La senadora Esperanza Martínez, de la bancada del Frente Guasu, pidió al Estado garantizar la seguridad para directivos y trabajadores de prensa de Radio Cáritas. Fue al solidarizarse con los miembros del medio radial con más de 80 años de trayectoria en el país tras recibir amenazas contra su labor presuntamente por parte de sectores que estarían vinculados a un operativo contra el crimen organizado.
“Mi solidaridad con Radio Cáritas ante las amenazas que recibió. La libertad de prensa es uno de los grandes soportes de la sociedad democrática. Las instituciones del Estado deben tomar el caso y garantizar la seguridad del medio y sus trabajadores”, dijo la legisladora en una publicación en Twitter.
A su vez, el director de la 680 AM, Miguel Ortiz, pidió mayor prudencia a las autoridades ante las amenazas recibidas. Reveló que fueron dos ocasiones en horarios similares, pero en distintos días que aparentemente la misma persona habría llamado a la emisora a alertar sobre posibles secuestros, torturas y otras vulneraciones.
“Agradezco la solidaridad y en efecto en el comunicado del día lunes, sobre las llamadas que recibimos el fin de semana en dos ocasiones tanto el día sábado como domingo. Y hemos gestionado las denuncias pertinentes ante los órganos oficiales, que ya se están encargando de cerrar el circuito investigativo para dilucidar cómo viene la mano”, dijo Ortiz a la 1020 AM.
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Detalló que el llamado a la emisora se habría hecho por intermedio de una misma persona que profirió la amenaza del mismo tenor. Sobre la identidad, el director de Cáritas se excusó de ahondar al indicar que el caso está en el campo de las autoridades tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público.
“Por eso justamente nuestro comunicado no señala nombre, no señala persona. Es consabido que uno puede hacerse pasar por cualquier persona cuando llama por teléfono. Y esto está para ser corroborado y está ya en el campo de las autoridades”, remarcó.
Afirmó que desde Cáritas se proveyeron todos los datos, por lo que hacen un llamado a los responsables de las pesquisas para que “traten la información de un delicado tema con la prudencia del caso”.
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Caso Tía Chela: fiscal Silvio Corbeta advierte que Miguel Prieto amenaza a testigos clave
El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.
Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas
El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.
“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.
Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.
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En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.
“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.
La desestimación
El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.
“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.
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Violencia familiar, lesiones y amenazas, entre las principales denuncias que involucra a pueblos originarios
Entre 2023 y 2026 se analizaron más de 3,100 hechos punibles relacionados con personas indígenas. El estudio abarcó 2,746 causas penales y permitió identificar las principales denuncias, su distribución territorial y las situaciones que involucran a la población nativa como presuntas víctimas o presuntos responsables.
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Planificación y su Departamento de Estadística, procesó información correspondiente a 3.119 hechos punibles denunciados en 2.746 causas penales, cuyos relatos iniciales mencionan situaciones vinculadas a personas o comunidades indígenas. El estudio comprende el periodo de enero de 2023 a agosto de 2026. A partir de estos registros, la Dirección de Comunicación y Prensa realizó un análisis periodístico e institucional para identificar los principales hallazgos y contribuir a su comprensión desde una perspectiva informativa y de derechos.
De los hechos examinados, 2.415 registraron al menos una presunta víctima indígena, mientras que en 2.076 se identificó al menos una persona indígena como presunta responsable. Ambas categorías pueden coincidir en un mismo hecho, por lo que no deben sumarse.
Principales denuncias
Entre los hechos que involucran a presuntas víctimas indígenas:
- la violencia familiar registró 246 casos
- 199 lesiones
- 169 amenazas
- 152 registros de homicidio doloso
- y 118 de abuso sexual en niños
Estos resultados permiten observar la diversidad de situaciones denunciadas que afectan a integrantes de pueblos indígenas, incluidos hechos relacionados con la integridad física, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Registro aumenta entre 2023 y 2025
El análisis muestra que los hechos punibles registrados pasaron de 665 en 2023 a 768 en 2024, y a 1.010 en 2025, lo que representa un incremento del 51,9 % entre el primero y el último de esos años.
Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 676 hechos, cifra correspondiente a un periodo parcial. Cabe destacar que el aumento de los registros no implica necesariamente un incremento equivalente en la ocurrencia real de los delitos, ya que los datos corresponden a denuncias y no permiten determinar las causas exactas de esa variación.
