Óscar Llamosas renunció a su cargo como titular del Ministerio de Hacienda y de acuerdo a la información que se maneja hasta el momento, el exministro iría a un alto cargo en Fonplata, un banco de desarrollo conformado por varios países de la región, entre ellos Paraguay.
Llamosas se despidió de Hacienda este viernes 4 de agosto, según confirmaron a La Nación/Nación Media, tras estar en el cargo durante más de dos años, luego de haber asumido la titularidad de Hacienda en 2020. Reemplazó a Benigno López, quien también renunció. Anteriormente se desempeñó como ministro de Administración Financiera de la misma cartera.
Llamosas habría presentado su renuncia al presidente de la República, Mario Abdo, este viernes, y según indicaron a Nación Media, el economista recibió un ofrecimiento para formar parte del plantel de Fonplata, el cual está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y tiene su sede en Santa Cruz, Bolivia.
Uno de los actuales viceministros reemplazaría a Llamosas y todo indica es que el actual viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, sería quien asumiría la titularidad de Hacienda, de modo de culminar con este periodo de gobierno, que se extiende hasta el 15 de agosto.
Los funcionarios del Ministerio de Hacienda despidieron con aplausos este viernes a Óscar Llamosas, y destacaron que fue el primer funcionario de carrera en llegar al más alto cargo dentro de la institución.
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
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Primer trimestre: ejecución presupuestaria del MOPC alcanzó USD 200 millones en obras
La ejecución de las obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) arrancó de forma positiva en este 2025, acompañada por las buenas condiciones climáticas, según indicó Marco Elizeche, viceministro de Administración y Finanzas del MOPC. Al primer trimestre de este año ya se ejecutaron unos USD 200 millones del presupuesto de más USD 900 millones .
Esto obedeció al ritmo de los trabajos, ya que el año pasado arrancaron varios proyectos que hoy están madurando, es decir, se van ejecutando más rápido, lo cual hizo que la parte financiera se mueva al mismo ritmo. “Prácticamente si comparamos con el año anterior es un 70 % más ejecutado”, explicó a la 920 AM.
Aseveró que se dio un buen clima para el sector de la construcción, aunque en las últimas semanas se reportaron lluvias que extendieron procesos. Este movimiento no solo correspondió a las obras viales, que si bien fueron las más importantes, se tuvieron hospitales, escuelas, mantenimientos de dragado del río Paraguay, además de la nueva Academil, que tendrá unos 35.000 metros cuadrados de edificación.
Según había informado la cartera, el presupuesto del MOPC para este año 2025 es de USD 972 millones para obras públicas, con un enfoque particular en proyectos urbanos, hospitales, escuelas y grandes obras viales. A esto se suman, USD 491 millones, provenientes de la negociación de la tarifa de Itaipú.
Entre las obras para este año que anunciaron, figuraban la duplicación del corredor Tape Tujá de la avenida General Aquino con el viaducto de Las Residentas, la ampliación de la ruta entre el aeropuerto Silvio Pettirossi y Mariano Roque Alonso, y el asfaltado de un tramo de 56 kilómetros que conecta Mariscal López con el cruce Margarita, en Caaguazú, entre otras.
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Exoneración del peaje
Sobre la exoneración en los puestos de peaje durante la Semana Santa, Elizeche comentó que se tuvo en cuenta la historia, atendiendo a que se tiene un éxodo masivo de ciudadanos hacia el interior del país. “Tomando los últimos tres años de referencia en promedio son 150.000 vehículos los que salen de Gran Asunción y son los mismos que retornan entre el fin de semana, entonces lo que se busca es que fluyan más rápidamente, que la gente gane tiempo”, añadió.
El otro objetivo fue el económico, para que los viajeros se ahorren los pagos, de pasar entre peaje y peaje. El impacto económico sería de unos 800 millones de guaraníes que se dejarán de percibir por los dos días que no se cobrará el paso por los puntos desde este jueves a partir de las 12:00 hasta las 00:00 y desde la medianoche del domingo hasta las 00:00.
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Ortega descarta renunciar a su banca en Diputados para hacer proselitismo
La diputada del Partido País Solidario (PPS), Johanna Ortega, adelantó que no renunciará a su banca en la Cámara Baja y esto pese a que ya confirmó sus pretensiones electorales de apuntar a la intendencia de Asunción. La legisladora es criticada ya que hoy asume una posición que fue cuestionada de su parte en el periodo anterior.
“La renuncia es exagerada. Yo pediría permiso, que asuma el suplente y me dedicaría a hacer campaña 100 por ciento”, indicó la diputada al ser consultada si no piensa dejar la Cámara Baja con miras a las elecciones municipales del 2026.
La consulta a Ortega se realizó teniendo en cuenta que anteriormente había exigido al entonces diputado Sebastián García, renunciar a su banca antes de iniciar su trabajo proselitista a intendente en la capital por el Partido Patria Querida (PPQ), en el marco de los comicios del 2021, sin embargo, hoy asume otra postura.
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La legisladora alegó que en aquel entonces desconocía el reglamento de la Cámara y que ahora leyó el documento y se dio cuenta que le da la oportunidad de pedir permiso a su banca. Lo que implica que si no corre su postulación, tendría la posibilidad de volver al Congreso en el mismo periodo parlamentario.
“La verdad que desconocía la posibilidad de pedir permiso para hacer campaña y retornar. Después hoy obviamente siendo diputada y leyendo el reglamento entiendo que puede haber un mecanismo”, señaló la parlamentaria del PPS.
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Designan a Rubén Maciel como nuevo viceministro de Política Criminal
A través del decreto N° 5330 de la Presidencia de la República, se designó a Rubén Maciel Guerreño como nuevo viceministro de Política Criminal, en reemplazo de Víctor Benítez, quien presentó su renuncia tras ser nombrado como juez penal de Garantías. Maciel Guerreño ya había ocupado el mismo cargo en el 2020.
El nuevo viceministro confirmó ante la 920 AM que asumirá oficialmente a partir de este viernes 21 marzo y manifestó algunos de los objetivos del Ministerio de Justicia. En este sentido, sostuvo que está en proyecto la construcción de tres nuevas penitenciarías de mujeres y que está previsto el cierre del Buen Pastor.
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Maciel ocupó previamente el mismo cargo desde el 2020 hasta el 23 de marzo del 2022, fecha en que presentó su renuncia tras la designación a Édgar Olmedo como ministro de Justicia. El nuevo viceministro es de profesión abogado y ocupó diversos cargos dentro del Ministerio Público.
Es máster en Sistema Penal Comparado y Problemas Sociales y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Barcelona y por la Universidad de Alicante respectivamente, ejerce la profesión desde el 2001 y cuenta con experiencia en litigios en los fueros penal, administrativo, laboral y civil-comercial, es especialista en Derecho Procesal Penal, además de notario y escribano público.
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