El abogado y exdiputado colorado Óscar Tuma sostuvo que desde el momento en que se comprueba que no existe una confirmación válida de los documentos, se está hablando de un mero “chisme”, respecto a los informes espontáneos y sin valor probatorio que fueron enviados desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a los Estados Unidos.
En una entrevista con La Nación/Nación Media, brindó su parecer sobre los supuestos documentos oficiales de los Estados Unidos, contra el exmandatario Horacio Cartes, y que menciona incluso al actual presidente de la República Santiago Peña, los cuales estarían basados en información parcial y sin valor probatorio que fueron utilizados para la persecución política.
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En ese sentido, dijo que hablar de documentos que no tienen sustento legal es referirse a situaciones inexistentes. “Desde el momento que no existe una confirmación de que supuestamente este informe está basado en datos válidos estamos hablando de chismes y especulaciones que cada uno puede sacar las conclusiones que quiera. Pero dentro del ámbito jurisdiccional, esas simples manifestaciones hacen que carezca de todo valor”, comentó.
Por tanto, explicó que situaciones como estas con el tiempo van perdiendo fuerza, porque no se puede sustentar una noticia o generar una situación política, basados en especulaciones o documentos que no contienen firmas, que nadie se hace cargo de la autenticidad o la autoría de los mismos.
“Darle credibilidad a estas cosas, procesalmente es imposible y darle credibilidad mediática a este tipo de información le resta credibilidad como medio, porque están divulgando información no corroborada o que se sustenta en chisme”, indicó.
Remarcó que lo único que queda en evidencia es la fuerte persecución política que se está haciendo contra el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes y que esta misma percepción es la que tuvo la ciudadanía.
La organización sin fines de lucro Distributed Denial of Secret, dedicada a la filtración y archivo de documentos, publicó en su sitio web documentación relacionada a investigaciones generadas desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero que hacen referencia al expresidente Cartes.
La filtración incluyó documentos de carácter confidencial y sin valor probatorio acerca de los vínculos y actividades comerciales del expresidente. En total, la filtración consiste en 28 reportes totalizando unas 1.620 páginas.
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Protección de datos: por qué Paraguay necesita una ley hecha a medida
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Actualmente, el Congreso es escenario de discusión del proyecto “De protección de datos personales en Paraguay”, que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales en relación al uso y tratamiento de la información personal. A pesar de que la intención de la propuesta es valorada, expertos en la materia consideran necesario que Paraguay posea un modelo regulatorio propio.
“Celebro que el tema sea objeto de análisis en nuestro país, pues la sociedad y el mercado así lo requieren, considero que Paraguay se encuentra en un momento crucial, aunque el punto de partida de este tema tuvo una importante omisión, el debate sobre el modelo regulatorio que nuestro país necesita”, afirmó Stephan Vysokolán, abogado y experto con Certificación Internacional en Protección de Datos.
El proyecto de ley fue aprobado el pasado 27 de mayo en la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su tratamiento. "La protección de datos como derecho fundamental o como derecho individual del consumidor, este debió ser el punto de partida en el análisis de esta iniciativa“, señaló como uno de los principales cuestionamientos.
Vysokolán agregó que otro punto cuestionable es que un 70 % del documento aprobado por los Diputados es copia fiel del reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, razón por la cual será de difícil aplicación y cumplimiento en Paraguay.
“Si bien es importante hacer notar que el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea contiene principios y estándares de cumplimiento y protección muy elevados -extremo que lo convierte a nivel nacional en el instrumento normativo más importante en esta materia-, no podemos ignorar las diferencias entre la sociedad europea y la paraguaya; por ende, una copia textual podría resultar ineficaz e incluso perjudicial para nuestro país“, advirtió.
Sobre el cuestionamiento a la falta de debate sobre el modelo regulatorio que el Paraguay necesita, el experto dijo que “actualmente la normativa europea reconoce tal protección como un derecho fundamental y lo regula en consecuencia bajo esa premisa o circunstancia específica. Por su parte, el modelo regulatorio de Estados Unidos, China y otros países considera a la Protección de Datos como un derecho individual del consumidor“.
Vysokolán acotó a su crítica que “en la Cámara de Diputados en principio debió debatirse este tema, determinar previamente si en Paraguay este derecho sería fundamental o un derecho del consumidor, y a partir de ello, optar por el modelo regulatorio que sería considerado la base de nuestra legislación, sea un modelo centralizado, híbrido o cectorial".
