En un comunicado dirigido a los medios de prensa, profesionales de estética y cosmetología se pronuncian sobre el proyecto de ley “que regula el ejercicio de la medicina estética”, esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La convocatoria es para mañana lunes frente al Congreso Nacional a las 9:00.
Este proyecto pretende establecer reglas claras en cuanto a la habilitación del local; registro profesional; control, y todo lo referente a esta práctica, teniendo en cuenta el casi nulo control, y por carecer de un ropaje jurídico adecuado a los nuevos tiempos.
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La Asociación de Profesionales y Establecimientos de Estética Cosmetológica refiere en su comunicado que convoca a una reunión de prensa para aclarar sobre los puntos que no están de acuerdo en este proyecto, específicamente 3 artículos del documento. “Aclarar por qué no estamos de acuerdo con los siguientes artículos del proyecto de ley de Medicina Estética que fue aprobado por la Cámara de Diputados”, señala el documento.
El primer artículo mencionado es el 2° del proyecto de ley que refiere que; “se entiende por medicina estética la práctica médica no quirúrgica, que aplica técnicas no invasivas o mínimamente invasivas para la restauración y el mantenimiento de la estética, salud y bienestar del ser humano a nivel facial e integración corporal”.
También se menciona el artículo 5°, que dice que “los tratamientos enmarcados en el área de medina estética se conforman con terapias médicas y ´estéticas’”. Mientras que el artículo 6°, dice que “los procedimientos médicos estéticos autorizados son aquellos que conllevan el uso de principios activos de uso médico, ‘procedimientos no invasivos o mínimamente invasivos’ y aparatología de uso médico realizado por médicos conforme a lo dispuesto por el artículo 12″.
Las explicaciones de los profesionales, de manera detallada se desarrollará en esta conferencia de prensa convocada para mañana lunes.
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Educación y tecnología: Senado aprueba con modificaciones normas para el uso de celulares
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley que regula el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas. La iniciativa vuelve a la Cámara Baja que deberá aceptar o rechazar las modificaciones planteadas. Así también, aprobó con modificaciones la Ley Nº 7280/2024 “De Reforma y Modernización de la Policía Nacional”.
Uno de los puntos ampliamente debatidos durante la sesión ordinaria de la fecha, presidida por el senador Basilio Núñez, fue el proyecto de Ley “Que regula el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas en los niveles de educación inicial, educación escolar básica y educación media”, presentado por el diputado José Rodríguez.
El presidente de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, senador Patrick Kemper, fundamentó el dictamen favorable con modificaciones de la iniciativa y acotó que no responde a un rechazo de la digitalización, sino al principio de pertinencia en el uso de la tecnología dentro del ámbito educativo.
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Explicó que la incorporación no regulada de dispositivos electrónicos portátiles y de tecnologías de consumo masivo en las aulas compite con los procesos de atención, concentración y retención cognitiva de los estudiantes.
No prohíbe el uso del celular
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, senadora Hermelinda Alvarenga, aclaró que el proyecto no prohíbe el uso de teléfonos celulares, sino que establece su regulación. Los dispositivos podrán utilizarse con fines pedagógicos.
A su turno, la presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, senadora Lizarella Valiente, sostuvo que el uso excesivo de estos dispositivos resulta perjudicial para niños y adolescentes, al considerar que genera dependencia y afecta el desarrollo cognitivo y la autorregulación emocional.
Durante el debate, varios legisladores coincidieron en que la problemática derivada del uso de dispositivos electrónicos en las instituciones educativas requiere una regulación adecuada, sin que implique una prohibición absoluta.
A propuesta de la senadora Hermelinda Alvarenga, se modificó el acápite que queda de la siguiente manera: “Que restringe el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas en los niveles de educación inicial, educación escolar básica y educación media”. También se modificó el capítulo II referente a la prohibición y excepciones en el uso de celulares.
Reforma de la Policía Nacional
Asimismo, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que modifica los artículos 89, 137, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 149 y 279 de la Ley Nº 7280/2024 ‘De Reforma y Modernización de la Policía Nacional”, presentado por varios senadores. El proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio.
