En sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que modifica los artículos 420 y 421 de la Ley N.° 1286/1998, Código Procesal Penal”. Esto, con el objetivo de dotar a los jueces de garantía de una herramienta para descomprimir el sistema de justicia en un menor tiempo y así reducir la muy alta tasa de presos sin condena, señalaron.
“Igualmente, esto brindará a los fiscales, en todos los casos, mejores posibilidades de aplicación de las bases de medición de pena, de modo a no basar los años de condena solo en la cantidad de antecedentes, sino en el perjuicio ocasionado y la cantidad de evidencias y pruebas obtenidas”, refiere parte del proyecto.
Durante el análisis del mismo, la diputada Rocío Vallejo, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, aconsejó el rechazo de la propuesta señalando que esto violaría principios procesales. “Este procedimiento abreviado se puede aplicar a todos los hechos punibles graves, ni qué decir a los delitos de cuello blanco, violando también el principio de inocencia”, indicó.
“Dice que en todos los casos, el imputado deberá realizar, ante el Juez, un relato circunstanciado y completo de su participación. Es decir, acá el imputado debe confesar y eso viola el principio constitucional del principio de inocencia”, argumentó la parlamentaria.
Alto porcentaje de procesados
Por su parte, el diputado Derlis Maidana pidió la aprobación del documento en la versión de la Cámara de Senadores, señalando que actualmente más del 75 % de las personas recluidas en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional no tienen condena, por lo que esta normativa se constituirá en una herramienta para descomprimir los procesos penales y que, además, posibilitará la disminución de las moras judiciales.
“Creemos que será una herramienta para disminuir la mora judicial y posibilitar que se haga justicia, siempre y cuando el imputado asuma su responsabilidad y cuente con el aval del juez, el fiscal, la víctima y el abogado defensor”, expresó Maidana. El proyecto fue aprobado finalmente por la Cámara Baja y, posteriormente, será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.