A fin de coordinar acciones antes y durante las próximas elecciones generales, autoridades de la Justicia Electoral, de la Policía Nacional y del Ministerio Público mantuvieron una reunión informativa este viernes en la sede de la Academia de Policía “Gral. José Eduvigis Díaz”, a fin de garantizar unas elecciones seguras y transparentes el 30 de abril.
La jueza electoral de la capital, Fabiana Marín, detalló que el encuentro fue satisfactorio y sirvió para articular las competencias legales en el marco de las funciones establecidas por legislaciones para cada institución.
“Mientras la Justicia Electoral organiza y coordina las elecciones, la Policía procede al resguardo no solo de los locales de votación, también establece acciones de seguridad en el traslado de los maletines y útiles electorales, de la máquina de Votación”, expresó la representante de la máxima institución electoral.
Por su parte Patricia Rivarola, en representación del Ministerio Público, indicó que los agentes fiscales estarán abocados a todo lo que tenga que ver con el día previo a las elecciones, así como durante la jornada eleccionaria, “a los efectos procesales que tengan que ver con la intervención en los delitos electorales, donde ellos tienen competencia”.
El comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Gilberto Fleitas, destacó la importancia del acompañamiento policial a fin de responder a posibles irregularidades que puedan darse durante los comicios, además de adelantar que la fuerza del orden público proveerá ciento por ciento de cobertura a nivel país.
También participaron del encuentro el director de la Secretaría General del TSJE, José Claudio Domínguez; el titular de Recursos Electorales, Francisco Olmedo; el director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, y funcionarios de varias dependencias que cumplen labores en este proceso electoral.
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Fiscalía derrumba farsa montada contra Cartes y expone persecución política sin pruebas
El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, explicó que la reciente decisión del Ministerio Público de desestimar la causa contra su cliente confirma que “no hubo contrabando, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero”.
Durante una entrevista en la radio ANR 89.9 FM y OnLine, el representante legal señaló que las acusaciones fueron parte de un montaje político liderado por el exministro Arnaldo Giuzzio, con el respaldo del gobierno anterior, para destruir políticamente a su defendido.
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Mencionó que la Fiscalía archivó la causa contra Horacio Cartes, luego de confirmarse que no hay hechos, no hay pruebas, no hay delito, “solo persecución política disfrazada de investigación”. Indicó que se han presentado 26 pruebas, con cero delitos, y que aquellas denuncias de supuestos contrabando, lavado, o enriquecimiento ilícito, todas esas causas fueron desmentidas por la propia Fiscalía.
“El informe de la SENAD fue un montaje. Utilizaron al Estado como un arma contra su principal adversario político. La causa, iniciada por un informe de la SENAD basado en publicaciones de prensa y sin evidencia directa, fue archivada por la Fiscalía, que concluyó que no existe hecho punible", explicó.
El abogado también señaló que las sanciones de EE.UU. podrían ser revisadas tras declaraciones del senador Marco Rubio, quien criticó que decisiones diplomáticas tan delicadas hayan quedado en manos de embajadores sin coordinación con la política exterior norteamericana.
Por otra parte, Ovelar explicó que los reportes de operaciones sospechosas contra Cartes no se basaban en irregularidades reales, sino en publicaciones negativas: “no hay hechos, solo relatos”, remarcó.
Igualmente, se refirió al caso del fiscal colombiano que investigó el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, señaló que el asunto también fue abordado. “Crimen en Colombia, otra mentira. No hay ningún vínculo entre Cartes y el asesinato del fiscal Pecci. Fue una operación política que ya se desmorona", afirmó Ovelar.
Finalmente, el abogado del exmandatario, señaló que posterior al cierre del caso ameritará un análisis profundo para poder pedir algún tipo de resarcimiento a los responsables. Aunque reconoció que será difícil cuantificar el daño y perjuicio causado, no solo a la persona del señor Cartes y su familia.
