a la verdad sobre las causas que llevaron a la muerte del diputado. Asimismo, agradeció la acogida que recibieron de parte del titular de la Cámara Alta.

“Tengo la esperanza de que nos va a ayudar y orientar en este caso. También recibimos de la bancada de Honor Colorado, mucha fuerza y apoyo. Queremos que se haga justicia y que no pase desapercibido el tema, recuperar los bienes de nuestra familia que adquirió décadas atrás y que el caso no quede impune”, expresó.

En otro momento, el diputado Tuma, señaló que la familia ha cumplido con su parte al presentar al Congreso el pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado Emiliano Rolón. No obstante, señaló que la familia es muy consciente que finalmente la decisión de los legisladores es política, independientemente a la postura que asuman y respetarán esa decisión.

Indicó que lo que molestó a la familia, es que, a pesar de las pruebas, a su criterio no se realizó una investigación a fondo e incluso el Ministerio Público solicitó la desestimación de la causa contra los policías que realizaron el allanamiento a la vivienda del diputado.

“El pedido del juicio político es por esa inacción por parte del Ministerio Público en el proceso de investigación. Nosotros hicimos nuestra parte, nosotros respetamos. Sabemos que la decisión que se toma acá es política, y los familiares también saben eso. Nosotros cumplimos, y la decisión que tomen será política, nosotros no nos vamos a molestar si toman una decisión de un lado o del otro”, acotó.

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El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.

El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.

Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.

Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.

En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.

Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, comunicó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el pedido de desafuero de los jueces de paz, Analía Cibils y Víctor Nilo Rodríguez, imputados por el delito de prevaricato en el marco de la investigación por el caso conocido como la mafia de los pagarés.

Asimismo, el referido magistrado admitió la imputación contra los actuarios judiciales, ujieres notificadores y abogados de las firmas de cobranzas, y a su vez citó a los imputados para la audiencia de imposición de medidas a realizarse a partir de la segunda quincena del mes de abril.

De acuerdo con la determinación adoptada por el juez Estigarribia, el 22 de abril a las 8:00 de mañana tendrán que comparecer los imputados Ricardo Ramón Cuevas, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Nicolás Antonio Antúnez Tillería. A las 9:30 comparecerán Arturo Javier Ayala Franco, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija de Rubén Galeano, expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay.

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Igualmente, el 24 de abril a partir de las 8:00 de la mañana comparecerán Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión y a las 9:30 lo harán Roger Alejandro Medina Quintana, y Melissa Analía Talavera Bogado.

El 25 de abril de 2025 fueron citados por el juzgado a las 9:30 Stella Solans Lezcano Colman, Héctor Manuel Noguera Florentín. Mientras que el 28 de abril a las 8.00 comparecerán Gloria Isabel Morínigo Gill, Rosa del Pilar Lezcano Correa, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg; Fernando Cáceres González, y Blas Antonio Rodríguez Galeano.

El 29 de abril de 2025 a las 8:00 comparecerán los imputados Silvio Gustavo Miranda Barrios, Robert Enrique Santacruz Oviedo, y a las 9:30 Patricia Adriana Parodi Cantero, Sebastián Marcelo Benitez Porzio, y el 30 de abril, el oficial de justicia Hugo Ignacio Lafuente.

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La sala penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander, rechazó una vez más dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor del Daniel Farias, acusado por el caso conocido como filtración de Seprelad.

Asimismo, la máxima instancia judicial refiere sobre las chicanas planteadas en el presente caso que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios “in abstracto” como en el presente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en dificultar el normal desarrollo de la administración de justicia y se aparta de la buena fe que impone el artículo 112 del Código Procesal Penal” señala la resolución de la Corte.

Igualmente, los ministros de la Corte menciona que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Una vez que se resuelvan todos los incidentes, se deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se definirá si los exministros de Abdo acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicios van a un juicio oral y público.

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El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de prueba, entre ellos testi­monios, documentos y pericia que sustentan la responsabilidad de los acusados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, en el marco de la investigación por el caso conocido como filtración de información falsa de Seprelad.

El caudal probatorio recolectado por la Fiscalía supera cinco veces más que la fase inicial de la presente investigación, donde se tuvo 42 ele­mentos de prueba que hizo sustentar la imputación contra los exministros de Mario Abdo Benítez. Los excolaboradores de Abdo están acusados por los delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa, y revelación de secretos de servicio.

Uno de los elementos fundamentales de la acusación del Ministerio Público es el informe de la extracción de datos de correos electrónicos n.º 107-2024-LF-DT-SIF-MF, autorizada por A.I. n.º 31 del 24 de enero de 2024 cuyo trabajo fue realizado por la ingeniera María Victoria Fleitas Valiente. Esta prueba fue autorizada y controlada por la jueza penal de Garantías de turno de aquel entonces, Clara Ruiz Díaz. Asimismo, se ofreció como prueba el tes­timonio de la perito Fleitas Valiente.

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