El elegido como próximo fiscal general del Estado (FGE), el doctor Emiliano Rolón Fernández, miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, presentó su renuncia al cargo que desempeñó durante 27 años. El anuncio formalizó mediante una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel. La decisión obedece a su nueva designación como máxima autoridad en el Ministerio Público.
“Al mismo tiempo, extiende su agradecimiento al más alto estamento de la jurisdicción por haberlo honrado con distinciones a lo largo de la carrera judicial, como la posibilidad de representarlo ante organismos nacionales e internacionales, así como en jornadas de capacitación nacional e internacional en desarrollo de la misión de formador. Finalmente, la petición de que se otorgue la posibilidad de saludarlos en mi despedida institucional lo cual me honraría de sobremanera. La efectividad de la renuncia podría operativizarse desde el 1° de marzo del 2023″, expresa la nota.
En diciembre del 2022, Rolón Fernández dirigió una nota al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, solicitando quedar desafectado para ejercer actos jurisdiccionales en su carácter de camarista, permiso con el cual ya no asistió a su despacho hasta fin de año. Emiliano Rolón puso como razón del pedido enfocarse en trabajar en el periodo de la transición para ocupar su cargo de fiscal general del Estado.
Emiliano Rolón Fernández es doctor en Ciencias Jurídicas, abogado, notario y escribano público, egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Fue varias veces candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia. También se desempeñó como juez de Primera Instancia en lo Criminal y en el 2008 fue declarado inamovible como miembro del Tribunal de Apelación en lo Criminal.
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Tarek William Saab, el exfiscal poeta y acusado de represor en Venezuela
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela durante 10 años hasta su renuncia ayer miércoles, se describe como defensor de los derechos humanos, abogado y poeta, pero sus detractores lo señalan de ser el artífice de la represión bajo Nicolás Maduro. Tras su renuncia fue designado defensor del pueblo de manera interina por parte de la Asamblea Nacional.
Repleto de tatuajes y promotor de sus propios libros de poesía, Saab era una de las grandes figuras del gobierno de Maduro, capturado en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. La oposición lo considera símbolo de una justicia sometida por el poder. De perfil mediático, justificó en entrevistas y redes sociales las olas de represión en Venezuela durante 2017, 2019 y más recientemente los disturbios que siguieron a la reelección de Maduro en julio de 2024, que dejaron unos 2.400 detenidos y 28 muertos.
“Si nosotros no actuamos en ese momento en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objeto de una guerra civil”, dijo a la AFP entonces. Saab recuerda regularmente su alineación con el chavismo, la doctrina ideológica inspirada en el socialismo del popular y fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
“Puso su identidad ideológica muy por encima de sus principios de defensa de derechos humanos”, explicó a la AFP Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos, que lo conoció de cerca. “Fue un extraordinario fiscal”, dijo el poderoso ministro del interior Diosdado Cabello, que le auguró una buena gestión como defensor del pueblo.
“Egocéntrico”
El despacho de Saab en la Fiscalía es muestra de su carácter antimperialista: un cuadro del Libertador Simón Bolívar; fotos suyas con Chávez y otras con Fidel Castro; un bastón de madera con un grabado que reza “nunca más (Donald) Trump”. Irónicamente, fue la presión de Estados Unidos la que impulsó su salida. Trump dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.
Era muy activo en redes sociales. Ordenaba investigaciones desde X y publicaba constantemente fotos personales. Adepto al gimnasio, se calificaba como “poeta”, “libre” y “hippie”. Sus detractores lo tildan de “egocéntrico”. Nacido en 1962 en El Tigre (este) en el seno de una familia de origen libanés, Saab lideró movimientos estudiantiles de izquierda, a la vez que se adentraba en la poesía como una de sus grandes pasiones.
Abandonó sus estudios de literatura para dedicarse al derecho. “Quería defender los derechos humanos”, dijo a la AFP. En 1999 estrechó sus lazos con el recién electo Chávez, al participar en la redacción de una nueva Constitución que cimentó los 27 años de “Revolución Bolivariana”.
Afrontó la cárcel durante un intento de golpe de Estado sufrido por Chávez en 2002, un episodio que le gusta evocar. Fue liberado gracias a la presión de oenegés de defensa de derechos humanos. Fue gobernador de su estado natal Anzoátegui entre 2004 y 2012. En 2014 fue nombrado ya bajo el gobierno de Maduro como defensor del pueblo, un cargo que vela por la garantía de los derechos de la población ante posibles abusos del Estado.