El vicepresidente de la Comisión de Legislación, senador Luis Pettengill, explicó que las modificaciones tienen por objeto adecuar la normativa a la Ley Nº 7633/2026, que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público (Reforma de la Caja Fiscal).
Precisó que dicha legislación modificó los plazos de servicio y de aportes requeridos para acceder a la jubilación, por lo que resulta necesario armonizar la Ley de Reforma y Modernización de la Policía Nacional con el nuevo régimen previsional.
“Al extenderse los plazos de servicio, es lógico que la Ley especial de Reforma y Modernización de la Policía Nacional también se adecue de manera congruente al nuevo régimen, estableciendo de forma equitativa y proporcional el tiempo de servicio requerido para acceder a los ascensos”, sostuvo.
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Diputados avanza en ley para regular la propaganda electoral en redes sociales
La Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado liberal Arnaldo Valdez resolvió solicitar el parecer de varias instituciones antes de dictaminar acerca del proyecto de ley “Que regula la propaganda electoral en redes sociales y plataformas digitales”.
Esto, con el objetivo de adecuar el Código Electoral paraguayo a las nuevas formas de comunicación política que predominan en la era digital.
La iniciativa pretende modernizar el marco normativo vigente que actualmente está enfocado principalmente en medios tradicionales y soportes físicos, incorporando los espacios virtuales al ámbito de control y fiscalización de la Justicia Electoral.
Según los fundamentos de la propuesta, la necesidad de esta regulación responde al creciente protagonismo de las plataformas digitales en los procesos electorales, especialmente entre los jóvenes. Datos citados en el proyecto señalan que el 47,4 % de este sector de la población obtiene información sobre asuntos electorales principalmente a través de redes sociales.
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El diputado Valdez explicó que con el propósito de dotar a la iniciativa de un sólido respaldo técnico y jurídico, la Comisión de Asuntos Electorales resolvió solicitar informes y opiniones institucionales al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), al Ministerio Público y al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). “La intención es evaluar la viabilidad operativa de los mecanismos propuestos y fortalecer las capacidades de control y fiscalización de las instituciones involucradas”, refirió
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la protección de los datos personales en el ámbito político. En ese sentido, la propuesta prohíbe expresamente el uso de técnicas de segmentación o micro-targeting basadas en perfiles ideológicos o afiliaciones políticas obtenidas sin consentimiento de los ciudadanos, buscando evitar prácticas de manipulación electoral mediante el uso indebido de grandes volúmenes de datos.
Registro de Publicidad de política digital
Asimismo, el documento contempla la creación de un Registro Obligatorio de Cuentas para la publicidad política digital, herramienta que permitiría al TSJE y a la ciudadanía conocer el origen de los recursos destinados a campañas en internet y reforzar la transparencia del financiamiento electoral.
La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con el uso de nuevas tecnologías. Entre ellas, establece restricciones para la utilización de contenidos falsificados mediante inteligencia artificial (deepfakes) con fines de desinformación, además de exigir la identificación de materiales generados por IA.
Igualmente, extiende el período de silencio electoral a la publicidad paga en plataformas digitales durante las 48 horas previas a los comicios.
Por otro lado, se prevé la implementación de mecanismos de cooperación con grandes empresas tecnológicas para facilitar el acceso a bibliotecas de anuncios y fortalecer los procesos de control y auditoría electoral.
Finalmente, el proyecto plantea una aplicación gradual de las nuevas disposiciones, fijando una vacatio legis hasta el ciclo electoral de 2032, con el fin de permitir que el TSJE desarrolle las capacidades tecnológicas necesarias y se consoliden los mecanismos de transparencia en el ámbito digital.
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“Llegó la hora de actuar” para proteger a los menores de las redes sociales, dice dirigente de UE
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó el martes que llegó “la hora de actuar” para regular el acceso de los menores a las redes sociales, tras la publicación de un estudio que confirma los riesgos para su bienestar físico y mental.
Según una encuesta realizada entre más de 25.000 padres en los 27 países de la UE, los jóvenes europeos “pasan una media de 4,5 horas al día en línea los días lectivos, y 6,1 horas al día los fines de semana”.
Además, el 14 % de los adolescentes pasa más de 10 horas diarias frente a una pantalla, según la investigación realizada en el marco del Eurobarómetro.
