Tras a una serie de irregularidades en su gestión como director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Walter Recale fue destituido finalmente del cargo. Asumirá en su reemplazo Blas González Candia.
En comunicación con radio Universo 970 AM/ Nación Media, el ministro del MOPC, Rodolfo Segovia, confirmó la remoción del Recalde, además de admitir que quedó insatisfecho con el trabajo del mismo con relación al nuevo seguro médico para el MOPC.
Cabe señalar que Recalde estuvo metido de lleno en esta polémica licitación, que le valió una serie de denuncias en su contra por presuntas irregularidades. Al respecto, Segovia explicó que venían trabajando en la elaboración del pliego de bases y condiciones en consenso con los sindicatos del MOPC, pero “se encontraron con algunas sorpresas” que salieron fuera de contexto y sin autorización del gabinete.
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Una de las irregularidades más llamativas tiene que ver con un anticipo del 15% para la empresa que sea adjudicada para el seguro médico, siendo que ese punto no estaba previsto en principio y que el MOPC nunca trabajó bajo esa modalidad, indicó el titular de la cartera del Obras Públicas.
En otro momento dijo “que se trabajaba bien con él, pero no es un funcionario de carrera, es de confianza. Mi idea es que todas las direcciones tengan a un profesional de carrera”, por lo que Blas González Candia asumirá en su reemplazo. En ese sentido, explicó que se pretende tener a un funcionario idóneo y con experiencia para “dejar la casa ordenada” antes de hacer la transición con el nuevo gobierno que asumirá en agosto próximo.
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Senad destituye a director de la SIU citado por el narco Marset
El agente especial Daniel Antonio Fernández Ávalos, quien se desempeñaba como director de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU), fue destituido del cargo. El funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) no logró superar la prueba del polígrafo.
La destitución de Fernández Ávalos, se concretó tras ser nombrado en un comunicado elaborado por el narcotraficante Sebastián Marset, donde desafío a los Estados Unidos y amenazó a las autoridades de Uruguay, Bolivia y Paraguay exigiendo que “respeten el narcotráfico”.
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En una parte del escrito, Marset quien se encuentra prófugo desde el año 2023, cuando logró burlar una operación policial destinada a capturarlo en Bolivia, citó a Fernández Ávalos, que está a cargo de una unidad que tiene como función llevar adelante investigaciones de alto perfil y de manejo de datos de carácter reservado.
“Se sentaba a sacar cuentas, él más su gente de confianza, de cuántos kilos llevaba en las vueltas; sin el permiso de él, las cosas no se hacían, pero claro, como es del gobierno nadie dice nada, como es delincuente con diploma, nadie dice nada. Ese es más narcotraficante que cualquiera ahí en su país.Si viven del narcotráfico, respeten al narcotráfico o les puede ir mal”, dijo Marset en una carta difundida a través de un medio uruguayo, el pasado 3 de junio.
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Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?
- Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
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La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
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Oficialismo liberal toma represalia y destituye al hijo de José Ledesma del TSJE
El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, requirió al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), encabezado por Jaime Bestard, la remoción del hijo del senador José “Pakova” Ledesma del cargo de vicedirector del Registro Electoral. La decisión surgió como una represalia contra el dirigente político de San Pedro.
José Ramón Ledesma Morales ejercía la representación de la nucleación opositora en el cargo desde el mes de octubre tras haberse concretado la destitución del abogado llanista Derlis Larroza.
Pakova Ledesma fue duramente recriminado por sus correligionarios del oficialismo por haber acompañado el proyecto que plantea la regulación de las concertaciones políticas, que son entendidas como alianzas o acuerdos temporales entre partidos y movimientos con el fin de postular candidatos en elecciones nacionales, departamentales y municipales.
La iniciativa fue impulsada por el diputado del movimiento Honor Colorado José Rodríguez y cuenta con el apoyo pleno de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Esta situación motivó la destitución del hijo del legislador liberal.