“Expresó su idea de hacer un plan de trabajo con las organizaciones, pero la verdad es que de esa primera reunión no prosperó nada”, contó Uzcátegui. “Es extremadamente sensible a la crítica, a los cuestionamientos, y a la medida que las organizaciones fuimos exigiéndole cosas, interpelándolo en su rol como defensor del pueblo, pues él comenzó rápidamente a alejarse de las organizaciones y a considerarlas como enemigas”, acotó.
“Pacificación”
En 2017 la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció una “ruptura del orden constitucional” en medio de una ola de duras protestas antigubernamentales, tras lo cual huyó del país. Saab fue designado como su sucesor. Como fiscal general se jacta de haber combatido eficazmente la corrupción, especialmente por ordenar la detención del poderoso ministro petrolero Tareck El Aissami.
Defensores de derechos humanos no ahorran duras críticas para su gestión. “No hay adjetivo negativo que pueda describir acertadamente cómo ha sido su gestión dentro de la fiscalía”, señaló Uzcátegui. “Una fiscalía absolutamente falta de independencia, que se convirtió permanentemente en un apéndice del Ejecutivo, que no garantizó el derecho a la justicia de las víctimas, que se convirtió en una herramienta de persecución”, añadió.
Recordó además que informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos lo señalan como “cómplice de la comisión de graves violaciones de derechos humanos”. Saab contradice estas acusaciones y asegura que más de 600 funcionarios fueron condenados por abusos durante su mandato como fiscal.
Bajo sanciones estadounidenses desde 2017, Saab lamentaba no poder viajar más a París, en particular al festival musical Fiesta de la Humanidad. Saab no dejó de condenar la captura de Maduro, que llegó a considerar como evidencia de la “muerte del derecho internacional”. En las últimas semanas se enorgulleció de participar en la redacción de una histórica ley de amnistía que debe impulsar la liberación de cientos de presos políticos. Esperaba que la “pacificación” que justifica la ley pudiese abarcar a Maduro, preso en Nueva York.
Fuente: AFP.
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Renuncia Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, renunció a su cargo, informó el miércoles la secretaria de la Asamblea Nacional, menos de dos meses después de la caída de Nicolás Maduro.
Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.
El abogado se dice un defensor de los derechos humanos. La oposición le reprochaba que hiciera la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.
El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, “mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república”, leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.
Asimismo, la secretaria informó de la renuncia de Alfredo Ruiz al frente de la Defensoría del Pueblo, un ente que tiene como función la promoción de derechos humanos.
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Rodríguez mostró a los parlamentarios las misivas que recibió tanto de Saab como de Ruiz “en donde expresan su decisión de renunciar al cargo respectivo como fiscal general de la república y como defensor del pueblo”, indicó.
Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. “Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación”, indicó durante la sesión.
Saab está sancionado por Estados Unidos desde 2017 entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país.
Es considerado uno de los más cercanos colaboradores de la llamada “Revolución Bolivariana” y sus detractores lo acusan de servir al chavismo.
- Fuente: AFP
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Condenan a 76 años de cárcel a políticos que ordenaron asesinato de Marielle Franco en Brasil
La corte suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión cada uno a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.
Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.
El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.
Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.
Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.
Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.
Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.
Política, racismo y misoginia
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
“Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. La corte, de su lado, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.
Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.
Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024.
Error de cálculo
“Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.
“¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza. Según la corte, los hermanos Brazao “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.
El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que “los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados”.
- Fuente: AFP
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Corte analiza resultados de investigación sobre medidas cautelares y riesgos procesales
Con la finalidad de presentar a las autoridades judiciales los resultados de investigaciones de campo realizadas por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), este viernes se desarrolló la segunda jornada de la mesa técnica de trabajo entre integrantes de la la Oficina Técnica Penal (OTP) y del CEJ.
Con la presencia de la ministra de la Corte, Carolina Llanes, se pormenorizaron detalles relacionados con la aplicación de la prisión preventiva y medidas alternativas mediante el análisis de riesgos procesales en 322 resoluciones correspondientes al primer semestre de 2025.
La jornada tuvo relación con los proyectos del sistema de Justicia Penal orientados a apoyar la labor de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva, vinculados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad (PPL) con enfoque de derechos humanos.
“Con apoyo del analista Jorge González, integrantes del CEJ expusieron los resultados del análisis de riesgo de 322 resoluciones dictadas entre enero y junio de 2025″, informaron.
María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, señaló que en esta oportunidad se presentaron a la Sala Penal los resultados de las investigaciones de campo realizadas por la institución en relación con la aplicación de la prisión preventiva y medidas alternativas.
El trabajo busca comprender la dinámica del análisis jurisprudencial de los jueces de Garantías en estos puntos, a fin de identificar reiteraciones y la aplicación de normas.
La intención principal es detectar posibles debilidades que permitan a la Sala Penal contar con un panorama preciso para orientar políticas judiciales.
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