Diputados aprueban pedido de préstamos para mejorar servicio de distribución de agua
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La Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley que aprueba dos contratos de préstamos suscritos entre la República del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el monto de los préstamos asciende a 115.000.000 y 66.000.000 de guaraníes.
Ambos tienen la finalidad de financiar el proyecto de agua potable y saneamiento para el área metropolitana de Ciudad del Este, y los trabajos estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; el documento ahora será derivado al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
El proyecto nació a partir de la necesidad de mejorar la cobertura del servicio de agua por red en el área metropolitana de Ciudad del Este, el cual actualmente es insuficiente y termina afectando a cientos de familias que muchas veces quedan sin el servicio durante largas horas o cuentan con el mismo de manera intermitente.
El diputado Arnaldo Samaniego, quien ejerce la presidencia de la Comisión de Presupuesto, argumentó a favor de la aprobación del documento, recalcando que existirían unos 250 proveedores de servicio de agua potable y que la cobertura solo alcanza al 30% de la población, una cifra sumamente baja teniendo en cuenta la importancia del servicio.
Por otro lado, el legislador señaló que también existen sistemas independientes administrados por la Itaipú Binacional y por la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), que abastecen al 5% del área metropolitana, aclarando que un 70% de la población se autoabastece con pozos someros en los patios de sus casas y la población restante, un 25%, lo hace a través de pequeños proveedores.
Los diputados solicitan datos sobre estudios procesados en un centro privado que tiene contrato con el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social (IPS).FOTO: GENTILEZA
Piden informes a IPS y Salud sobre servicios tercerizados
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Específicamente el pedido abarca cantidad de pacientes atendidos y especialidades médicas de los estudios.
La Cámara de Diputados aprobó sendos pedidos de informes sobre servicios tercerizados de diagnóstico por imágenes prestados por Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec), tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Previsión Social (IPS). El primer documento, “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Instituto de Previsión Social (IPS) sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”, solicita datos sobre los estudios realizados mediante este centro de diagnóstico por imágenes, que presta servicios médicos tercerizados a asegurados del IPS y pacientes del Ministerio de Salud Pública.
El segundo proyecto aprobado es el “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”. En este caso el acuerdo de tercerización está vigente desde febrero de 2024.
Específicamente se solicita información sobre la cantidad de pacientes atendidos en los hospitales del IPS, discriminada por especialidades médicas, así como los costos que representa para la previsional la realización de cada estudio, diferenciados según las especialidades. El documento también requiere datos sobre las prestaciones tercerizadas y las condiciones del servicio.
Así también, la solicitud contempla información sobre la cantidad de pacientes atendidos, las especialidades de estudios realizados y los costos que representa para el Ministerio de Salud cada prestación, con el propósito de conocer el alcance de los servicios tercerizados y los recursos destinados a su contratación.
Aprueban hasta 15 años de cárcel para cómplices de fugas de presos
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El proyecto incorpora un agravante severo cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o personal que preste servicios en centros penitenciarios.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 294 del Código Penal Paraguayo para endurecer las sanciones por la liberación de personas privadas de libertad. Impulsada por el diputado Yamil Esgaib, la iniciativa completó su estudio en particular durante la sesión ordinaria de este martes y fue remitida a la Cámara de Senadores para su revisión constitucional.
El texto aprobado sanciona con hasta cinco años de prisión o multa a quien libere a un interno, lo induzca a la fuga o le preste apoyo logístico para consumarla, extendiendo la punibilidad a la etapa de tentativa. Con este reajuste, el Poder Legislativo busca cerrar los vacíos legales de la normativa vigente e inhibir el auxilio externo que suelen recibir los reclusos de alta peligrosidad.
El proyecto incorpora un agravante severo cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o personal que preste servicios en centros penitenciarios con la obligación explícita de evitar la evasión. Para estos casos, en los que exista violación del deber de custodia, la pena privativa de libertad se eleva de 5 a 15 años de cárcel, eliminando la opción de multas sustitutivas.
La exposición de motivos señala que las evasiones registradas en el país responden mayoritariamente a esquemas de corrupción promovidos por organizaciones criminales. según el documento, los grupos delictivos aprovechan la baja expectativa de pena prevista en la legislación actual para cooptar mediante sobornos o amenazas al personal de seguridad y agentes del orden.
Asimismo, la propuesta introduce el concepto de “fuga masiva” como circunstancia agravante, definida como la liberación planificada o simultánea de más de un interno. Tras conseguir el respaldo del pleno en la Cámara Baja, el proyecto pasa a consideración del Senado, donde se evaluará la ratificación del nuevo marco punitivo contra la complicidad penitenciaria.
Créditos de consumo: ¿Qué dice la experiencia regional y cuánto durará el auge?
