El exdiputado Juan Carlos Ozorio, imputado en marzo del 2022 en el marco del operativo A Ultranza Py por los hechos punibles de asociación criminal, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, seguirá preso ya que la Cámara declaró inadmisible el pedido de apelación a su prisión preventiva.
Al respecto, cabe señalar que el Tribunal de Apelación de feria, integrado por los camaristas Andrea Vera Aldana, Giuseppe Fosatti y Alejandrino Cuevas, rechazó el pedido planteado por la defensa del exparlamentario y descartó cambiar la calificación de su conducta, alegando que dicha presentación se realizó en forma extemporánea.
La resolución impugnada es del 29 de diciembre y fue notificada en el mismo día, por lo que la defensa contaba con cinco días corridos para apelar, y según constancia del expediente, la apelación se presentó el 5 de enero pasado. En consecuencia, tampoco prosperó el pedido de libertad por compurgamiento de pena requerida por la defensa del procesado, con base en la modificación de la calificación que planteó.
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Con la decisión de los camaristas se ratifica la resolución dictada el 29 de diciembre último por la jueza de Garantías especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía, quien había rechazado el cambio de calificación planteado por la defensa de Ozorio.
Cabe señalar que la intención era cambiar la carátula solo a lavado de dinero, cuya pena mínima es de 6 meses. De esta forma el Juzgado debía ordenar su libertad ya que el procesado está en prisión desde el 3 de marzo del 2022.
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Pesquisas identifican diez armas y señalan asociación criminal en Naranjito, dice Riera
El ministro del Interior, Enrique Riera, explicó los datos objetivos que refuerzan la hipótesis de que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se habría asociado con bandas de narcotraficantes que operan en Canindeyú, en el ataque contra el puesto policial n.° 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, que dejó tres fallecidos, el 21 de julio; y refirió que se identificaron vainillas de diez armas, lo que reduciría la cifra de atacantes tras estimarse entre 20 o 30 sujetos, como en un principio mencionaron testigos.
“A medida que pasan las horas tenemos más datos objetivos y no teorías de lo que sucedió. Fueron ajusticiados cruelmente (dos policías y un funcionario civil), sin el derecho a la defensa, con un ataque cobarde en superioridad numérica y de fuego. Sin mediar palabras entraron directamente a matar y quemar la instalaciones de las comisarías”, dijo Riera, este viernes, en los estudios del canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
El alto funcionario de Estado acotó: “Con firmeza podemos sostener que el Ejército del Pueblo Paraguayo estuvo metido. No descartamos la posibilidad de que se sumen otras fuerzas que puedan ser reclutadas y eso es un tema que vamos a ir definiendo”.
Las afirmaciones de Riera surgen teniendo en cuenta que en el sitio también fue identificado el casquillo de un arma que fue utilizada por narcotraficantes en un enfrentamiento con los agentes policiales en el 2020. “Esto es una primicia en términos reales, de los casquillos en el lugar, no hay más de 10 armas, es decir de 30 supuestos atacantes, estamos bajando a 10, esto no es un tema menor”, refirió.
“La hipótesis que manejamos es el EPP y alguien más. Ya hubo reacciones de grupos delictivos de la zona porque ya habíamos dado una serie de golpes quirúrgicos muy importantes“, mencionó Riera. El violento episodio dejó como resultado el fallecimiento de dos efectivos policiales, el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios y el suboficial inspector Herminio Ojeda González, así como del funcionario civil Josemar Escobar Piris. Un tercer agente resultó herido y se encuentra fuera de peligro.
Asfixia del “arco libre”
El ministro puntualizó que el ataque de Naranjito sería una respuesta ante las acciones del Estado que vienen asfixiando el “arco libre” que había en la zona para el narcotráfico, y detalló la captura del líder indígena Derlis Fermín López en febrero de 2026 en la localidad de San Miguel, distrito de Corpus Christi, que presuntamente formaba parte de una red de apoyo logístico del crimen organizado.