El abogado insistió en que se debió dar participación en la discusión del proyecto de ley a autoridades nacionales y representantes del sector privado. “El Estado paraguayo, de acuerdo a sus políticas públicas en materia de captación de inversiones, debe establecer el norte a seguir y tal cuestión debió ser comunicada al Congreso", remarcó.
Agregó que, a partir de ello, si nuestro país tiene intenciones a largo plazo de establecer mayores lazos comerciales con Europa, es probable que sea más conveniente tener en cuenta varios aspectos del reglamento general de la Unión Europea; pero si por el contrario, las políticas públicas en materia de inversiones nos focalizan en acuerdos con Estados Unidos, China, Brasil, entre otros, “lo recomendable sería adaptar nuestra legislación a la tendencia de tales países en materia de protección de datos”, enfatizó.
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Impacto en la inversión nacional y extranjera
Vysokolán refirió que la regulación europea en materia de protección de datos es altamente restrictiva y contiene estándares de cumplimiento elevados en cuestiones relacionadas con la innovación y la tecnología.
“Importar ciertos aspectos de tal regulación podría afectar a las importantes inversiones que empresas paraguayas están realizando, como así también inversiones extranjeras que pretenden desembarcar en nuestro país en el rubro de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las Fintech, entre otros modelos de negocios“, puntualizó.
Añadió que una regulación altamente restrictiva en materia de protección de datos, tal como se plantea en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, “podría ahuyentar capital extranjero, viéndose afectada de esa manera nuestra economía nacional. Otra cuestión a tenerse en cuenta son los altos costos que implica tener una regulación rigurosa y restrictiva en materia de protección de datos, especialmente para las entidades financieras, de crédito y las pymes“.
El experto manifestó que considerado las políticas públicas actualmente trazadas por el gobierno de Santiago Peña, en materia de captar inversiones, “la opción más viable sería establecer un modelo regulatorio híbrido, de esa forma, nuestra regulación tendría mayor versatilidad y eso facilitaría la labor del gobierno como del empresariado paraguayo en su afán de captar inversión extranjera, pues, la existencia de barreras altamente restrictivas en materia de protección de datos podría ahuyentar a potenciales inversores de regiones especificas del continente".
Finalmente, Vysokolán considera que contar con una Ley General de Protección de Datos Personales será una oportunidad para fortalecer la confianza de los ciudadanos con respecto al tratamiento de sus datos, que a su vez es un aspecto clave en la atracción de inversión extranjera.
“Esto también tiene directa relación con el acceso a la innovación que todo país tercermundista requiere. Pero para lograr lo expuesto, debemos evitar la trampa de la copia fácil y optar por un modelo regulatorio que adecue a nuestro país“, concluyó.
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Reglamento 1115 de la UE: ¿ambientalismo o proteccionismo?, esto dice UGP
La Unión de Gremios de la Producción (UGP) sigue poniendo en tela de juicio las multas que quiere imponer la Unión Europea (UE) en caso de no cumplir con las exigencias establecidas en el marco del Reglamento 1115.
Para el gremio, las medidas que quieren imponer son irracionales y solo buscan bajar el precio de la soja paraguaya, de altísima calidad. Cuestionan la categoría de riesgo estándar que le asignó la UE a Paraguay, que implica mayores controles y auditorías sobre las exportaciones, a diferencia de países como China, EE. UU. e India, que tienen altos niveles de emisión de gases de efecto invernadero.
En su boletín semanal, el gremio realizó un análisis sobre qué es lo que podría impulsar al mercado europeo avanzar con este reglamento, y poner trabas a nuestro país, al igual que a Argentina, Brasil y Rusia.
Historia
Hugo Jiménez de Recalde recordó que hasta inicios de 1800, las cédulas reales eran documentos oficiales del Antiguo Régimen europeo, donde la corona comunicaba a las autoridades locales la voluntad real sobre diversos asuntos políticos, organizativos y administrativos. Estas disposiciones no se discutían, se imponían.
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Ante los abusos de poder de la Corona y la expoliación de las colonias americanas, el proceso de emancipación de España y la constitución de repúblicas independientes dieron lugar a un cambio radical en el mapa del Nuevo Mundo. La primera nación latinoamericana en independizarse —en este caso de Francia— fue Haití, en 1804. Le siguieron Paraguay (1811), Argentina (1816), Chile (1818), Perú (1821), Ecuador (1822), Brasil (1822), Bolivia (1825) y otras.
“Hace unos días, como reeditando aquellas decisiones imperiales, la UE-27 publicó la lista de países proveedores de bienes agropecuarios y forestales, junto con sus respectivas clasificaciones de riesgo”, expresó.
