El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) suscribieron un convenio para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y otros hechos punibles. El objetivo es detectar el dinero que no se declara en las campañas electorales y que podría estar ligado a dinero proveniente del narcotráfico, según explicaron.
“Nosotros revisamos el dinero que es declarado y el gran desafío es detectar el dinero que no es declarado pero que circula por ahí y hay que ver la trazabilidad de esos fondos, evitar que dinero que viene de organizaciones criminales y de quienes se dedican al narcotráfico ingrese al sistema financiero para la financiación de campañas políticas”, explicó Jorge Bogarín, presidente de la Justicia Electoral.
Este convenio además prevé la colaboración de otras instituciones como el Banco Central del Paraguay (BCP), el Ministerio Público, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y otros organismos de control financiero y estatal que pueden articular esfuerzos para la identificación del dinero sucio que circula en las campañas políticas, señaló Bogarín a la 650 AM.
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“Estamos hablando con la nueva administración de la Fiscalía General del Estado, con el doctor Emiliano Rolón, para que sus agentes estén prestos a los efectos de ir investigando, no hay que rendirse en esto”, expresó y adelantó que ya iniciaron conversaciones con los integrantes del nuevo parlamento para hacer ajustes a la ley de financiamiento político, especialmente en lo relacionado a las sanciones.
Uno de los déficit de la legislación actual radica en que solo impone sanciones económicas. “En las internas, cada organización política tiene su oficial de cumplimiento que debe informar en caso de irregularidades y las sanciones aplican el propio partido. En las elecciones generales se imponen sanciones económicas que recortan el aporte estatal para los partidos políticos”, explicó.
Si bien el recorte del aporte estatal para las organizaciones políticas ante incumplimientos de la ley de financiamiento político se traduce en un ahorro para el Estado, en caso de detectar el origen ilícito del dinero u otros hechos punibles como el lavado de activos, lo que corresponde es la actuación del Ministerio Público, detalló el titular de la Justicia Electoral.
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