“No se puede reparar el daño moral, político y económico causado, pero los responsables deben rendir cuentas. Porque sus acciones afectaron a mucha gente que estaba detrás de la estructura empresarial”, acotó.
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Milei amplía facultades a la policía para arrestos sin orden judicial
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
El presidente argentino, Javier Milei, amplió por decreto ayer martes las facultades de la policía para arrestos, requisas, uso de armas del servicio y vigilancia digital sin orden judicial, antes de una manifestación en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, condenada por defraudación. El decreto publicado en el boletín oficial entra en vigor un día antes de una manifestación en Buenos Aires en solidaridad con la líder opositora Kirchner, quien cumple en su domicilio una condena de seis años de prisión a partir de este martes.
Con las nuevas atribuciones, la Policía Federal podrá mantener bajo arresto a una persona sin orden judicial por un máximo de diez horas para su identificación en casos de que exista presunción de delito, según el texto firmado por el presidente ultraliberal. También podrá requisar a personas en la vía pública, así como sus efectos personales y vehículos, sin permiso de un juez.
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Además, “el personal con estado policial podrá esgrimir ostensiblemente sus armas para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o los propios”, dice el decreto. También autoriza a la policía a vigilar sin autorización judicial “espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”.
“Vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel”, dijo Milei en la presentación de esta reforma. Para la oenegé Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), implica la “destrucción de las libertades democráticas, derechos y garantías históricas del pueblo argentino”.
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El decreto “faculta a la Policía Federal a recabar información y asegurar pruebas, con el fin de que luego sean presentadas al Ministerio Público o a los jueces (...) O sea, en lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”, sostuvo Correpi en un comunicado.
Para ello podrán acceder a bases de datos públicas y privadas, así como elaborar sus propias bases de información. “Basta que armen un control rutinario de la circulación para poder requisar a su gusto personas, pertenencias y vehículos”, advirtió. A la protesta del miércoles adhirieron las tres centrales sindicales, partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos, sociales y estudiantiles con delegaciones desde varios puntos del país.
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Boidanich refuta acusación fiscal y afirma que se cumplieron con todos los trámites
El exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes), Óscar Boidanich, refutó la acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, quienes alegan que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El 12 de junio de 2024, el juez Rodrigo Estigarribia decretó el sobreseimiento provisional del exministro, quien fue imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal, junto con los exfuncionarios de Seprelad, Raquel Cuevas, exdirectora general de Análisis Financiero, y Melissa Parodi, exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos.
El pedido de sobreseimiento provisional fue firmado por la fiscal adjunta Matilde Moreno, tras un trámite de oposición. Sin embargo, el pasado 11 de junio, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor acusaron y pidieron juicio oral contra Boidanich por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal. Ayer martes, el juez Estigarribia resolvió la reapertura de la causa y fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 7 de julio
Solicitud al Brasil
En entrevista con el programa “La caja negra”, Boidanich detalló cuáles fueron los procesos y los trabajos realizados por la Seprelad en su gestión, y refutó las acusaciones en su contra que habría retenido la información en torno al financista brasileño Messer.
Boidanich indicó que, el 20 de octubre del 2016, la Unidad Financiera de Paraguay solicitó información el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, que fue la primera información que envió la Seprelad sobre Darío Messer, alertando sobre las actividades del mismo.
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“Tiene un peso muy significativo en la investigación que está haciendo la fiscalía puesto que en un principio se sostuvo que cuando la COAF, nuestros pares de Brasil, recién nos alertaron, nosotros iniciamos todo este proceso, sin embargo, ya en el 2016, nosotros como cooperación, como unidad de inteligencia financiera, enviamos a nuestro par de Brasil, significando que estábamos haciendo una investigación al señor Darío Messer porque tenía nacionalidad brasilera”, explicó.
Agregó que, los pares de Brasil agradecieron este informe y dijeron que “ellos tenían reportes que iban a utilizar también eso. Posterior a eso, nos pide autorización para que esas informaciones remitidas puedan utilizar ellos en su investigación, de doble utilidad realmente fue”.
