Sonia Leguizamón titular del CGT, indicó que dentro de su organización se habían puesto de acuerdo sobre la necesidad de contar con un ente de control supervisor de las Cajas Jubilatorias, de todas las existente. FOTO: GENTILEZA
Hay consenso entre sectores para creación de Superintendencia de Jubilaciones, afirman
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La presidenta de la Central General de Trabajadores (CGT), Sonia Leguizamón, se refirió al rechazo del proyecto de Ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones, porque aparentemente se está buscando subsidiar las cajas deficitarias, antes que sea promulgada y creada la Superintendencia. Aseguró que la iniciativa surgió luego de cuatro meses de discusión entre todos los sectores, incluidos los aportantes que son los trabajadores y las empresas.
En comunicación con La Nación/Nación Media indicó que dentro de su organización se habían puesto de acuerdo sobre la necesidad de contar con un ente de control supervisor de las cajas jubilatorias, de todas las existentes; pero fundamentalmente la del Instituto de Previsión Social, porque prácticamente es la única que aún cuenta con recursos porque las demás cajas ya son deficitarias.
“Los que aportamos al IPS nos parece muy importante contar con un ente fiscalizador, no un ente de administración; que controle todo lo que hace la administración del IPS en temas económicos e inversiones. Nosotros estamos a favor de este nuevo proyecto, porque estuvimos sentados cuatro meses discutiendo sobre este tema, poniéndonos primero de acuerdo empresarios con trabajadores sobre la plata que estamos aportando al IPS y acordamos que necesitamos un ente de control”, manifestó.
Recordó que meses atrás rechazaron el proyecto que fue presentado por un grupo de senadores, luego se manifestó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos que dijo que tampoco era su propuesta; entonces se retiró esa propuesta y se comenzó a trabajar en un nuevo proyecto desde agosto pasado, y finalmente se presentó el pasado 25 de noviembre ante el Senado, tras llegar a un acuerdo.
Acuerdo ante cualquier modificación
Leguizamón dijo que se firmó un acuerdo en que todas las leyes o modificaciones que se hagan en IPS, porque existe una necesidad de modificar la Carta Orgánica en forma general, y el día que se analice ese tema se realice por consenso igualmente, a fin de que nada se imponga desde algún sector, ni desde el Parlamento.
Otro acuerdo arribado es que la superintendencia no esté administrado por una “súper persona” o “súper gerente” del Banco Central, sino que sea una administración tripartita elegida a través de un concurso o por votación directa, pero este punto aún está en debate como parte de la reglamentación.
“El consejo de administración del IPS, o de cualquiera de las otras cajas jubilatorias seguirán funcionando y serán los administradores. Ellos van a presentar los proyectos, presentarán los estudios de factibilidad. Cuando lleven a ejecución habrá un ente de fiscalización que controlará todo lo que hace el Consejo de Administración”, concluyó.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
El objetivo principal del viaje será fortalecer las relaciones bilaterales y atraer inversiones de empresarios y productores de esta próspera región del sur de Brasil. Foto: AFP.
“Vendrán nuevas inversiones”: Peña alista viaje clave a Paraná para captar capital brasileño
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El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que proyecta realizar una visita oficial a Paraná, estado de Brasil, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales y atraer inversiones de empresarios y productores de esta próspera región del sur de Brasil.
“Vendrán inversiones nuevas en los próximos meses”, adelantó el mandatario, subrayando el creciente interés del sector privado brasileño en las oportunidades que ofrece Paraguay. Estas declaraciones fueron tras recibir una invitación del gobernador, Carlos Massa Ratinho Junior.
Peña indicó que ya en Paraná, dialogarán sobre una amplia gama de temas como infraestructura, inversiones, integración productiva y nuevas oportunidades para el comercio y el empleo en la región.
También hizo énfasis en que el segundo puente Presidente Franco – Foz de Iguazú es apenas un ejemplo de todo lo que se puede lograr mediante acciones conjuntas. “Antes de fin de año vamos a tener listas todas las obras; nos comprometimos a ir a visitar en unas semanas para ver cómo avanzan las tareas (lado brasileño)”, subrayó.
Mencionó igualmente acerca del interés de ambas autoridades de contribuir con el desarrollo de la región. “Hay mucho interés por parte de productores brasileños que están viniendo al Paraguay y creo que vendrán muchas inversiones nuevas en los próximos meses”, reiteró.
Relaciones comerciales
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB) compartió un informe respecto al intercambio comercial entre Paraguay y Brasil durante el 2024, el cual alcanzó USD 7.271 millones, lo que representó un aumento del 9,8 % con respecto al año 2023. Este país es el principal socio comercial y generador de inversiones.
El comercio bilateral al cierre del reciente 2024 fue el mejor de los últimos 10 años, luego del registrado en el 2022 cuando se llegó a los USD 7.155 millones. De esta manera, se evidencia un futuro prometedor para seguir incrementando las relaciones comerciales.
