El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que solo en Asunción y el departamento Central, la Policía Nacional tiene cuantificados unos 90.000 jóvenes adictos a algún tipo de droga, de los cuales el 80% aproximadamente cometió algún tipo de delito menor conocido como bagatelario.
Indicó que efectivamente estos delitos son cometidos bajo los efectos de las drogas, por lo que estos jóvenes podrían cometer delitos más graves como homicidio o robro agravado.
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“Ahora sí puedo dar algunas cifras ya en base a números oficiales, que maneja la Policía pero en números redondos, lamentablemente en Capital y Central, hay 90.000 jóvenes menores de 25 años que son adictos a las drogas”, manifestó en comunicación con MegaTv.
En ese marco, recordó el plan de Gobierno “Chau Chespi”, que el Ministerio del Interior, junto con la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas Senad están abocados a trabajar en la lucha contra la oferta, es decir combatir tanto el micro como el narcotráfico a gran escala.
Señaló que dentro de este plan se encuentra el Ministerio de Salud Pública que se encargará de la demanda, es decir de las personas que consumen y no pueden salir por sí solos de las adicciones. “La idea es enfocarlo como problema de salud pública para que los chicos que han caído en las drogas puedan recuperarse mediante el tratamiento médico y que sean desintoxicados”, acotó.
Mencionó que ante esta situación se viene desarrollando la capacitación del personal de Salud Pública, en cursos de tres semanas como mínimo. Señaló que en estos cursos participan los responsables de las Unidades de Salud Familiar (USF), que son más de 200 puntos a nivel de Central y Capital.
Finalmente, señaló que el plan de gobierno trabaja además en el tema de prevención, desde el Ministerio de Salud Pública y otras organizaciones que trabajan en ese campo. Con todo este plan de tres frentes, esperan que en poco tiempo se logre reducir los números de focos de distribución de narcóticos y de las adicciones, y en consecuencia reducir los índices de inseguridad en Asunción y Central.
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Diputados sancionan acuerdo SOFA entre Paraguay y Estados Unidos
La Cámara de Diputados sancionó este martes en sesión extraordinaria, el proyecto de ley que ratifica el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) suscrito entre la República del Paraguay y los Estados Unidos de América, instrumento que establece el marco jurídico para regular la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense en territorio nacional en el marco de actividades de cooperación bilateral.
El “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América Relativo al Estatuto de las Fuerzas” es una iniciativa que tiene como objetivo principal definir reglas claras, previsibles y recíprocas respecto a aspectos operativos, jurisdiccionales y administrativos vinculados a misiones conjuntas, entrenamientos, asistencia técnica y acciones de cooperación en materia de seguridad y defensa.
Según la exposición de motivos, el acuerdo busca fortalecer las capacidades del Estado paraguayo frente a desafíos contemporáneos como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo internacional y los riesgos emergentes vinculados a ciberataques y nuevas tecnologías, amenazas que, según se argumentó, requieren de una cooperación internacional más estrecha.
El documento establece disposiciones relacionadas con jurisdicción penal, privilegios e inmunidades, movilidad del personal extranjero, reconocimiento de licencias profesionales y operación de vehículos, señalando que dichas actividades deberán desarrollarse con respeto a la soberanía nacional y al ordenamiento jurídico paraguayo.
Fundado en el derecho internacional
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Añazco, explicó durante la sesión que, desde el punto de vista jurídico, el acuerdo se fundamenta en principios del derecho internacional y en la facultad soberana de los Estados para celebrar tratados, conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Asimismo, sostuvo que este tipo de instrumentos son habituales en esquemas de cooperación militar y humanitaria entre países.
Por su parte el diputado Pedro Ortiz, presidente de la Comisión de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno destacó el fortalecimiento de las capacidades militares mediante entrenamientos conjuntos, transferencia de conocimientos, asistencia técnica y preparación ante emergencias y desastres, además de mejorar la respuesta estatal frente a redes criminales transnacionales que operan en la región.
Esfuerzo conjunto
A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico requiere de un esfuerzo conjunto entre el Estado y la comunidad internacional.
