El titular de la UIP, Enrique Duarte, remarcó que el proyecto no perjudica a las cajas jubilatorias; y en particular a la Caja de Pensiones del IPS. Aclaró que se basa en una propuesta trabajada y consensuada por los todos los sectores. Foto: Jorge Jara
Sostienen que Superintendencia de Jubilaciones no perjudica las condiciones de las Cajas
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Enrique Duarte, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), aseguró que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que crea la Superintendencia de Jubilaciones, fue una iniciativa que logró previamente el consenso de diferentes sectores, incluso el de los jubilados. Aunque exista un sector de jubilados que no está de acuerdo, es más bien porque busca un protagonismo político; antes que lograr una coherencia. Remarcó que este proyecto no perjudica las condiciones de las cajas jubilatorias, por el contrario, su principal objetivo es velar por la integridad financiera de las mismas.
En comunicación con La Nación/Nación Media aclaró que el proyecto es una propuesta trabajada y consensuada inicialmente por las centrales obreras y la UIP, posteriormente fue socializada en el ámbito de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco); y finalmente se firmó un acuerdo entre todas las centrales obreras, los gremios involucrados a la Feprinco, las asociaciones de jubilados y el Gobierno.
Asimismo, remarcó que este proyecto no perjudica en absoluto a las cajas jubilatorias; y en particular a la Caja de Pensiones del Instituto de Previsión Social, que es el sector que más está cuestionando. Duarte indicó que la propuesta no elimina la cláusula que establece que el IPS no puede prestar recursos al Estado.
“No se van a tocar los fondos jubilatorios del IPS; este proyecto de ley lo que busca es poner orden y controlar; para que no ocurra más lo que sucedió en su momento con la Caja Bancaria, o lo que hoy ocurre con otras cajas que están teniendo problemas, que sus ingresos son menores a sus egresos”, sostuvo.
Autoridad reguladora
Lo que se busca con esta iniciativa, según manifestó, es generar una autoridad que regule y realice un control transversal a todas las cajas jubilatorias, para lo cual se establece una gobernanza que estará conformada paritariamente por representantes del Gobierno y sectores involucrados. Por el Gobierno serán representantes el Ministerio de Economía, Ministerio del Trabajo y el Banco Central del Paraguay, mientras que por los sectores privados estarán los jubilados, los trabajadores y los empleadores.
“La Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones no va a administrar nada; esta superintendencia, al igual que otras superintendencias de bancos o una superintendencia de seguros, lo que hace es controlar el trabajo de las cajas de jubilaciones y pensiones. Las cajas quedarán siempre autónomas y la Superintendencia no interviene en las administraciones. Este proyecto de ley lo que establece son los límites, de tal modo que las cajas no arriesguen toda su capacidad económica en un solo sector”, acotó.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
Casi 1.500 jubilados restan para finalizar el censo digital del MEF
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La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que en lo que va de junio el censo digital de jubilados de la Caja Fiscal alcanzó una cobertura del 98 %. Esto equivale a unos 74.971 beneficiarios registrados, de un total de 76.798.
Queda aún un 2 %, equivalente a 1.496 personas, por completar el trámite. Desde el Ministerio de Economía reiteran sobre la importancia de completar este censo, el cual puede realizarse a través del portal: https://censos.mef.gov.py.
Una vez finalizado el registro, el desbloqueo de las tarjetas se gestiona automáticamente en un plazo de 24 a 48 horas. Los jubilados que ya hayan completado el proceso pueden verificar su estado en: https://censos.mef.gov.py/censo-consulta-publica.
Cabe recordar que todos los beneficiarios, incluidos aquellos que ingresaron recientemente al sistema, deben completar el Censo, ya que este permite actualizar contactos de confianza, requisito común a todos los jubilados y pensionados que perciben haberes a través de la Caja Fiscal.
El censo digital tiene como objetivos principales actualizar los datos personales, prevenir cobros indebidos y confirmar la vida de los beneficiarios, todo mediante un proceso ágil, completamente en línea y que solo requiere el ingreso de datos básicos. Esta modalidad evita desplazamientos, ahorra tiempo y garantiza la seguridad de la información.
Todos los interesados pueden visitar la web del MEF (www.mef.gov.py) o comunicarse con el servicio de atención al recurrente, llamando al (021) 729-0123, de lunes a sábado, de 07:30 a 15:00, para tener más información al respecto.
Aclaran que la información solicitada incluye datos como domicilio, número de contacto, correo electrónico, país y ciudad de residencia, y la fecha de vencimiento de la tarjeta de cobro. No se requiere el número de la tarjeta, ni contraseñas, ni información relacionada con operaciones bancarias.
