En reunión de mesa directiva, la Cámara de Senadores decidió incorporar 19 temas para ser analizados en sesión ordinaria de este miércoles 27.

El orden del día incluye pedi­dos de informes, proyectos remitidos por la Cámara de Diputados, pensiones gracia­bles, desafectaciones, expro­piaciones, acuerdos consti­tucionales, designaciones diplomáticas y varios pro­yectos de declaración.

Uno de los puntos a ser con­siderados por el pleno es un pedido de informe al Insti­tuto de Previsión Social (IPS) sobre la provisión, disponi­bilidad y abastecimiento de medicamentos esenciales y oncológicos, impulsada por la senadora Noelia Cabrera. En tanto, entre los proyectos de ley se encuentra uno que exonera del pago de impues­tos y tasas a la importación de vehículos especializados destinados a instituciones de bomberos voluntarios y cuer­pos de bomberos dependien­tes de entidades públicas.

Igualmente, será tratado el proyecto de ley que crea el Programa Especializado para Repatriados y Refugia­dos Connacionales, dependiente del Ministerio de Rela­ciones Exteriores, remitido por el Poder Ejecutivo. Ade­más, el acuerdo constitucio­nal para el ascenso a comi­sario general comandante del César Roberto Silguero Lobos.ww

“Va a ser un beneficio para la medicina paraguaya, porque la medicina es dinámica; con el tiempo aparecen otros medicamentos, otros insumos”, señaló el titular del IPS.

El Instituto de Previ­sión Social (IPS) dis­minuirá su stock de medicamentos e insumos. Hasta el momento, son 817 productos que saldrán de su listado. Pero se seguirá dis­minuyendo, anunció ayer el presidente de la previsional, Isaías Fretes. Tras la revi­sión del vademécum insti­tucional, se procedió a la eliminación de 817 insumos médicos de 1.000 productos, debido a que ya son innece­sarios, porque ya no se usan en quirófano, por ejemplo.

El próximo miércoles se tendrá una lista ampliada de un total de 4 mil insumos. “Esto aún no está consoli­dado. Van a seguir saliendo productos y va a consoli­darse el jueves, y una vez que tengamos el trabajo comple­tado, se va a llevar al Consejo y se va a oficializar”, explicó el doctor Fretes en confe­rencia de prensa.

Aclaró que no se busca per­judicar a proveedores, sino ordenar compras, priori­zar medicamentos vigentes. “Va a ser un beneficio para la medicina paraguaya, por­que la medicina es dinámica; con el tiempo aparecen otros medicamentos, otros insu­mos”, señaló el titular del IPS.

Esta medida significará un millonario ahorro para la institución. “Vamos a ahorrar millones y millones de guara­níes”, resaltó. En ese sentido, Fretes dijo que el IPS arrastra un déficit de entre USD 20 y 26 millones y habló de “focos de corrupción” dentro de la institución. Sostuvo además que cambiar el vademécum es entrar al “corazón de la corrupción”.

Un grupo de auditores se encargará de controlar el stock de medicamentos, materiales e insumos. “Que­remos controlar cómo fue­ron entregados conforme a las licitaciones y contra­tos. Cómo se está adminis­trando desde el Parque Sani­tario para la farmacia interna, para la farmacia externa y su distribución en todo el terri­torio nacional. Si están efi­cientemente documentados”, detalló Alberto Cabrera, audi­tor general del Poder Ejecu­tivo.

Por otro lado, los audi­tores trabajarán en el área de la administración de los inmuebles, propiedades de IPS. “Queremos saber cuán­tos están titulados, cuánto le costó a IPS. Y los inmuebles que están alquilados, quiénes están alquilando, por cuánto están alquilando y hacer un estudio del costo de mante­nimiento de esas propieda­des con relación al ingreso que generan esas propiedades para determinar beneficios y cos­tos”, precisó Cabrera. Son más de 800 propiedades, según informaciones generales.

