La Comisión Bicameral se reunió esta mañana a fin de analizar los informes proveídos por la Contraloría General de la República (CGR), que expuso la deficiencia financiera en diversas entidades, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS). Al respecto, la Bicameral citó al expresidente de la previsional, Vicente Bataglia, quien finalmente decidió no presentarse.
“Me apresuro en señalar la imposibilidad de asistir a la invitación cursada. Me encuentro con el mismo debate, con investigación y consideración ante el Ministerio Público; por lo que el ámbito natural de descargo y defensa debe ser la carpeta fiscal”, expresó Bataglia a través de una nota a la Bicameral, refiriendo por qué no se presentará a la citación.
Hace unos meses, la CGR había presentado informes de más de 4.000 auditorías realizadas a instituciones públicas, entre 2022 y parte de 2023, arrojando muchas inconsistencias e irregularidades. Solo en lo que refiere al estado financiero del IPS, se detectó un supuesto desfalco equivalente a G. 1 billón, por lo cual la Contraloría presentó una denuncia formal ante la Fiscalía.
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“Al culminar la auditoría en agosto, presentamos el informe y dictamen sobre la ejecución presupuestaria del año pasado y ese informe se encuentra ahora en el ámbito de la auditoría forense para ser remitida al Ministerio Público, en el caso de que se detecte la comisión de hechos punibles. Además, ya firmamos el plan de auditoría para el año que viene”, informó Camilo Benítez, contralor de la República, para “Arriba hoy”, por GEN/Nación Media.
El contralor se encontró presente ante la Comisión Bicameral, pero para participar de un conversatorio en su calidad de presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Con respecto a la exposición realizada por la Contraloría, detallando deficiencias financieras, la Bicameral seguirá las diligencias desplegadas.
Solo por mencionar algunas de las deficiencias financieras detectadas por la CGR, 9.355 bienes de la previsional, entre equipos de salud, laboratorio e informática, fueron catalogados como “faltantes”, totalizando así la suma de G. 42.915 millones. Otra de las irregularidades se centra en la aprobación de un préstamo por el consejo administrativo de la previsional en una entidad bancaria por la suma de G. 50.000 millones.
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