Proceso de investigación
El Ministerio Público habla de una demora injustificada en la entrega de los informes de la Seprelad, entonces a cargo de Boidanich, quien explicó que desde la institución se realizaron todos los procesos en tiempo y forma. Así también, señaló que en esta investigación primaron dos pilares fundamentales: evitar filtraciones y consolidar las pruebas.
“Siempre en el área de análisis llegan los reportes, se hacen los análisis pertinentes y empieza un proceso de análisis que lleva mucho tiempo porque muchos de esos datos se requieren y se realizan en forma manual”, describió.
Boidanich indicó que existe un problema en este proceso porque no se cuenta con una forma efectiva de recopilar datos, por lo que normalmente se realizan en forma manual o en forma telefónica. Explicó que se realizaron visitas a sus pares, ya sea el Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaría de Tributación (SET, hoy DNIT), Ministerio de Relaciones Exteriores, para la realización de todas las consultas pertinentes.
“Recopilar todos esos datos lleva su tiempo y hacer un buen análisis. Hay dos pilares fundamentales dentro del proceso de análisis, uno que no se filtre la información, entonces se requiere mucha cautela hacer la investigación porque al requerir algunos de los sujetos obligados, algún dato puede filtrarse”, apuntó.
Por otro lado, señaló que el informe tiene que estar bien elaborado con el marco de sospecha que de alguna manera que le indique o le lleve de la mano ya a la fiscalía para que pueda realizar una imputación. “¿Qué pasa si enviamos un informe medio, que no tiene elementos necesarios? El Ministerio Público te devuelve con una resolución diciendo, no tiene suficientes méritos, sigan investigando”, refirió.
Concluyó que, para evitar eso, se debe elaborar un informe completo, concreto, por lo que estos dos pilares, el secreto, que no se tiene que filtrar se realizó y se cuidó. “El Ministerio Público dice que nosotros retuvimos o tratamos de sostener eso para que el señor Messer siga realizando cosas”, cuestionó.
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BCP refuerza su gobernanza institucional con alto estándar de control
El Banco Central del Paraguay (BCP) reafirma su compromiso con la transparencia y la buena gobernanza institucional, al posicionarse en el nivel “Gestionado Alto” dentro de la evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) correspondiente al año 2024.
La calificación de 3,70 otorgada por la Contraloría General de la República (CGR) refleja el progreso sostenido del BCP en fortalecer sus procesos de control, conforme a estándares nacionales establecidos.
La evaluación del SCI, basada en la Norma de Requisitos Mínimos, mide la madurez de los procesos internos relacionados con el control, el cumplimiento y la prevención de riesgos. En este contexto, el BCP ha demostrado un grado significativo de avance, consolidando una cultura organizacional que valora la gobernanza sólida y la rendición de cuentas como pilares fundamentales de su accionar.
Desde la banca afirman que este posicionamiento en un nivel alto no solo representa una valoración técnica, sino que también fortalece la confianza de los ciudadanos y de los agentes económicos en el desempeño del banco central como institución pública. La aplicación efectiva de los principios del control interno permite al BCP garantizar procesos más eficientes, seguros y alineados a las mejores prácticas internacionales.
Explican que este logro no es un hecho aislado, sino el resultado de un trabajo coordinado entre distintas áreas internas que, mediante planes de acción y auditorías permanentes, buscan detectar oportunidades de mejora y anticipar riesgos institucionales.
La transparencia y el control efectivo son también aspectos fundamentales en la construcción de políticas monetarias y financieras responsables, lo que convierte a este reconocimiento en un activo institucional estratégico para la proyección del BCP a nivel nacional e internacional.
El compromiso con la mejora continua sigue siendo un eje estratégico para el BCP. La calificación alcanzada en 2024 es parte de una evolución sostenida que busca asegurar altos estándares de gestión y control. La institución reitera que continuará promoviendo acciones que contribuyan a fortalecer su integridad institucional, la calidad de sus servicios y la eficiencia de su operativa interna.
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