Más allá de los problemas vinculados a este consumo excesivo, muchos jóvenes están expuestos a contenidos problemáticos a través de las redes sociales con múltiples efectos en su salud, agregó el estudio.
“Las redes sociales pueden crear vínculos e inspirar. Pero cuando uno de cada tres jóvenes afirma que le provocan estrés, tristeza o un sentimiento de exclusión, no podemos ignorar su impacto en la salud mental y el bienestar”, comentó Ursula von der Leyen.
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“Y cuando una cuarta parte de nuestros jóvenes se enfrenta a contenidos problemáticos en línea —discursos de odio, presiones relacionadas con la imagen corporal, violencia inesperada—, es una señal clara de que ha llegado la hora de actuar”, añadió la presidenta de la Comisión Europea.
Estas cifras se han publicado al finalizar los trabajos de un comité de expertos encargado de asesorar a Bruselas sobre la posible prohibición de las redes sociales para menores a escala de la UE.
Este comité presentarán sus recomendaciones al Ejecutivo europeo el 13 de julio.
Varios países de la UE han seguido los pasos de Australia y trabajan en el establecimiento de una mayoría digital para las redes sociales, como Francia, España y Dinamarca.
Mientras se toma una decisión en el bloque, la Comisión presentó en abril una aplicación europea de verificación de edad que podrá ayudar a los Estados miembros a aplicar las prohibiciones nacionales.
Reino Unido también anunció el lunes su intención de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, mediante una ley que se espera para finales de año.
La prohibición afectará a redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal.
- Fuente: AFP
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Diputados sanciona ley para restaurar la histórica casa de Serafina Dávalos
Por unanimidad, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Ley que crea la Comisión Nacional para la restauración y puesta en valor de la casa de Serafina Dávalos. Luego del análisis que realizó el plenario durante la sesión ordinaria de la fecha, el documento fue aprobado con lo que la normativa quedó sancionada y el documento será remitido al Poder Ejecutivo para su consideración.
En uso de la palabra, la diputada colorada Cristina Villalba, titular de la Comisión de Presupuesto, fundamentó el dictamen favorable del ente asesor al respecto de esta iniciativa. “Con la aprobación de este proyecto se podrá tener una mirada de restauración de las casas históricas tanto en la capital como en el interior del país”, expresó.
La legisladora mencionó que Serafina Dávalos constituye una de las figuras más trascendentes de la historia nacional, siendo la primera mujer paraguaya en obtener el título de doctora en Derecho y Ciencias Sociales y pionera de la participación femenina en los ámbitos académicos, jurídicos y políticos.
“Su pensamiento y acción representaron un aporte fundamental en la defensa de la igualdad, la educación y los derechos civiles de las mujeres paraguayas”, añadió.
En pleno centro de Asunción
El inmueble está ubicado específicamente sobre las calles Luis Alberto de Herrera, entre Estados Unidos y Tacuary, es considerado de alto valor histórico, cultural y simbólico para la República del Paraguay y, especialmente, para la memoria de las luchas por los derechos de las mujeres en nuestro país. Según denuncias, la antigua casa de Serafina Dávalos, quien fuera la primera abogada del Paraguay, se encuentra en estado de total desidia y abandono.
Ante esta realidad, se propone la creación de una instancia interinstitucional que permita articular esfuerzos entre organismos del Estado, gobiernos locales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y entidades vinculadas a la preservación patrimonial y a la promoción de los derechos de las mujeres.
Finalidad de la comisión
La mencionada comisión nacional tendrá como finalidad impulsar las acciones necesarias para la recuperación integral del inmueble, promover mecanismos de cooperación institucional, gestionar recursos presupuestarios y establecer acuerdos que permitan concretar la restauración y posterior utilización del espacio como un centro de memoria de las luchas y derechos de las mujeres.
El proyecto establece que la comisión nacional de restauración estará integrada por representantes de varias instituciones competentes que durarán en sus funciones por el término de un año.
Cabe mencionar que el inmueble ya había sido declarado “Bien de Valor Patrimonial Cultural” por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), y pertenece actualmente al Instituto de Previsión Social (IPS).
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