Canindeyú, Caaguazú y Amambay
En la distribución territorial, Canindeyú encabezó los registros con 781 hechos punibles, seguido de Caaguazú con 539 y Amambay con 476. Estos tres departamentos concentraron el 57,6 % del total de los casos analizados. Estas cantidades reflejan los registros del Ministerio Público y no constituyen tasas de criminalidad, ni permiten establecer qué departamentos presentan un mayor riesgo para la población indígena.
Derechos y acceso a la Justicia
El análisis aporta información clave sobre las denuncias que involucran a personas indígenas y contribuye a conocer las situaciones que llegan al sistema penal.
La Constitución Nacional reconoce la identidad étnica, las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el acceso a la Justicia requiere considerar las particularidades culturales y lingüísticas de las personas involucradas, con pleno respeto a sus garantías y derechos.
Los resultados corresponden estrictamente a la información registrada al momento de la denuncia; por lo tanto, no representan hechos judicialmente comprobados ni permiten determinar responsabilidades penales de forma anticipada.
Con este estudio, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye a visibilizar las situaciones denunciadas y a profundizar el conocimiento sobre los derechos y el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas.
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Ante amenaza de Giuzzio a fiscales, juicio se reanuda con custodia policial
Ante las presuntas amenazas efectuadas por Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, el juicio oral y público contra el exministro del Interior se reanudó este martes 1 de setiembre bajo una fuerte custodia policial. Acusado por cohecho pasivo agravado, el exfuncionario fue captado durante un cruce contra los agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Este tipo de situaciones solo se observa cuando son juzgados peligrosos delincuentes vinculados con las mafias, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
La fiscal Valdez, desde el ingreso a la sede judicial, fue custodiada por varios uniformados para evitar cualquier tipo de roces o agresión física que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado que es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil.
En la ocasión, la agente puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia, que integran los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete; la situación de amedrentamiento protagonizada por Giuzzio, al término de la audiencia anterior, alegando que “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desafiante y desmedida como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registraron la situación, esto sucedió al culminar la audiencia. Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares solicitamos al tribunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.
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Antecedentes
La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes 24 de agosto el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros testigos claves que se desempeñaron como funcionarios de la empresa Ombú S.A. del capo narco.
El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abranlena chamigo una causa, tenganna huevos. Yo estoy súper concentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse después”, dijo el acusado al reclamar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.
“Este tribunal ha tomado conocimiento, se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido hemos tomado como medidas mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala y ya están previstas todas las situaciones para que en adelante contemos con la debida seguridad. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto entre todos y no se permitirá falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Planás.
Acusación contra Giuzzio
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
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Urgen seguridad para fiscales amedrentados por Giuzzio: “No es un episodio aislado”
La vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, Belinda Bobadilla, requirió la urgente aplicación de protocolos de seguridad para sus colegas Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes fueron presuntamente amenazados por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. El exsecretario de Estado actualmente afronta un juicio oral y público por cohecho pasivo agravado.
Bobadilla dijo que ambos agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción vienen siendo amedrentados de forma constante por Giuzzio, razón por la cual solicitó tomar la situación con la mayor seriedad, considerando el perfil político y las conexiones que mantendría el exfuncionario abdista.
La causa judicial que enfrenta Giuzzio se encuentra ligada a su vínculo con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. “Se debe aplicar los mecanismos de seguridad teniendo en cuenta el perfil de la persona que realiza el acto de amedrentamiento. Acá no se trata de tener la piel sensible como él mismo manifestó en algunos medios de comunicación, acá se toma lo que una persona dice o hace, con seriedad, teniendo en cuenta no solo el caso de corrupción que están investigando los colegas”, manifestó a la 650 AM.
“Según lo que nos refirieron los dos agentes fiscales, todo esto ya se dio con anterioridad, incluso en una oportunidad Giuzzio golpeó la puerta contra la fiscal Valdez, tiene una actitud prepotente, se observa claramente en los videos. No se trata de episodios aislados, no estamos hablando de un solo episodio”, sentenció Bobadilla.
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Bobadilla acotó: “Giuzzio es un exministro, exsenador, tiene contactos, cuenta con un poder fáctico hasta el día de la fecha. Los agentes fiscales no somos ciudadanos privilegiados, pero sí cumplimos un rol constitucional fundamental. Sobre todo para los fiscales que tienen a sus cargos la investigación de hechos de corrupción de personas con poder político o económico”.
La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes último el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros testigos claves que se desempeñaron como funcionarios de la empresa Ombú S.A. del capo narco.
Actitud prepotente
El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abranlena chamigo una causa, tenganna huevos. Yo estoy súper concentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse después”, dijo el acusado al reclamar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.
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