El cardenal Adalberto Martínez llegó hasta la cárcel de Tacumbú para poder negociar la liberación de las personas que están retenidas en la penitenciaría. Igualmente el Ministerio Público está trabajando mediante la gestión del fiscal Marcial Machado para poder liberar a las mujeres y otros retenidos.
Martínez indicó “estamos por la vida y preocupados por la situación de los internos” dijo el religioso. Agregó que se acercó al penal por su cuenta porque días atrás “celebramos la misa en este lugar y nos preocupa la situación de los internos”, dijo.
Asimismo los internos quieren hablar con el cardenal Adalberto Martínez y con el ministro de Justicia de Justicia, Angel Barchini para poder liberar a los retenidos en el presidio.
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Igualmente, el Ministerio Público ya está trabajando para liberar a retenidos. El fiscal Marcial Machado es el agente fiscal encargado del presente caso quien ya realizó las primeras comunicaciones para liberar a las personas retenidas.
Nueve personas detenidas
La Policía Nacional procedió a la detención de nueve personas por haber ocasionado disturbios en las inmediaciones de la penitenciaría. Los mismos deberán comparecer ante el Ministerio Público para la declaración indagatoria.
Luego, la Fiscalía tiene la posibilidad de poder presentar la imputación contra los detenidos. Igualmente tendrán que acudir ante el juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelar donde se definirá si se ordena su prisión.
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Cardenal valoró acuerdo histórico de Itaipú y la Ley Hambre Cero
En su mensaje durante el tedeum en la Catedral Metropolitana, el cardenal y arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, puntualizó que en un estado social de derecho se debe apuntar a fortalecer los servicios y garantizar los derechos considerados básicos para una vida digna y plena de las personas que habitan en Paraguay, priorizando a los sectores más vulnerables.
De esta manera, destacó las recientes negociaciones entre el gobierno de Peña y su homologó brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, que permitió el establecimiento de una nueva tarifa en la entidad binacional Itaipú a USD 19,28 kW/mes, que significará para nuestro país un total de 1.250 millones de dólares por año.
“Reconocemos y valoramos los avances en materia económica y, sobre todo, aquellas iniciativas que implican beneficios para el país como el acuerdo logrado con Brasil sobre la tarifa de Itaipú que posibilitará disponer de recursos adicionales para atender las urgentes necesidades sociales, siempre que se apliquen de manera correcta y transparente”, manifestó.
“NO DEFRAUDAR LAS EXPECTATIVAS”
El Gobierno comunicó que los recursos adicionales serán destinados para seis ejes: el fortalecimiento de la educación, la seguridad, el sistema sanitario, el servicio del transporte público, la construcción de infraestructura energética y obras viales en el interior del país.
“Recibimos con beneplácito el anuncio hecho por el Poder Ejecutivo de que se construyen y construirán varios hospitales equipados en el país y aquí en la capital. Se anuncia también la provisión de insumos a los hospitales públicos. Es importante no defraudar las expectativas y las esperanzas de la gente”, indicó Martínez.
TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LICITACIONES
En su mensaje dirigido a las diversas autoridades nacionales y a la ciudadanía en general, Martínez siguió sosteniendo que “la transparencia y la integridad de las licitaciones serán señales claras para evaluar la gestión de las autoridades responsables, en cada etapa del proceso. La información pública del avance de cada licitación es imprescindible”.
LEY HAMBRE CERO, UNA GRAN AYUDA HUMANITARIA
Asimismo, en su homilía destacó el ambicioso programa que impulsará dentro de unos meses el gobierno de Peña, consistente en la provisión de alimentación escolar mediante la Ley Hambre Cero en las Escuelas, para llegar a más de 1.300.000 estudiantes los 180 días del año.
“Consideramos que el proyecto Hambre Cero en las Escuelas, impulsado y fomentado por el Ejecutivo, sería de gran ayuda humanitaria para mitigar las necesidades de alimentación y nutrición de los niños más carenciados del país. Siendo un programa central de Gobierno, todos los sectores sociales, políticos, económicos y, especialmente, la ciudadanía tendrán una mirada cercana a cada detalle del proceso, para su eficiente implementación”, sostuvo.
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Cardenal valoró acuerdo histórico de Itaipú y la Ley Hambre Cero en las escuelas
En la conmemoración por los 213 años de independencia del Paraguay, desde la Iglesia católica resaltaron las políticas públicas que son impulsadas por el gobierno del presidente Santiago Peña, en la búsqueda del desarrollo económico y social de nuestro país.
En su mensaje durante el Te Deum en la Catedral Metropolitana, el cardenal y arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, puntualizó que en un estado social de derecho se debe apuntar a fortalecer los servicios y garantizar los derechos considerados básicos para una vida digna y plena de las personas que habitan en Paraguay, priorizando a los sectores más vulnerables.
De esta manera, destacó las recientes negociaciones entre el gobierno de Peña y su homologó brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que permitió el establecimiento de una nueva tarifa en la entidad binacional Itaipú a USD 19,28 kW/mes, que significará para nuestro país un total de 1.250 millones de dólares por año.