IPS ordena auditar más de 800 propiedades para transparentar sus ingresos por alquileres.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Isaías Fretes, ordenó la auditoría de las más de 800 propiedades de la institución para conocer la ubicación de las mismas, el monto que se cobra por alquiler, la identi­dad de los arrendatarios, y de esa manera trasparentar los ingresos de la previsional.

La investigación estará a cargo del auditor general del Ejecutivo, Alberto Cabrera, quien junto a su equipo hará una revisión de los contratos de alquiler de las propiedades de la previsional y costos de mantenimiento.

“Eso siempre fue un secreto, pero los dueños son los ase­gurados y deben enterarse”, afirmó Fretes, ante los medios de comunicación. Según ade­lantó, los ingresos actuales son bajísimos en relación al valor de los inmuebles, que incluyen lotes en el exclu­sivo Paraná Country Club y más de 400.000 hectáreas en el Chaco.

Fretes señaló que la primera información recibida indi­caba un ingreso ínfimo por el alquiler de todas las pro­piedades, cifra que luego se corrigió a un monto mucho menor, según explicó.

“Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución”, dijo el auditor general del Poder Ejecutivo.

El auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, confirmó que en agosto con­cluirá la auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS) para determinar el destino y ren­tabilidad de al menos 900 inmuebles pertenecientes al ente previsional.

“Solicitamos dentro de nues­tro pedido de auditoría el organigrama de la institu­ción. Nosotros creemos que si se desarrolla normalmente, si las documentaciones son proveídas en tiempo y forma, para fines de agosto ya pode­mos emitir un informe final”, señaló a la 1020 AM.

Detalló que se hará una revi­sión completa de las propie­dades. “Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución. Este es un tra­bajo interinstitucional, en la auditoría tenemos que vincu­larnos al Registro General de la Propiedad para ver la situa­ción real de cada inmueble titulado”, refirió.

Así también, se verificará el estado de disponibilidad. “Nosotros no nos vamos a conformar con los títulos nomas, tenemos que saber en qué situación está ese título de propiedad”, remarcó.

El auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, confirmó que en agosto concluirá la auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS) para determinar el destino y rentabilidad de al menos 900 inmuebles pertenecientes al ente previsional.

“Solicitamos dentro de nuestro pedido de auditoría el organigrama de la institución. Nosotros creemos que si se desarrolla normalmente, si las documentaciones son proveídas en tiempo y forma, para fines de agosto ya podemos emitir un informe final”, señaló a la 1020 AM.

Detalló que se hará una revisión completa de las propiedades. “Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución. Este es un trabajo interinstitucional, en la auditoría tenemos que vincularnos al Registro General de la Propiedad para ver la situación real de cada inmueble titulado”, refirió.

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Así también se verificará el estado de disponibilidad. “Nosotros no nos vamos a conformar con los títulos nomas, tenemos que saber en qué situación está ese título de propiedad”, remarcó.

El ministro manifestó que se apelará también a la Escribanía Mayor de Gobierno para que facilite la obtención de la información desde el Registro de la Propiedad.

“Y también tenemos que trabajar con el Instituto Geográfico Militar, donde ellos tienen técnicos y la tecnología para poder determinar todos los georreferenciamientos que dice en el título. Si en Bahía Negra hay una propiedad del IPS, con esa información ver si existe en forma física”, subrayó.

Cabrera admitió que será “un trabajo muy complejo”, porque se tendrá que ver si existe, la dimensión del inmueble y las condiciones en que se encuentra.

Tras el mapeo de los terrenos además se llegará a identificar a los responsables de su administración, conforme expresó.

“Es para determinar quiénes son los responsables en ese proceso de cadenas de tomas de decisiones. Como dice la Contraloría, si existen indicios de hechos punibles nosotros automáticamente ya vamos a informar a la Presidencia del IPS para que sea investigado internamente y también pueden ser remitidos a la Fiscalía esos indicios”, enfatizó.

