El diputado del Partido Colorado, Walter Harms, indicó que la aprobación del proyecto de declaración que insta a la Argentina a eliminar inmediatamente el cobro de peaje fluvial a las embarcaciones paraguayas, dependerá de la fractura que pueda existir en el bloque de los parlasurianos del vecinos país, debido a que cuentan con mayoría propia en el estamento.

“Sentamos postura sobre los derechos del Paraguay, de los acuerdos internacionales que se deben respetar sobre la libre navegabilidad, resaltando el gran perjuicio económico que esto causa. Para poder tratar este tema ayer (lunes) en sobre tablas se necesitaba de una mayoría calificada que no lo pudimos conseguir, pero sí conseguimos los votos para que se instale como un debate político durante la sesión”, comentó.

El proyecto de declaración fue girado a la comisión de Infraestructura del Parlasur que deberá emitir un dictamen para su posterior tratamiento en el pleno a finales del mes de setiembre. “La aprobación del proyecto dependerá de nuestra capacidad de negociación, así como de la asistencia de los brasileros, quienes suelen ser los más reacios para asistir a las sesiones”, comentó el legislador.

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El país vecino decidió aplicar el cobro de un peaje de USD 1,47 por tonelada de embarcación a los países que comparten la vía fluvial desde el pasado 1 de enero. Desde su anuncio, la medida es cuestionada y considerada ilegal por la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía que integran Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay.

El cobro de este peaje es compulsivo y arbitrario, Argentina siempre tiene estas posiciones egoístas. Estamos con una minoría en votos, nosotros somos apenas 36 con el bloque de Uruguay que nos apoya, dependerá mucho de cuál sea la fractura que hay en la delegación Argentina. Necesitamos 59 votos y Argentina tiene 58 parlasurianos, algunos nos apoyan y otros defienden la posición del gobierno”, indicó en una entrevista con la radio 650 AM.

Harms añadió que la vía más efectiva para la erradicación del cuestionado peaje sería la intervención inmediata del propio presidente electo, Santiago Peña, una vez que asuma la titularidad del Ejecutivo el próximo 15 de agosto. Esto, con la finalidad de que pueda convencer al mandatario argentino, Alberto Fernández, que “está mal, pero hay que ser realista, en estos momentos tan cercanos a unas elecciones en Argentina, no creo que derogue a motu propio esta disposición”.

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