El fiscal anticorrupción Jorge Arce recepcionó varios documentos que había solicitado a las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) en la prosecución de la carpeta abierta para investigar supuestos hechos punibles cometidos durante la gestión de Vicente Bataglia. Esto en el marco del informe de deficiencias financieras en diversas instituciones del Estado, emitido por la Contraloría General de la República (CGR).
El representante del Ministerio Público señaló que hasta el momento han recibido varias documentaciones remitidas desde la previsional. No obstante, aún faltan diversas documentaciones más para aclarar las diversas dudas en torno a los millonarios perjuicios administrativos expuestos por la CGR; mañana vence el plazo para que las autoridades del IPS entreguen todos los informes solicitados.
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Siguiendo la línea de cada uno de los procesos llevados adelante para dilucidar los cuestionamientos en torno al IPS, un equipo de agentes fiscales integrado por Arce, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Néstor Coronel, había sido recibido el pasado 12 de octubre en varias sedes administrativas de la institución, en la prosecución de las pesquisas iniciadas sobre las licitaciones llevadas a cabo en el organismo durante la gestión de Bataglia.
Los representantes de la Gerencia de Administración y Logística de la Dirección de Servicios Administrativos del IPS solicitaron un plazo prudencial para la remisión de las documentaciones relacionadas con el legajo completo de funcionarios, la guía de normas, así como los procesos para ejecución del presupuesto general correspondiente al periodo 2022 y primer cuatrimestre de 2023.
Aparte de las irregularidades expuestas dentro del IPS, se suman también las masivas denuncias por supuestos hechos de corrupción en los diversos ministerios y secretarías durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. Al respecto, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, como órgano de control interno, ya inició el proceso de fiscalización para identificar hechos punibles. En la primera fase el proceso se centra en las millonarias deudas contraídas con los proveedores y contratistas.
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