El Ministerio Público solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE), en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 757 millones a las arcas de la municipalidad esteña durante la gestión de Miguel Prieto.

El procesado prestó una colaboración efectiva con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en este caso, dando información relevante para el avance de las pesquisas. El Ministerio Público pidió que el imputado entregue al contado G. 50 millones, o el monto que el juzgado considere pertinente en concepto de reparación del daño social causado a ser destinado en el lugar a ser dispuesto por el magistrado interviniente, entre otras reglas de conducta.

Según las investigaciones desarrolladas por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez, la suma de G. 757.166.276 fue el resultante de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

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Esta situación se habría dado a través de la concesión de aportes ordenados por el investigado intendente, quien en ese periodo habría dispuesto, a través de resoluciones, diez transferencias a favor del Consejo Local del Hospital Regional, de las cuales una parte importante de estos aportes habrían sido utilizados para inversión física y edilicia en otras realizadas dentro del centro médico.

Según las pesquisas, ninguna de las inversiones físicas realizadas por el Consejo de Salud Local habían sido controladas por la Intendencia de Ciudad del Este a través de los fiscalizadores de obras, como debió acontecer.

Asimismo, según las investigaciones, nunca existió un concurso de proveedores, sino más bien se habrían dado contrataciones directas a constructoras con nexos y vinculaciones políticas, administrativas, entre otras, con el exintendente e incluso con el presidente del Consejo de Salud.

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El objetivo de la Fiscalía es que se resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados.

• HOY.COM.PY

Los agentes fiscales Sil­via González y Chris­tian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anti­corrupción, solicitaron for­malmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribu­nal de Apelación para des­trabar la causa de las filtra­ciones de la Seprelad.

El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes pre­sentados por los acusados. Estas acciones judicia­les mantienen completa­mente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.

Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exau­toridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Antico­rrupción (Senac) y el Minis­terio del Interior.

La hipótesis del Ministe­rio Público sostiene que este grupo elaboró y fil­tró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter con­fidencial. Estos documen­tos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversa­rios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.

A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación for­mal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.

La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apela­ciones.

Esto derivó en que el expe­diente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece conge­lado a la espera de una reso­lución que defina qué jueces deben intervenir.

El requerimiento conclu­sivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Fran­cisco Pereira.

Los procesados enfrentan cargos por asociación crimi­nal, revelación de secretos de servicio, usurpación de fun­ciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial. Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual dipu­tado Mauricio Espínola man­tienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actual­mente se encuentran prote­gidos por contar con fueros de inmunidad.

El 31 de julio de 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republi­cana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018.

El 30 de agosto y 30 de octubre del mismo año amplió la denuncia agregando filtraciones de información confidencial. El 11 de marzo de 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por varios delitos. En agosto de 2024, el Ministerio Público solicitó seis meses más de tiempo para seguir investigando al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y al grupo.

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, de la Cámara Alta, respaldó la gestión del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes. Solicitó aguardar los 15 días que faltan para evaluar los primeros resultados de las auditorías internas antes de exigir nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción. El senador Chase sostuvo que las acciones ante el Ministerio Público deben sustentarse en pruebas contundentes y no en especulaciones.

En charla con varios medios de prensa, el legislador señaló que el Dr. Isaías Fretes está haciendo una transformación en el IPS, que ve y siente la ciudadanía, porque se está dando a conocer ese trabajo. Indicó que el pasado lunes, tuvieron esta misma discusión en Mesa Directiva del Senado, donde algunos autores políticos quieren resultados inmediatos, pero señaló que eso es imposible, que eso no se puede dar.

“El presidente del IPS había pedido un mes de tiempo para tener resultados concretos, y eso se cumple en 15 días más, y bueno, ahí sí vamos a exigirle seguramente al presidente del IPS los resultados concretos que él había prometido”, remarcó.

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Asimismo, sostuvo que ninguna denuncia puede presentarse sin pruebas ante el Ministerio Público y considera que la primera denuncia que ha presentado el actual presidente del IPS ante la Fiscalía por faltantes de materiales eléctricos es un avance importante, porque se trata de daños patrimoniales y espera que en 15 días más, el Dr. Fretes presente un informe acabado de todas las demás auditorías que está llevando adelante.

“Yo soy del criterio de que hay que darle tiempo para que evalúe y presente denuncias sobre las irregularidades que haya encontrado. Es imposible que eso esté todo dispuesto el día que él llegó, y bueno, hay que darle el tiempo para que la transformación tenga lugar”, acotó.

El senador Chase señaló que el doctor Fretes es una persona muy particular y lo conoce personalmente, sabe que no va a soportar ninguna presión externa que no sea la del propio presidente de la República, Santiago Peña, quién fue el que lo nombró en el cargo. No obstante, señaló que no se puede señalar al jefe de Estado de tener injerencia ya que tiene todas las atribuciones para así hacerlo, inclusive cambiarlo nuevamente del cargo.

“Fue la presidencia la que hizo el cambio justamente para mejorar, no para empeorar. No creo que haya una obstrucción del trabajo que tiene que hacer el doctor Fretes; o si no hubiera estado el mismo presidente anterior. No existe el entorno, ese es un cuento político; no existe el entorno que pueda tener injerencia en el nivel de decisión entre el presidente de IPS y el presidente de la República”, enfatizó.

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El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.

“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.

El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.

Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.

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Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).

“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.

“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.

Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.

“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.

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