• Por Juan Marcelo Pereira
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“Es absolutamente inverosímil que el Partido Liberal Radical Auténtico, que se caracteriza por su defensa a las libertades saque una posición a favor de Palestina”, indicó el exsenador Fernando Silva Facetti. En la última sesión del directorio presidido por Hugo Fleitas, el pasado 3 de octubre, el PLRA exige al Gobierno paraguayo que ratifique su reconocimiento al gobierno palestino, que está bajo control del grupo terrorista Hamás en Gaza.

“Grande fue mi sorpresa que un partido liberal como dice su nombre, que es tolerante, que se pronuncia por el respeto a las minorías, a las mujeres, a los grupos étnicos o religiosos distintos y la libertad sexual, salga a dar la mano a la Palestina del grupo terrorista Hamás”, repudió el dirigente político en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Aludiendo a la masacre masiva perpetrada contra Israel el 7 de octubre de 2023, Facetti alegó que “Hamás es un grupo sanguinario que hace 2 años secuestró a cientos de ciudadanos y mató a miles a traición jactándose en las redes sociales. Hamás está asociado con Hezbolá, que es otro grupo terrorista mundialmente reconocido y trabaja con los iraníes y afganos de la yihad islámica y son apoyados por los hutíes terroristas”.

Señaló que desconoce las razones políticas que motivaron al PLRA a “entrar en el juego de apoyar a los grupos terroristas antes que a la última democracia del Medio Oriente. Israel es un país occidental tolerante con las minorías religiosas, de hecho una parte importante de su parlamento es musulmán”.

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Facetti afirmó: “Israel ha convertido el desierto en un vergel, en un centro de desarrollo agrícola, ganadero, industrial, tecnológico, en donde han impulsado la innovación, las nuevas ideas y las oportunidades para todo el mundo. Nosotros, lo que tenemos que hacer es replicar lo que ese pequeño país hizo en 4 o 5 décadas y no sentirnos espejo de un centro de terroristas que está avasallando todos los derechos”.

De esta manera, el exparlamentario instó a sus correligionarios a reencauzar la línea política del PLRA y asociarse e identificarse con países democráticos como Israel y Taiwán. “Acaso ellos no ven las noticias, yo creo que hay un chip perdido dentro de un grupo de dirigentes del partido, lastimosamente que salen en defensa de los malos”, lamentó.

El 25 de abril de 2025, el Gobierno paraguayo designó a Hezbolá y Hamás como organizaciones terroristas, en consonancia con Estados Unidos, que le atribuyó esa calificación en 1997, y la Unión Europea, desde enero de 2024. El conflicto bélico se desató con el atentado del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás asesinó a 1.200 personas y otras 251 víctimas fueron tomadas como rehenes.

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El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, urgió al presidente de la República, Santiago Peña, reglamentar la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para su plena ejecución. La normativa fue sancionada en octubre del 2024.

“El Poder Ejecutivo tiene en ese sentido una tremenda responsabilidad porque el Congreso de la Nación aprobó una ley que establece protocolos para la rendición de cuentas que tiene que ser reglamentado”, sostuvo en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

“Espero que el presidente de la República, a través de sus voceros, se haga eco. Podemos decirle con autoridad, presidente, por favor apresuren la formulación del decreto que reglamenta la ley de las oenegés", expresó el legislador.

Esta ley establece que se entiende como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o privados, nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos. Quedan excluidos aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.

También quedarán excluidos de los alcances de la ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales, las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.

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El requerimiento de Amarilla surge tras detallar que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés de manera “desvergonzada”.

“Encontramos datos llamativos que prácticamente ninguna de las oenegés pudieron explicar de manera sobria qué resultado obtuvieron con esos fondos inyectados a sus organizaciones. El 71 % de los USD 52 millones fue a salarios. Los directivos se llevaron una ponchada de plata“, lamentó.

Amarilla incluso detalló que los directivos de las oenegés incluso se autorremuneraron salarios por encima del sueldo que recibe un ministro del Poder Ejecutivo. “No existe ningún ministro del Poder Ejecutivo que administre un presupuesto de 2 millones de dólares y se autoasigne 40 millones de guaraníes mensuales de remuneración. Es una desvergüenza”, sentenció.

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Tras un largo debate y consideración del informe final de la Comisión Conjunta de Carác­ter Transitorio para la Inves­tigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, con­tra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, dirigida por Dioni­sio Amarilla, el pleno de la Cámara Alta resolvió ayer remitir los documentos a la Fiscalía, al Departamento de Estado de los EE. UU. y a la Contraloría General de la República.

Al ser consultado el motivo de la remisión del informe a los Estados Unidos, el presidente de la Comisión Antilavado, el senador Amarilla, manifestó que la decisión surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyec­tos con impacto social fueron utilizados para costear campa­ñas políticas y salarios de per­sonas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).

“El planteamiento es remi­tir a los órganos observa­dos pertinentes y también al Gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 pági­nas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron admi­nistrados por Marc Ostfield”, sostuvo el legislador.

Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fue­ron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autorre­muneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba que­riendo colaborar”.

El parlamentario había seña­lado que, entre los aspectos principales de la labor legis­lativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

Durante el proceso de las inda­gaciones algunas de las organi­zaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comi­sión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Por otra parte, el senador Amarilla dijo que estaría eva­luando la presentación de un proyecto de ley para modifi­car la Ley de Confidenciali­dad, en que se resguardaron algunas instituciones para no aportar mayores datos sobre las operaciones bancarias, despachos aduaneros, entre otros, sobre las importacio­nes de armas de fuego al país.

El legislador Gustavo Leite destacó algunas recomendaciones al respecto y manifestó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión con­junta de investigación sobre lavado de dinero, daño patri­monial al Estado, contra­bando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resal­tantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue pre­sentado ayer miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plena­rio está documentado.

Señaló que un año antes que el Gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una ins­titución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la nación.

Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se viola­ron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la oenegé en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oene­gés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó, además, que se esta­blecía que se debía favorecer a organizaciones de la socie­dad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospecho­sos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

• San Salvador, El Salvador. AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó ayer miércoles a las organizaciones de derechos humanos por no elogiar la reducción de los homicidios en el país con su política de mano dura contra las pandillas. El mandatario goza de enorme popularidad por reducir los niveles de violencia criminal a mínimos históricos con la “guerra” contra las pandillas que lanzó en marzo de 2022 que permite detenciones sin orden judicial. Sin embargo, sus métodos son criticados por grupos de derechos humanos, que afirman que han sido detenidos miles de inocentes.

“Es evidente que las llamadas ‘organizaciones de derechos humanos’ no consideran que no ser asesinado, violado o agredido sea un derecho humano, de lo contrario, nos estarían elogiando por haber logrado precisamente eso”, escribió Bukele en inglés en su cuenta de X.

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El mandatario compartió junto a su mensaje un cuadro estadístico que proyecta que para el cierre de 2025 el país registraría una tasa de un homicidio por cada 100.000 habitantes. En 2024, El Salvador tuvo una tasa de 1,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2015 era de 106 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Los grupos de derechos humanos también critican a Bukele por tener en prisión a 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos, como parte de su alianza con el mandatario republicano Donald Trump.

Asimismo, lo critican por los arrestos en las últimas semanas de cinco críticos del gobierno, entre ellos activistas de derechos humanos y abogados. En el marco de la “guerra” de Bukele han sido detenidos unos 86.000 presuntos pandilleros, aunque el gobierno indicó que unas 8.000 personas fueron liberadas por ser inocentes.

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