La senadora electa por el Partido Cruzada Nacional (PCN), Yolanda Paredes, confirmó este miércoles que recibió una información desde la Cámara de Senadores, donde le señalaron que tendría su oficina en el subsuelo de esta institución.
“Me mandaron a decir que hay una (oficina) en el subsuelo. Muy dignamente voy a ir a ocupar una oficina en el subsuelo porque voy a representar a una población que confía en mí, que creo que yo puedo hacer algo diferente”, dijo Paredes en comunicación con la 1020 AM.
Consultada sobre si los demás senadores de su Partido también tendrían sus oficinas en el mismo lugar, la parlamentaria electa indicó que aún no confirmó eso: “Justamente esta tarde mandé a averiguar, pero aún no tengo la confirmación”, agregó.
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Caso Payo
Por otro lado, habló de la disposición de extracción de datos del teléfono celular de excandidato presidencial, Paraguayo Cubas, por parte del juez Penal de Garantías, Julián López, señalando que la defensa también realizará un petitorio (puntos de pericia) sobre este caso a fin de garantizar las garantías procesales del expresidenciable.
Al respecto, indicó que si la Fiscalía desea realizar la extracción de datos de un teléfono móvil, tiene la obligación de presentar cuáles son los puntos de pericia a realizarse, que no se dio en este caso, dijo. “Eso qué significa, qué extracción de datos quiere hacer, con relación a cuáles de los delitos investigados, porque de un teléfono celular no podes sacar cualquier cosa, si no tiene nada que ver con la investigación del supuesto hecho”, afirmó.
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Además de primer requisito, también se debe designar peritos a las partes intervinientes, uno a la Fiscalía y otro a la parte interesada. “Ninguno de estos requisitos el juzgado está cumpliendo, está llevando directamente a extracción de datos”, cuestionó. Cubas se encuentra privado de su libertad en la Agrupación Especializada.
El mismo está siendo procesado por los hechos punibles de perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de elecciones, resistencia y tentativa de coacción a órganos constitucionales, tras supuestamente liderar las violentas manifestaciones frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
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Plantean que el Estado tenga su propia flota de buses
El senador José Oviedo presentó este viernes un proyecto de ley que plantea la creación de la Secretaría Nacional de Transporte (Senatran) y la Empresa Nacional de Transporte Público de Pasajeros (Enatrapp), a fin de ordenar el tráfico urbano y suburbano, mejorando el servicio público de transporte de pasajeros.
“Queremos que el Estado preste el servicio y ya no depender de los chantajes de las empresas privadas, que entre a competir. Tendrá su itinerario tanto en el área metropolitana y rural, es un proyecto que pretende solucionar definitivamente el problema del transporte público. Yo espero contar con el consenso necesario para su aprobación”, puntualizó Oviedo en una conferencia de prensa.
La propuesta indica que la Senatran será un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, de derecho público, con domicilio en Asunción. La estructura orgánica básica estará conformada por el Gabinete del Ministro Secretario de Transporte, la Dirección General de Planificación de Transporte, la Dirección General de Transporte Metropolitano y la Dirección General de Transporte Nacional e Internacional.
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Permisos otorgados hace 70 años
En la exposición de motivos la iniciativa refiere que “el transporte público de pasajeros a nivel urbano y suburbano es de pésima calidad en toda la República y en particular en el área metropolitana de la ciudad de Asunción, donde se concentra el mayor volumen de tráfico de pasajeros urbano y suburbano del país”.
Asimismo el documento indica que “la actual modalidad de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos se basa en concesiones, en general permisos otorgados hace 70 años y más, sin existir un plan de tráfico y transporte público urbano y suburbano, principalmente para el área metropolitana de la ciudad de Asunción”.
La propuesta sostiene además que “mientras que la Ley de Concesiones establece que ninguna concesión, o permiso, podría prolongarse por más de 30 años, la mayoría de los itinerarios concedidos a empresas privadas llevan mucho más de tal plazo de tiempo. Pero lo más grave es la pésima calidad del servicio y la congestión que se verifica en el AMA, en Ciudad del Este y su área metropolitana, principalmente, debido a la falta de una adecuada planificación”.
Fondos actuales del transporte
Mientras que la Enatrapp se constituirá como empresa pública, autárquica, descentralizada de la Administración Pública, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio, prestador del servicio de transporte público de pasajeros en las áreas urbanas y metropolitanas de Asunción, cabeceras departamentales y demás centros urbanos del país que lo requieran.