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El precandidato a intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego divulgó a través de sus redes sociales, un video en el que se jacta de ser el que impulsó y ejecutó la construcción de la Costanera de Asunción, en su primera etapa y proyectó la construcción de las siguientes etapas. De esa manera, invocó asegurar que bajo su administración como intendente municipal se llevaron a cabo dichas obras.

Sin embargo, nobleza obliga recordar que este proyecto fue impulsado primeramente por la ex intendenta de Asunción, Evanhy de Gallegos, que presentó el proyecto de Ley al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y se encargó de elaborar el proyecto y ejecutar el mismo con fondos provenientes del Estado paraguayo a través del Presupuesto General de la Nación y no con recursos de la comuna.

Al respecto, desde la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC confirmaron a La Nación/Nación Media, que la Avenida Costanera de Asunción, se inició durante la administración municipal de Arnaldo Samaniego, pero que la misma fue una obra impulsada y ejecutada por el Gobierno nacional, a través del MOPC.

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Mencionaron que la primera etapa de la Costanera Norte comenzó en 2010, durante el gobierno de Fernando Lugo, bajo conducción del entonces ministro de Obras Públicas Efraín Alegre. No obstante, señalaron que la Municipalidad de Asunción acompañó y participó en aspectos urbanísticos, coordinación técnica y aprobación de los proyectos complementarios.

La construcción de la Costanera de Asunción (etapa Norte) fue uno de los proyectos de infraestructura urbana más transformadores para la capital paraguaya, marcando el inicio del reencuentro de la ciudad con el río Paraguay. Formó parte del Plan Maestro de la Franja Costera, una visión urbana que se venía gestando desde la década de los 90.

Pero el impulso definitivo llegó con la administración del MOPC para conectar el tráfico y recuperar la zona ribereña. Esto, teniendo en cuenta que el diseño y la ingeniería estuvieron a cargo del MOPC, bajo la dirección de la Unidad Ejecutora de Proyectos, con la colaboración de técnicos municipales y consultoras privadas.

En cuanto a la inversión aproximada para esa primera etapa fue de 21,5 millones de dólares, cuya forma de financiación fue con fondos estatales, financiados íntegramente con recursos del Tesoro Nacional, gestionados a través del Presupuesto General de la Nación asignado al MOPC, y que luego se fueron sumando créditos internacionales y bonos soberanos en las distintas etapas posteriores del proyecto.

Por tanto, es relevante hacer una distinción en este punto, con relación al aporte de la Municipalidad de Asunción que no fue la entidad ejecutora principal de la avenida, ya que la dirección técnica y contractual estuvo a cargo del MOPC.

Pero sí la comuna asuncena estuvo a cargo de coordinar obras urbanas complementarias, elaborar y aprobar planos para infraestructura en la zona costera, impulsar proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano alrededor de la Costanera y participar en planes de reconversión de la Bahía de Asunción.

Por ejemplo, en 2015 la Municipalidad entregó al MOPC planos elaborados por técnicos municipales para comisaría, cuartel de bomberos, guardería y sede de PMT en la zona de la Costanera.

De hecho, recurriendo a los archivos periodísticos de la época se puede encontrar que durante el gobierno municipal de Arnaldo Samaniego hubo varios roces institucionales con la administración Central. Esto, considerando que desde la intendencia reclamaba no conocer completamente algunos detalles de la segunda etapa de la Costanera Norte.

En 2013, Samaniego incluso pidió suspender la apertura de ofertas de una licitación hasta que el municipio aprobara el proyecto urbanístico. Además, se reportaron algunos fuertes cruces entre el MOPC y el municipio por la titularidad de las tierras y el mantenimiento. La Municipalidad puso reparos sobre quién debía hacerse cargo de la limpieza, la seguridad y la iluminación una vez terminada la obra.

El mayor freno fue el proceso de reubicación de las familias que vivían en las zonas de relleno (bañados). La Municipalidad exigía planes de vivienda social claros antes de avanzar, pero que finalmente, bajo el gobierno del presidente Horacio Cartes se realizó la entrega de las primeras 120 viviendas sociales.

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