El intendente de Ciudad del Este, Alto Paraná, Miguel Prieto, a través de su defensa técnica, la abogada Gilda María Portillo, recusó a los fiscales Silvio Corberta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia, como así también a la fiscal adjunta Soledad Machuca, en el marco de las 19 causas que están siendo investigadas en la Fiscalía de Delitos Económicos.
En el documento presentado por la defensa solicita que la causa sea remitida a la Fiscalía General del Estado, a fin de que el propio fiscal general Emiliano Rolón “atienda y resuelva la recusación planteada por esta defensa”.
Miguel Prieto fue imputado el pasado 19 de julio por los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas imputaron por lesión de confianza, tras detectarse un presunto perjuicio patrimonial en la comuna de G. 1.769.790.000 en la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias humildes en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19.
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La recusación presentada se fundamenta en el artículo 57, inciso 2, del Código Procesal Penal, que refiere: “Los funcionarios del Ministerio Público no podrán inhibirse ni ser recusados, salvo de manera fundada”, en este caso, la defensa expone los motivos de esta recusación, solicitando garantías para llevar adelante el proceso.
“Es importante destacar que de ninguna manera se pretende con esta presentación obstaculizar la investigación, sino todo lo contrario, ésta defensa técnica pretende que los mejores profesionales del plantel de funcionarios del Ministerio Público atiendan las causas, aquellos que constituyen una garantía para la eficiencia de la investigación, pero así también con la objetividad y de la no inmiscuición de cuestiones políticas”, refiere el documento.
Surgen nuevas denuncias
Por otra parte, además de la imputación y los procesos abiertos en contra de Prieto, van surgiendo otras denuncias. Al respecto, el miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Julio López, habló de otras supuestas irregularidades que fueron encontrando en la administración de Miguel Prieto al frente de la municipalidad.
“En el 2021 habíamos hecho un análisis sobre la ejecución presupuestaria del 2020 relacionado a impuestos inmobiliarios y fondos especial para pavimentación, en aquella oportunidad habíamos encontrado, detectado, una nueva aplicación a gastos de capital por más de 7.700 millones de guaraníes, en abierta en violación a claras disposiciones de la Ley 5513 y la Ley 3963 de la Carta Orgánica Municipal”, indicó López este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de Universo 970 AM/Nación Media.
El vocero de la asociación señaló que realizaron una denuncia formal ante el Ministerio Público, complementariamente, remitieron una nota al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a la Junta Municipal, sobre la situación detectada. “Lastimosamente Miguel Prieto mantuvo su práctica en el tiempo y el monto de perjuicio aumentó. Lo que se habría dilapidado en estos cuatro años es 46.500 millones de guaraníes”, dijo el miembro de la Contraloría Ciudadana.