“Reconocemos y valoramos los avances en materia económica y, sobre todo, aquellas iniciativas que implican beneficios para el país como el acuerdo logrado con Brasil sobre la tarifa de Itaipú que posibilitará disponer de recursos adicionales para atender las urgentes necesidades sociales, siempre que se apliquen de manera correcta y transparente”, manifestó.
“No defraudar las expectativas”
El gobierno comunicó que los recursos adicionales serán destinados para seis ejes: el fortalecimiento de la educación, la seguridad, el sistema sanitario, el servicio del transporte público, la construcción de infraestructura energética y obras viales en el interior del país.
“Recibimos con beneplácito el anuncio hecho por el Poder Ejecutivo de que se construyen y construirán varios hospitales equipados en el país y aquí en la capital. Se anuncia también la provisión de insumos a los hospitales públicos. Es importante no defraudar las expectativas y las esperanzas de la gente”, indicó Martínez.
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Ley será de gran ayuda humanitaria
Asimismo en su homilía destacó el ambicioso programa que impulsará dentro de unos meses el gobierno de Peña, consistente en la provisión de alimentación escolar mediante la Ley Hambre Cero en las escuelas, para llegar a más de 1.300.000 estudiantes los 180 días del año.
“Consideramos que el proyecto Hambre Cero en las escuelas, impulsado y fomentado por el Ejecutivo, sería de gran ayuda humanitaria para mitigar las necesidades de alimentación y nutrición de los niños más carenciados del país. Siendo un programa central de Gobierno, todos los sectores sociales, políticos, económicos y, especialmente, la ciudadanía tendrán una mirada cercana a cada detalle del proceso, para su eficiente implementación”, sostuvo.
Transparencia e integridad en licitaciones
En su mensaje dirigido a las diversas autoridades nacionales y a la ciudadanía en general, Martínez siguió sosteniendo que “la transparencia y la integridad de las licitaciones serán señales claras para evaluar la gestión de las autoridades responsables, en cada etapa del proceso. La información pública del avance de cada licitación es imprescindible”.
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Detienen a tres personas por hurto y recuperan aparatos celulares
La Policía Nacional detuvo a tres personas luego de una persecución, debido a que las mismas habrían hurtado dos aparatos celulares. Los detenidos fueron identificados como Patricio Samuel Silva Morel, de 20 años, Ruth Mabel Figueroa, de 18 años y Fernando Darío Benítez Bogado, de 24 años.
Durante el procedimiento fueron recuperados dos aparatos celulares, producto del ilícito. La intervención fue realizada por personal de la Comisaría 16ª de Asunción. Los aprehendidos y los objetos recuperados quedaron a disposición de las autoridades competentes.
Ahora, el Ministerio Público tendrá que convocar a los detenidos para la audiencia indagatoria, donde los mismos tendrán derecho a declarar y defenderse. En caso que no lo hagan se dejará constancia y el fiscal del caso podría avanzar en el presente caso presentando la imputación, si se tienen los elementos de sospecha correspondientes.
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En caso de presentarse la imputación, se tendrá que pedir una medida cautelar que podría ser la prisión preventiva de los aprehendidos. Luego los mismos deberán acudir al Poder Judicial donde se desarrollará la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son remitidos a una penitenciaría de nuestro país.
Si el juez de turno decide decretar la prisión preventiva, la defensa de los imputados podrá apelar el fallo judicial y en caso de producirse eso será un tribunal de apelación el que tendrá que decidir si se ratifica la resolución de primera instancia.
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Caso tía Chela: Prieto entregó kits a personas que residían en el exterior
Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La amañada licitación de las compras covid de alimentos para personas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la población esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado proceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudicadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas conforme al contrato.
La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia incorporan informes de trazabilidad de operaciones de la Subcretaría de Tributación, análisis de procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Contrataciones Públicas, periciales del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia policial que revelan un simulacro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.
Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimentos de Miguel Prieto es la apurada contratación del autoservice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño negocio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudicar contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licitación por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para provisión de almuerzo escolar.
Dicho por la mamá de Ávalos, el padre de este no estaba interesado en ninguna licitación y con el contrato que tenía en ejecución la confitería Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no disponía lo que ofertaba a la municipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente funcionaria contratada por su administración.
Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subproveedora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habitual de ambas estructuras jurídicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica realizada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico superando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado inconsistencias, describe el acta de imputación basado en informes tributarios.
“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bienes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permiten suponer que Fermín Ávalos Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adquisición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputación fiscal.
EN EL EXTRANJERO
Según la pesquisa fiscal, existen fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fueron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.
“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministerio Público por la Municipalidad de Ciudad del Este elaborados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el documento que cita algunos nombres a continuación de personas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros departamentos.
Otro informe técnico pericial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficiarios confirma que algunas “fueron llenadas y firmadas por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron creadas a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.