Luego, mencionó que en la categoría de bajo riesgo fueron incluidos Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, China, Chile y Uruguay, entre otros. Argentina, Brasil y Paraguay fueron colocados en la categoría de riesgo estándar o medio, mientras que Rusia fue clasificada como país de riesgo alto.
Afirmó que esta clasificación se basa en criterios como la tasa de deforestación o degradación forestal, la expansión de tierras agrícolas y la tendencia de producción de materias primas y productos relevantes. En consecuencia, el Imperio Europeo, bajo el pretexto de “cuestiones ambientales”, disfraza su espíritu proteccionista y lo transforma en un argumento ambiental.
Luego, expuso que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), una fuente respetada y confiable en el mundo entero, presenta una amplia colección de trabajos sobre áreas de producción, población, emisiones de CO₂ y gases de efecto invernadero. Allí se pueden explorar las emisiones de numerosos países y regiones, de dónde provienen, cómo evolucionarán en el tiempo y qué factores las impulsan.
Finalmente, precisó que para poner algún criterio objetivo en la comparación de emisiones, deben considerarse múltiples métricas: emisiones anuales por país, emisiones por persona, contribuciones históricas y si se ajustan o no a los bienes y servicios comercializados.
“Ante la necesidad de producción de alimentos para una población cada vez más numerosa, y el papel de las naciones para enfrentar este desafío consagrado en el ODS 2, conocido como “Hambre Cero”. Este objetivo busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover una agricultura sostenible. Busca, en definitiva, asegurar que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos durante todo el año, especialmente los más vulnerables”, aseveró.
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Desestimación fiscal confirma que se montó una persecución política contra Cartes
El abogado Pedro Ovelar, quien ejerce la representación legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, se refirió sobre la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio, contra su cliente.
“Esto es el corolario de una trama muy bien montada en su tiempo por el exgobierno de Mario Abdo Benítez y sus ministros, donde coordinadamente, desde diciembre del 2021 y enero del 2022, empieza una campaña de desprestigio, creación de denuncias falsas, tergiversaciones sobre la conducta empresarial de Cartes“, sostuvo Ovelar, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.
“De manera falsa, tergiversada y exagerada, se realizaron calificaciones sobre la conducta de Horacio Cartes, sobre todo su entorno familiar y todas sus empresas, especialmente Tabesa. Esto fue para perseguir políticamente a Horacio Cartes, esto es lo que hoy se desestima. El Ministerio Público hoy trae muchísima luz en este tema particular", dijo el abogado.
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Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del año 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
“Con esa denuncia y la persecución política se dieron una serie de hechos que la ciudadanía debe conocer, muchas de las familias paraguayas fueron afectadas (pérdida de trabajo) por ese odio. Ellos (abdistas) quisieron ganar las elecciones, tomar un atajo eliminando al adversario político", dijo.
El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa ya fueron acusados los miembros de su gavilla, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
Mientras que en el Congreso Nacional, aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado.
“Son unos falsos a qué temen. Horacio Cartes fue sometido a una profunda investigación por todos los casos que se le denunciaron, estamos en condiciones de sostener la inexistencia de esos ilícitos que ellos señalan, la falsedad en las afirmaciones de Giuzzio y todos los denunciantes. Esto se trató nada más y nada menos que la mayor persecución política vivida en la era democrática utilizando el terrorismo de Estado como herramienta“, sentenció.
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Caso Boidanich: defensa de exministro cuestiona el actuar de la Fiscalía
Claudio Lovera, abogado del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la acusación del Ministerio Público, contra su cliente por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal realizada por funcionarios.
“Yo le puedo señalar a la ciudadanía que el 100 % de los bienes de Messer fueron oportunamente secuestrados, embargados y totalmente comisados“, sostuvo este jueves en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera siguió sosteniendo que “cómo se sostiene lógicamente de que haya supuestamente una demora para beneficiar a alguien en materia de bienes, pero este alguien durante todo ese lapso de tiempo no realiza ninguna conducta tendiente a asegurar o ocultar que no sean accesibles esos bienes. Esto es una contradicción relevante, porque la Fiscalía habla de meses de demora“.
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Según la imputación presentada por los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, presuntamente Boidanich habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias.
Messer, fue condenado en Brasil por el caso Lava Jato a una pena privativa de libertad de más de 13 años, como parte de una delación premiada. La imputación también alcanza a las exfuncionarias Paloma Cuevas y Melissa Parodi, según consta en acta.
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