Riera también hizo alusión a la captura de Jorge Mercado Méndez, también en febrero del 2026, quien es un dirigente campesino conocido por liderar el asentamiento Primero de Marzo, detrás de las protestas y conflictos de tierras en la zona de la estancia Pindó.
Además citó al dirigente campesino Rubén Villalba, ampliamente identificado por su participación en la masacre de Curuguaty, registrada en junio de 2012, y que, a lo largo de los años estuvo involucrado en múltiples procesos legales relacionados con la ocupación de tierras, invasión de inmuebles ajenos y tenencia de armas.
“Hace una semana identificamos a siete campesinos armados que disparaban contra las cosechadoras. También hace poco dimos un golpe grande, un trabajo coordinado con la Prefectura Naval donde se incautaron 9 toneladas de marihuana que iba a pasar a Brasil por el lago Itaipú, que mucho tiempo fue un arco libre”, comentó en su visita a Nación Media.
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García Troche seguirá recluida en Emboscada en espera de su audiencia preliminar en agosto
La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de la ciudadana uruguaya Gianina García Troche en el módulo de máxima seguridad del Complejo para Mujeres de Emboscada (Comple), mientras aguarda su audiencia preliminar, prevista para el 10 de agosto, a las 9:00, dentro del proceso penal que enfrenta en el marco del caso “A Ultranza Py”.
La pareja del narco uruguayo Sebastián Marset (actualmente procesado en Estados Unidos) está acusada por el fiscal Deny Yoon Pak de lavado de dinero y crimen organizado. La decisión de la magistrada fue adoptada a través del Auto Interlocutorio n.º 124.
La defensa de la acusada, integrada por los abogados Christian Fernando González Rivas, Rafael Alcides Blanco Sanabria y Hugo Ramón Núñez Ortíz, había solicitado la revisión de la prisión preventiva, alegando la aparición de nuevos elementos que, a su criterio, modificaban las circunstancias originales de la medida cautelar. Entre los argumentos presentados se citó una pericia caligráfica realizada en una causa conexa relacionada con la firma “Summun S.A.”, la cual, según la defensa, podría afectar parte de la base fáctica de la imputación fiscal.
Sin embargo, el juzgado mantuvo la medida privativa de libertad y también dispuso la postergación de la audiencia preliminar, que inicialmente debía realizarse el 9 de junio. La magistrada argumentó que el expediente principal del caso se encuentra actualmente en manos de un Tribunal de Sentencia, situación que, según su criterio, podría generar limitaciones para el ejercicio pleno de la defensa y eventuales situaciones de indefensión.
El pedido de arresto domiciliario también fue rechazado atendiendo a que el inmueble ofrecido como garantía en Luque ya tiene tres causas penales como garantía y el código QR no se pudo validar. La jueza lo calificó de “ineficaz e insuficiente”. La jueza sostuvo que por la pena de 5 a 15 años y el perfil de la organización transnacional, el arresto domiciliario es “intrínsecamente precario” y que persiste el peligro de obstrucción.
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Seprelad exige actualización de datos en sistema SIRO a Bancos, casas de bolsa y otras entidades
Sectores vinculados a entidades financieras, cooperativas, aseguradoras y organizaciones políticas deberán cumplir con un requerimiento obligatorio de actualización de datos en el sistema SIRO de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), según informó la propia institución.
La disposición, vigente desde este lunes, alcanza a bancos y financieras, casas de bolsa, cooperativas, escribanos, compañías de seguro, administraciones de fondos mutuos, así como a casinos, casas de crédito, partidos políticos, entidades de medios de pagos electrónicos y fiduciarias.
Desde la Seprelad indicaron que al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de actualización de datos. Asimismo, remarcaron que la carga de información será una condición necesaria para continuar utilizando la plataforma SIRO.
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La institución instó a todos los Sujetos Obligados a dar cumplimiento a esta disposición dentro del plazo establecido, con el objetivo de garantizar la integridad y vigencia de la información registrada en el sistema.
Según explicaron, el requerimiento forma parte de las acciones orientadas a mantener actualizados los datos de los sectores alcanzados por las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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El embargo a Atlas es un “indicador más ante sospecha de lavado”, señala abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.
El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.