“No podemos solos, quiero ganar la guerra a las drogas y ofrecerles un país seguro a mis hijos”, expresó, al remarcar la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado
El acuerdo también apunta a otorgar seguridad jurídica a las operaciones de cooperación internacional, evitando vacíos legales mediante reglas claras sobre responsabilidades, jurisdicción e inmunidades del personal extranjero.
Durante el debate parlamentario, legisladores de la oposición manifestaron inquietudes respecto a las disposiciones vinculadas a privilegios e inmunidades contempladas para el personal estadounidense, particularmente, en lo referente a la jurisdicción penal y eventuales limitaciones para que ciudadanos extranjeros sean juzgados por tribunales paraguayos.
La aprobación del proyecto se sustenta en el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso Nacional a dictar, modificar y aprobar leyes y tratados internacionales, consolidando así la cooperación entre estados en materia de seguridad y defensa.
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Paraguay es sede de cumbre agrícola entre Corea y América Latina
Paraguay es sede de la quinta Asamblea General de la Iniciativa de Cooperación en Agricultura entre Corea y América Latina (KoLFACI), un encuentro internacional que reúne a investigadores, técnicos y autoridades del sector agrícola de varios países.
La reunión se realiza en Asunción y congrega a representantes de 15 países de América Latina junto con Corea del Sur, con el objetivo de fortalecer la cooperación científica y el intercambio de conocimientos en el sector agropecuario. El evento será hoy y mañana 10 de marzo de 2026 en el Hotel Hilton Garden Inn de Asunción.
El 4º presidente de KoLFACI y presidente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Ing. Agr. Edgar Esteche, instauró la declaración oficial de apertura de la 5ª Asamblea General, agradeciendo la presencia de los representantes de las distintas instituciones. Destacó que esta iniciativa de cooperación para la agricultura en América Latina y el Caribe ha trabajado en conjunto con los Ministerios de Agricultura y institutos de investigación de los diversos países, creando oportunidades para compartir experiencias, conocimientos y promover la transferencia tecnológica.
La iniciativa KoLFACI funciona como una red de colaboración que busca desarrollar nuevas tecnologías para mejorar la producción agrícola y promover prácticas más sostenibles en el campo. A través de este espacio, los países participantes comparten experiencias, avances científicos y proyectos que buscan aumentar la productividad de los cultivos y mejorar la seguridad alimentaria.
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Durante la asamblea se presentan los resultados de distintos proyectos que ya están en marcha dentro de la iniciativa y se definen nuevas áreas de trabajo para los próximos años. Entre los temas que se analizan se encuentran:
- el mejoramiento de cultivos
- el manejo sostenible de los recursos naturales
- y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para el sector agrícola.
El encuentro es organizado por el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) con apoyo de organismos internacionales vinculados al desarrollo agrícola. Paraguay cumple actualmente un papel relevante dentro de esta iniciativa, ya que el presidente del IPTA ocupa la copresidencia del programa, lo que posiciona al país como un actor importante en la cooperación agrícola entre Corea y América Latina.
Desde el IPTA indican que este tipo de reuniones es clave para un país como Paraguay, cuya economía depende en gran medida del sector agropecuario. El intercambio de conocimientos y la cooperación internacional permiten acceder a nuevas tecnologías, mejorar la productividad del campo y fortalecer la competitividad del agro paraguayo en los mercados internacionales.
Además, el hecho de que Paraguay sea sede del encuentro refuerza su papel dentro de las redes internacionales de investigación agrícola.
Jorge Ganoza Roncal, copresidente de la quinta Asamblea General, resaltó los objetivos de esta cooperación y el trabajo de los diversos proyectos orientados a enfrentar desafíos para mejorar la calidad del suelo, la productividad y la calidad genética, en el marco de sistemas agrícolas modernos para América Latina.
Estas investigaciones están orientadas al fortalecimiento de la agricultura en América Latina y comparten el objetivo de impulsar la innovación, la sostenibilidad y mejores resultados para pequeños y medianos productores.
Los proyectos se desarrollan en conjunto con diversos países de la región como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, entre otros.