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El proyecto de ley cuenta con un fuerte rechazo por parte de los partidos y movimientos de oposición, que dicen que el Partido Colorado apunta a controlar el padrón nacional con el supuesto objetivo de limitar la participación ciudadana en los comicios internos de otros sectores políticos.
Para concretar la remoción de Ledesma Morales, el titular de los azules remitió al TSJE una terna conformada por Hugo Capurro, Marcos Arguello Agüero y Adalberto Morínigo. Este último resultó elegido para el cargo de vicedirector del Registro Electoral.
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Tras muerte de bebé, destituyeron a viceministro de Atención Integral y a director de Redes
La muerte de un bebé en el Hospital Materno Infantil de Trinidad, que llegó procedente desde Villarrica, por no contar con una Unidad de Terapia Intensiva derivó ayer en durísimas medidas por parte del Ministerio de Salud Pública.
La ministra de Salud Pública ordenó el relevo del viceministro de Atención Integral a la Salud, Santiago García, y del director de Redes y Servicios, Derlis León
El Dr. Cristian Matto ya había sido relevado días pasados de su cargo de titular del Hospital de Villarrica, sustituido por el Dr. Rigoberto Alarcán. La cartera sanitaria dispuso además una auditoría médica en averiguación del trágico suceso.
El padre del niño, identificado como Abelardo Mallorquín, denunció que no fueron alertados que la unidad neonatal recientemente inaugurada no estaba aún en funcionamiento. “Si me decían, yo iba a buscar”, dijo acongojado, tras recibir la trágica noticia. El recién nacido tuvo que ser trasladado hasta el hospital materno infantil Santísima Trinidad de Asunción, donde este sábado se constató su deceso, tras ser sometido a un estudio de ecocardio y confirmarse que padecía una hipertensión pulmonar severa.
SALUD DISPUSO CAMBIOS
Tras lamentar el grave hecho, Barán comunicó a través de sus cuentas en redes sociales las medidas adoptadas. “Nada es más doloroso que la pérdida de un hijo. Ninguna palabra puede aliviar el sufrimiento de una madre en este momento, a pesar de la atención médica especializada que fue brindada en el Hospital Materno Infantil de Santísima Trinidad”, expresó.
Dijo que lo ocurrido es una tragedia que no puede repetirse. “Por eso una vez acontecido el hecho determinamos la destitución del director del Hospital de Villarrica y hemos dispuesto cambios en la conducción del sistema de salud, con la sustitución del Viceministro de Atención Integral a la Salud y del director general de redes y servicios de Salud ARCHIVOdel Ministerio”, confirmó. Así también, en su publicación en Facebook, Barán informó que se ha ordenado la apertura de una auditoría médica para analizar en profundidad lo sucedido y “garantizar que se adopten las medidas necesarias. Acompañamos a la familia en su dolor y reafirmamos nuestros compromisos de seguir trabajando con firmeza para fortalecer la calidad de atención en nuestros hospitales”, finaliza el posteo de la titular de Salud Pública.
SUPERINTENDENCIA ANUNCIA AUDITORÍA
Tras la muerte de un bebé tras no conseguir una unidad de terapia intensiva en Asunción luego de ser trasladado desde el Guairá, el Dr. Roberto Melgarejo, superintendente de Salud, informó del inicio de un sumario y una intervención con auditoría integral respecto a los sucesos que se dieron inicialmente en el Hospital Regional de Villarrica. Este proceso busca analizar de manera exhaustiva los hechos, identificando responsabilidades y fallas en el sistema.
Como resultado, se emitirá un documento oficial que incluirá indicaciones precisas y, de ser necesario, sanciones para quienes resulten responsables. La investigación no se limitará a Villarrica, sino que abarcará también a las direcciones hospitalarias, región sanitaria, directores de Asunción, asesorías, viceministerios e incluso el Gabinete, asegurando una revisión completa de todos los niveles involucrados. El objetivo principal es garantizar transparencia, fortalecer la gestión y aplicar medidas correctivas para prevenir futuros incidentes