El proyecto mencionada que la firma se financiará con sus propios recursos y los fondos previstos del Tesoro, que actualmente se destinan al sistema de transporte público. Desde el inicio de la prestación del servicio, la totalidad de los ingresos y egresos provenientes de sus servicios serán administrados única y exclusivamente por la Enatrapp, que está plenamente autorizada para contraer créditos y realizar todas las actividades propias de su función, según las normas establecidas en esta ley y la legislación vigente.
Agrega que la empresa será administrada por un presidente, designado por el Poder Ejecutivo, y por un Consejo de Administración, integrado por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Senatran y por un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También lo integrará un representante de la Contraloría General de la República, con voz pero sin voto.
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Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.
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Senadores coinciden en la necesidad de mayor control y regulación sobre criptominería
Este martes, se realizó una audiencia pública para estudiar el contenido del proyecto de ley que prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería.
Los senadores que participaron del encuentro, facilitado por iniciativa de varias comisiones de la Cámara Alta, coincidieron en la necesidad de apostar por un mayor control de la criptominería, facilitando un marco legal verdaderamente determinante que permita su regulación.
“Lo que hay que hacer es un marco regulatorio que sancione con mucha fuerza el robo de energía y decomiso total de la infraestructura de las empresas ilegales. Sería un trágico error castigar a las empresas legales”, remarcó el senador Enrique Buzarquis al respecto.
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El parlamentario solicitó a las comisiones suspender el tratamiento del proyecto en análisis y trabajar en otra propuesta legislativa que pueda garantizar la utilización de la energía eléctrica y que sea beneficioso para el Paraguay. Bajo este mismo parámetro ha coincidido el senador Eduardo Nakayama.
En la audiencia también participó Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, quien manifestó que se debe pensar qué tipo de marco normativo se necesita para las inversiones. “Debemos tomar políticas favorables y que el inversor se sienta seguro”, enfatizó el representante.
Uno de los factores cuestionados, por la falta de regulación, es que la utilización desmedida de energía eléctrica por parte de las criptominerías, pagando lo mínimo o incluso no abonando lo correspondiente, en otros casos. Por ello, se hace hincapié en un marco legal mejor constituido.
Así, se coincidió en la necesidad imperante de contar con una legislación que regule este sector desde el punto de vista financiero, aparte de permitir la aplicación de sanciones severas para aquellos que sustraen energía eléctrica de manera clandestina, estableciendo un sistema más controlado.
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Proyecto de agua para el Chaco será estratégico a nivel nacional, expresó senadora
La senadora Esperanza Martínez destacó la presentación en el Senado del proyecto de ley “Aguas para el Chaco”, catalogándolo como un tema de alta relevancia que podría establecer una definición sobre una problemática histórica como la potabilización del Chaco paraguayo.
“Nos parece prudente acompañar este proyecto, primeramente porque tiene un modelo de gestión casi basado en el cooperativo, con esa idea de bien común se tocará un tema estratégico de nivel social y económico del Chaco como lo es el agua”, expresó Martínez.
Las expresiones de la parlamentaria se dieron en una conferencia de prensa en la que también se encontraron presentes los senadores Orlando Penner, proyectista de la propuesta, Basilio Núñez, Juan Carlos Galaverna y Lizarella Valiente, quienes presentaron el proyecto de manera consensuada.
“Varios de los colegas acompañamos este proyecto. Yo no soy chaqueña, pero admiro a los pobladores de esa zona y creo que es una parte del país a la que hemos descuidado históricamente”, puntualizó la parlamentaria, enfatizando acciones a ser potenciadas desde el Gobierno central.
Remarcó además la necesidad imperante de avanzar con un plan legislativo para los pobladores del Chaco. El plan otorga la concesión para la construcción y explotación de un canal de agua a cielo abierto en el Chaco y autoriza al Ejecutivo a suscribir con la concesionaria el contrato respectivo.
El proyecto
“Creemos que en esta ocasión, finalmente tendremos una respuesta necesaria. Con estos componentes que ya señalaba el senador Penner, recordando que se tratará de una empresa de gestión privada, pero con un modelo cooperativo”, reiteró la senadora.
Se prevé la construcción de un acueducto, con una extensión de 280 km, y llevará agua cruda desde el río Paraguay hasta el Chaco. Se elaborará a través de una concesión entre el Estado y una Asociación Anónima que incluye las tres principales Cooperativas del Chaco (Chortitzer, Neuland y Fernheim).
La obra tendría un presupuesto máximo de USD 250 millones y los costos serán cubiertos 100 % por el sector privado, por lo que no se prevé el uso de recursos del Estado. El canal se iniciará en la zona de Vallemí, del departamento de Concepción, hasta el distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
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