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Por Luis Noguera
El crecimiento de los créditos de consumo llamó la atención hasta del Fondo Monetario Internacional (FMI), por su gran dinamismo en los últimos años. Desde el Banco Central del Paraguay (BCP) se habla de una importante inclusión financiera, factor que empujó la explosión crediticia. En este contexto, hay algunas visiones que aportan otros condimentos a la cuestión, por ejemplo, que es propio de las economías en ciertos periodos de tiempo y que en algún momento se vendrá un declive.
De acuerdo con los datos del último Boletín de Bancos del BCP, es notoria la progresión presentada, al menos desde el 2020, año a año se consumó una expansión de incluso más del 20 %, como se puede ver en las infografías adjuntas.
Como se mencionó anteriormente, la posición del regulador es clara, el dinamismo corresponde a un incremento de la inclusión financiera, dado en los últimos tres años, principalmente. Además, desde la banca matriz se considera que el índice de morosidad se mantiene dentro de los niveles históricos, por lo que no hay señal de deterioro.
Según la fuente citada anteriormente, la cartera de créditos de consumo se duplicó desde 2022 a esta parte, lo que evidentemente significa un gran apetito por la liquidez a través del endeudamiento. A julio del presente ejercicio, el monto total de dicho sector superó los G. 36 billones, desde los G. 15, billones al séptimo mes de 2020 (plena pandemia).
Haciendo la progresión de incrementos interanuales, el salto más importante se dio en 2024, por encima del 20 % y, nuevamente, en 2026, también por arriba del 20 %.
De acuerdo con el Informe de Indicadores Financieros del regulador, correspondiente también al séptimo mes del año, el consumo es la actividad con mayor participación sobre el total de créditos concedidos en moneda local, con el 32,34 %, en segundo lugar de importancia se encuentra servicios, con 12,06 % y, en tercero, comercio al por mayor, con 11,15 %.
Diego Ciongo es economista de Itaú BBA y atiende varios mercados regionales, entre ellos Paraguay. Conversó con La Nación/Nación Media y expuso sobre lo que él llegó a observar con relación a las carteras de consumo, su comportamiento y si realmente el dinamismo expansivo puede ser un riesgo sistémico.
Diego Ciongo y Raúl Luraghi. Foto: Matías Amarilla
“Lo que está pasando en Argentina, yo soy argentino, conozco más el caso, es que es verdad que el endeudamiento de los individuos está concentrado en la población más joven, 18 a 25 años, y no necesariamente con bancos, sino más bien con fintech, que es mucho más fácil, con la app con un botón te equivocás y te depositan plata”, explicó. Justamente, a nivel local, hay bancos que tienen disponible en sus aplicaciones diferentes opciones para hacer de créditos “preaprobados”.
“También es cierto que los montos generalmente en promedio son muy bajos. Entonces, no termina siendo para nada un tema sistémico, porque la capacidad de crédito que tiene ese segmento de la población en base a su ingreso promedio, porque son los que recién están empezando la fuerza laboral, es baja, entonces es por eso que no termina haciendo un tema sistémico ni mucho menos”, amplió.
Declive
Por su parte, Raúl Luraghi, director de mercados de Itaú, aportó una mirada local al asunto y reconoció que puede catalogarse como que “no es normal” crecer por encima del 20 % y dijo que en algún momento se tendrá una desaceleración, bajando a un número más razonable, considerando el crecimiento del país en términos económicos.
Sobre el comportamiento en la región, Ciongo dijo que depende mucho de la dinámica de cada país. Por ejemplo, citó que en Uruguay se siente la desaceleración económica, pero el auge del consumo sigue creciendo. Por el contrario, en Argentina hay un gran dinamismo en el sector primario, que empuja la actividad, pero se palpa la “depresión” en términos de consumo.
Diputados instan a garantizar fármacos para la salud mental
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de declaración que insta al Ministerio de Salud Pública a “extremar sus recursos para evaluar las mejores alternativas terapéuticas” frente a la escasez de fármacos destinados al tratamiento de la salud mental.
El proyectista, Arturo Urbieta, fundamentó la existencia de “escasez crítica” de medicamentos utilizados para el tratamiento de la salud mental. Expone que el mismo Ministerio de Salud reconoció a través de un comunicado oficial, esta problemática.
El legislador colorado citó específicamente los casos del haloperidol decanoato y el palmitato de paliperidona, fármacos indicados principalmente para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
A través de la propuesta, el diputado Urbieta subrayó la necesidad de garantizar la continuidad terapéutica de los pacientes con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos crónicos, en cumplimiento de lo establecido por la Ley N° 7018 “De Salud Mental”.
En ese sentido, la declaración insta al Ministerio de Salud a extremar sus esfuerzos para evaluar las mejores alternativas terapéuticas sustitutas disponibles, así como los protocolos clínicos de contingencia necesarios para asegurar la continuidad del tratamiento de los pacientes afectados.