“La información proporcionada en esta plataforma tendrá carácter de declaración jurada, por lo que se exhorta a los beneficiarios a ingresar datos verídicos”, dicen desde el MEF.
El fiscal Alberto Torres, de Pdte. Franco, presentó acusación contra dos docentes jubilados por supuesta estafa a sus colegas, por la validación de títulos y certificados. Foto: Archivo
Acusaron a jubilados de estafa, ante presunto cobro por gestión de títulos falsos
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Docentes fueron acusados por los hechos de estafa y producción de documentos no auténticos, por el fiscal Alberto Torres Flores, de Presidente Franco. Genaro Martínez Moreno (54) y Aurelio Santacruz Gaona (55), habrían cobrado dinero por una validación irregular de título profesional en el Ministerio de Educación y Ciencias.
Uno de los acusados es jubilado, exdecano y propietario de una universidad privada. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde. De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se inician en Otaño, Itapúa.
Norma Beatriz Quiñónez de González y Marta Lorenza Pérez Escobar culminaron en el año 2021 la carrera de profesorado en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos, en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), sede de Mayor Otaño, obteniendo sus respectivos certificados académicos.
Sin embargo, al culminar sus estudios, ambas fueron notificadas por la institución sobre la falta de acreditación oficial de la carrera ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), motivo por el cual solo se les otorgó el título de “Licenciada en Educación Inicial”.
Los hoy acusados contactaron con las víctimas para ofrecerles gestiones ante el Instituto de Formación Docente Virgen de Fátima, de Lambaré, para que obtengan el título de “profesora en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos” y los certificados correspondientes.
“Mediante declaraciones falsas, los sindicados convencieron a las víctimas de pagar presuntamente la suma de 25 millones de guaraníes para convalidar todas las materias cursadas en la UPAP”, refiere el escrito fiscal de Acusación.
Luego, tras recibir el pago en la ciudad de Los Cedrales, los hoy acusados “entregaron a las víctimas documentos apócrifos que presentaron como auténticos, consistentes en títulos y certificados expedidos presuntamente por el Instituto Virgen de Fátima en el año 2021”.
Posteriormente, el acusado Genaro Martínez Moreno, presumiblemente completó formularios oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con datos falsificados y registró los documentos fraudulentos en el sistema SIGMEC, con firmas adulteradas de las víctimas.
Cuando las maestras presentaron estos documentos ante el MEC, fueron informadas que los títulos y certificados no fueron validados por contener información falsa, y recibieron apercibimientos por presentar documentos apócrifos.
Las afectadas presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, los “gestores” imputados y tras completarse el plazo, el fiscal Alberto Torres presentó la acusación y solicitó la apertura de juicio oral contra Genaro Martínez Moreno y Aurelio Santacruz Gaona.
Anuncian proyecto de ley para regular el sector de hierbas naturales en Paraguay
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El senador Luis Pettengill anunció que se encuentra en marcha la elaboración de un proyecto de ley que establecerá un marco regulatorio para el sector de la herboristería y la medicina natural en Paraguay.
Según explicó, actualmente este ámbito carece de una legislación específica, lo que dificulta tanto la formalización de los productores como la posibilidad de exportar sus productos en cumplimiento con normas internacionales.
“La parte de herboristería en Paraguay no tiene una legislación, entonces se presentó una inquietud y nosotros vamos a transformar eso en un proyecto de ley”, manifestó el legislador. El objetivo es garantizar que quienes trabajan con hierbas naturales cuenten con una ley que respalde su actividad y les permita operar legalmente dentro del país.
Pettengill adelantó que el Ministerio de Salud Pública será el órgano de aplicación de la futura normativa, y que la institución ya manifestó su acuerdo con la propuesta. “Vamos a hacer una mesa técnica con todos los sectores involucrados y, por supuesto, el Ministerio de Salud participará activamente en el proceso”, agregó en conversación con varios medios de prensa.
Además de regular la producción, el proyecto también buscará proteger las especies silvestres que actualmente se extraen directamente de la naturaleza. “La producción que no es cultivada debe cuidarse. No queremos quedarnos sin estos recursos por una extracción excesiva”, advirtió.
El senador remarcó que el proyecto no encontró objeciones, ni siquiera por parte del Ejecutivo. “Todos están de acuerdo, inclusive los del Gobierno. Lo que queremos es ayudar para que este sector pueda formalizarse y trabajar libremente, con reglas claras”, concluyó.
El proyecto también contempla aspectos vinculados a la exportación. Pettengill explicó que muchos productos naturales, como infusiones con mezclas de yerbas, ya se exportan de forma incipiente, pero la falta de regulación nacional es un obstáculo. “No se puede exportar algo que no está reglamentado en el país. Eso vamos a cuidar”, remarcó.