Por su parte, el administrador de la Administración de Desarrollo Rural de la República de Corea (RDA), Kwangho Choi, destacó que esta asamblea se realizó por primera vez de manera presencial, señalando que actualmente existen 16 investigaciones conjuntas desarrolladas en 14 países miembros, abarcando áreas como desarrollo de semillas, tecnologías de cultivo apropiadas, manejo postcosecha, agricultura climáticamente inteligente y aplicación de tecnologías digitales.
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Docentes se concentran en plaza céntrica para seguir dictamen sobre caja fiscal
Educadores de varios puntos del país comenzaron a llegar hasta la ciudad de Asunción con el fin de iniciar las movilizaciones en torno al tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal, previsto para este miércoles en el Senado, y que esta mañana tendrá dictamen de la Comisión de Hacienda a partir de una reunión con el ministro Carlos Fernández Valdovinos de Economía.
El sitio de partida es la Plaza de la Democracia para marchar hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y luego hasta el punto de concentración, que será la Plaza de Armas, localizada frente al Congreso Nacional con la finalidad de seguir de cerca el dictamen que emitirá la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado en torno a la propuesta ejecutiva cuyo tratamiento en el plenario se encuentra previsto para mañana miércoles 11 de marzo.
“En el Senado, la versión de Hacienda tiene mucha fuerza y creo que hemos tenido reuniones muy importantes con los diferentes sectores, llegamos a acuerdos interesantes con el sector docente”, comentó el senador Silvio Ovelar, quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto, a los medios de prensa.
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El parlamentario acotó: “Estamos en un orden del 90 a 95 % de acuerdo y lo mismo se da con representantes de las fuerzas públicas, con quienes estamos discutiendo la edad de jubilación“.
Desde tempranas horas de este martes, la Policía Nacional desplegó un contingente de uniformados para el resguardo de la seguridad en dichos puntos de movilización, así como en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), la presidencia de la República y la vicepresidencia.
El operativo policial se extenderá hasta el jueves 12 de marzo. Durante los días de movilizaciones, los buses que transporten a los manifestantes hasta Asunción, permanecerán estacionados en la Costanera Norte.
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Militares y policías se acoplarán el miércoles a la movilización docente en Asunción
El presidente de la Asociación de Suboficiales Retirados, Carlos Silvero, indicó que se sumarán este miércoles 111 de marzo a la movilización de los docentes en Asunción, en el marco del tratamiento de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores, para custodiar los derechos adquiridos del sector.
“El 99 % de los líderes de las fuerzas públicas, militares y policías decidimos acompañar la manifestación pacífica, el día de mañana, en Asunción y también en otros puntos del país. Vamos a marcar presencia. Nos plantamos en el hecho de mantener nuestros derechos adquiridos”, refirió el representante gremial, este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El pasado 25 de febrero, las fuerzas públicas presentaron a la mesa técnica del Senado, impulsada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto a cargo de Silvio Ovelar, cuatro peticiones específicas para su estudio. En la contrapropuesta peticionaron modificar la edad mínima, la tasa de sustitución, entre otros puntos que fueron aprobados por Díputados.
Los uniformados solicitan a los senadores la incorporación de una cláusula de protección que establezca un período de 10 años para el personal de la Policía Nacional y de 15 años para las Fuerzas Armadas, como base para el reconocimiento de los derechos adquiridos por el personal activo.
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En la contrapropuesta también plantearon que no sean derogados los artículos de la Ley 7280/2024, referente a la reforma de la Policía Nacional, con el objetivo de proteger los beneficios para pensionados y herederos en casos de fallecimiento en actos de servicio, enfrentamientos, incapacidad o accidentes derivados del cumplimiento del deber.
Requieren revertir la versión aprobada por Diputados, que limita a 3 años el beneficio para las pensionadas. Asimismo, propusieron ajustes técnicos en lo relativo a la devolución de aportes con la finalidad de garantizar un sistema más equitativo.
La propuesta consensuada con las organizaciones de la Policía Nacional, los círculos y clubes de las Fuerzas Armadas y suboficiales fija la jubilación en el 100 % para el personal activo que cumpla con 35 años de servicio y 55 años de edad. Para la jubilación extraordinaria plantean que sea a partir de 20 años de aporte, con el 50 % de la jubilación. Aclararon que no se oponen al incremento de los porcentajes de aporte, siempre que se preserve la integridad de los beneficios establecidos.