Casi 1.500 jubilados restan para finalizar el censo digital del MEF
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La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que en lo que va de junio el censo digital de jubilados de la Caja Fiscal alcanzó una cobertura del 98 %. Esto equivale a unos 74.971 beneficiarios registrados, de un total de 76.798.
Queda aún un 2 %, equivalente a 1.496 personas, por completar el trámite. Desde el Ministerio de Economía reiteran sobre la importancia de completar este censo, el cual puede realizarse a través del portal: https://censos.mef.gov.py.
Una vez finalizado el registro, el desbloqueo de las tarjetas se gestiona automáticamente en un plazo de 24 a 48 horas. Los jubilados que ya hayan completado el proceso pueden verificar su estado en: https://censos.mef.gov.py/censo-consulta-publica.
Cabe recordar que todos los beneficiarios, incluidos aquellos que ingresaron recientemente al sistema, deben completar el Censo, ya que este permite actualizar contactos de confianza, requisito común a todos los jubilados y pensionados que perciben haberes a través de la Caja Fiscal.
El censo digital tiene como objetivos principales actualizar los datos personales, prevenir cobros indebidos y confirmar la vida de los beneficiarios, todo mediante un proceso ágil, completamente en línea y que solo requiere el ingreso de datos básicos. Esta modalidad evita desplazamientos, ahorra tiempo y garantiza la seguridad de la información.
Todos los interesados pueden visitar la web del MEF (www.mef.gov.py) o comunicarse con el servicio de atención al recurrente, llamando al (021) 729-0123, de lunes a sábado, de 07:30 a 15:00, para tener más información al respecto.
Aclaran que la información solicitada incluye datos como domicilio, número de contacto, correo electrónico, país y ciudad de residencia, y la fecha de vencimiento de la tarjeta de cobro. No se requiere el número de la tarjeta, ni contraseñas, ni información relacionada con operaciones bancarias.
“La información proporcionada en esta plataforma tendrá carácter de declaración jurada, por lo que se exhorta a los beneficiarios a ingresar datos verídicos”, dicen desde el MEF.
El fiscal Alberto Torres, de Pdte. Franco, presentó acusación contra dos docentes jubilados por supuesta estafa a sus colegas, por la validación de títulos y certificados. Foto: Archivo
Acusaron a jubilados de estafa, ante presunto cobro por gestión de títulos falsos
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Ciudad del Este. Agencia Regional.
Docentes fueron acusados por los hechos de estafa y producción de documentos no auténticos, por el fiscal Alberto Torres Flores, de Presidente Franco. Genaro Martínez Moreno (54) y Aurelio Santacruz Gaona (55), habrían cobrado dinero por una validación irregular de título profesional en el Ministerio de Educación y Ciencias.
Uno de los acusados es jubilado, exdecano y propietario de una universidad privada. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde. De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se inician en Otaño, Itapúa.
Norma Beatriz Quiñónez de González y Marta Lorenza Pérez Escobar culminaron en el año 2021 la carrera de profesorado en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos, en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), sede de Mayor Otaño, obteniendo sus respectivos certificados académicos.
Sin embargo, al culminar sus estudios, ambas fueron notificadas por la institución sobre la falta de acreditación oficial de la carrera ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), motivo por el cual solo se les otorgó el título de “Licenciada en Educación Inicial”.
Los hoy acusados contactaron con las víctimas para ofrecerles gestiones ante el Instituto de Formación Docente Virgen de Fátima, de Lambaré, para que obtengan el título de “profesora en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos” y los certificados correspondientes.
“Mediante declaraciones falsas, los sindicados convencieron a las víctimas de pagar presuntamente la suma de 25 millones de guaraníes para convalidar todas las materias cursadas en la UPAP”, refiere el escrito fiscal de Acusación.
Luego, tras recibir el pago en la ciudad de Los Cedrales, los hoy acusados “entregaron a las víctimas documentos apócrifos que presentaron como auténticos, consistentes en títulos y certificados expedidos presuntamente por el Instituto Virgen de Fátima en el año 2021”.
Posteriormente, el acusado Genaro Martínez Moreno, presumiblemente completó formularios oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con datos falsificados y registró los documentos fraudulentos en el sistema SIGMEC, con firmas adulteradas de las víctimas.
Cuando las maestras presentaron estos documentos ante el MEC, fueron informadas que los títulos y certificados no fueron validados por contener información falsa, y recibieron apercibimientos por presentar documentos apócrifos.
Las afectadas presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, los “gestores” imputados y tras completarse el plazo, el fiscal Alberto Torres presentó la acusación y solicitó la apertura de juicio oral contra Genaro Martínez Moreno y Aurelio Santacruz Gaona.