Ante las masivas denuncias por supuestos hechos de corrupción en los diversos ministerios y secretarías durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, como órgano de control interno. ya inició el proceso de fiscalización para identificar hechos punibles. En la primera fase el proceso se centra en las millonarias deudas contraídas con los proveedores y contratistas.
“Estamos iniciando hace dos semanas las auditorías, específicamente nos enfocamos en el área de las deudas que tienen las instituciones con los proveedores y contratistas, son fiscalizaciones minuciosas, puntuales. Las deudas refieren a aquellas que son registradas en el sistema de contabilidad pública y las no registradas que fueron llevadas mediante un registro paralelo”, indicó Alberto Cabrera, auditor del Poder Ejecutivo, mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cabrera indicó que actualmente las instituciones auditadas son el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS).
“Yo creo que estaremos emitiendo nuestro informe final en 30 días, por normas internacionales de auditoría y por normas de auditoría gubernamental nosotros podemos aplicar criterios selectivos, entonces la revisión no será en un 100 %, lo que se realizará es la toma de muestras representativas para poder analizarlo”, afirmó.
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Cabrera manifestó que una vez finalizada la auditoría emitirán recomendaciones y conclusiones por cada hallazgo. Agregó que las recomendaciones pueden ser de carácter administrativo, contable, financiero y legal en el caso de que se logre detectar hechos punibles como daño patrimonial.
La auditoría interna del Ejecutivo surge en paralelo con la fiscalización realizada por la Contraloría General de la República, que arrojó como resultado un lapidario informe sobre masivas irregularidades detectadas en varias instituciones del Estado. Actualmente se habla de una escandalosa tragada de G. 4 billones en perjuicio a las arcas públicas.
El informe emitido por la Contraloría es el resultante de 4.000 auditorías correspondientes al ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre de 2023. Entre las instituciones donde se registraron más deficiencias financieras, que podrían ser considerados actos de corrupción, figuran el MEC, MOPC, IPS, el Ministerio del Interior, Petróleos Paraguayos (Petropar).
La lista de entes continúa con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Aduanas, la Comisión Nacional de Juegos de Azar, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Industria Nacional del Cemento (INC), entre otras instituciones.