La Procuraduría General de la República insta a los ocupantes vip de la finca 916, padrón 14.638, en el distrito de Villa Hayes, a entregar voluntariamente los inmuebles con el fin de evitar sobrecostos en litigios. Desde la institución evalúan impulsar un juicio de reivindicación, entre otras acciones legales, en torno a las 131 hectáreas que conforman la zona denominada Jardines de Remansito, pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional.

“Dos personas que ocupaban esos inmuebles han entregado voluntariamente y eso exonera al Estado de litigar para recuperar la posesión de las tierras. Esperamos que sigan el ejemplo las demás personas de modo de ahorrarnos unos costos innecesarios; litigar tiene sus costos, no solo para nosotros, sino también para ellos”, manifestó el procurador general de la República, Marco Aurelio González, mediante una entrevista con el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media.

El alto funcionario comentó que desde el Ejecutivo analizan impulsar un juicio de reivindicación sosteniendo que existe la seguridad de que las tierras pertenecen al Estado. “Tenemos mucha información, pero nos faltan los datos puntuales y más importantes, que son los datos que los ocupantes deben acercar al juzgado de manera obligatoria. Desde la Procuraduría contamos con alguna hipótesis de acciones, como por ejemplo un juicio de reivindicación, pero no descartamos otras medidas”, refirió González en el estudio de GEN.

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El procurador general manifestó que los calificados como “ocupantes vip” no poseen derechos para exigir al Estado algún resarcimiento por las construcciones realizadas en las tierras de la cartera de Defensa Nacional, debido a que las obras no pueden ser consideras como mejoras.

“Ellos no pueden reclamarle nada al Estado, no puede considerarse mejoras debido a que no es el destino que el propietario (Ministerio de Defensa) pensaba para esos bienes, si alguien tiene que reclamar algo es el Estado a ellos, como una indemnización, destrucción de la cosa, reparación, desalojo o si existen los elementos de hechos punibles denunciar ante la Fiscalía”, sentenció.

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Respecto a las declaraciones del intendente de Villa Hayes, Luis López, quien aseguró que la finca 916 pertenece al municipio, comentó: “Si bien existe un decreto que habla que estos bienes iban a ser trasladados al Ministerio de Agricultura, eso nunca llegó a hacerse efectivo. El decreto sostiene que se debía formalizar vía Escribanía Mayor de Gobierno y tenemos conocimiento que eso no existió, entonces siempre continuó siendo propiedad del Ministerio de Defensa. El derecho registral paraguayo y el Código Civil son claros al determinar que solo el propietario de un inmueble puede realizar el traslado”.

El viernes pasado, a través de una conferencia de prensa, el jefe comunal alegó que el 25 de enero del año 2002 el entonces presidente de la República, Luis Ángel González Macchi, dictó el Decreto n.º 16250 por el cual se dispuso la desafectación del Ministerio de Defensa Nacional y afectase a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) parte del inmueble individualizado como finca 916, del distrito de Villa Hayes, de aproximadamente 189 hectáreas. El decreto atribuía el trámite al desaparecido Instituto de Bienestar Rural (IBR), pero no corrió con los mecanismos legales.