Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.

La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.

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De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.

Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.

De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).

Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.

El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.

El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.

La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.

El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.

Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.

Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.

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Este lunes se desarrolló la audiencia pública sobre el proyecto de ley que plantea la prohibición del uso de cianuro de sodio en piletas y mercurio en procesos de producción minera. Al término del encuentro, el diputado Alejandro Aguilera, proyectista de la iniciativa dio detalles sobre los puntos abordados.

“Buscamos un punto intermedio, que se trabaje respetando el medioambiente, los mineros dicen que ellos cumplen con todas las leyes vigentes hoy, que están sometidos a los controles y que no tienen ningún problema en que se los siga controlando, pero nosotros tenemos denuncias que no podemos hacer caso omiso, vamos a seguir analizando esto”, enfatizó el legislador.

En este encuentro estuvieron presentes mineros de Paso Yobái, representantes de empresas concesionarias, el intendente de ese distrito, Óscar Chávez, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y referentes de la sociedad civil.

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“Fue un espacio importante de diálogo. Nos munimos de mucha información. Los mineros fueron escuchados, dieron sus versiones sobre los trabajos que realizan, y también se presentaron investigaciones”, detalló Aguilera. El parlamentario admitió que existe una postura dividida respecto al uso de cianuro.

“Los representantes del Mades manifestaron que actualmente no existe un químico que reemplace al cianuro en los procesos mineros y que dentro de los elementos utilizados, este es el menos nocivo. No así el mercurio, cuya utilización ya está desaconsejada por acuerdos internacionales. Sin embargo, hay sospechas de que aún se estaría utilizando. El Mades negó esa información, alegando no contar con registros de su uso”, explicó.

Aguilera señaló que el proyecto será analizado en varias comisiones, como la de Minas y Energía, antes de avanzar en el tratamiento parlamentario. “Vamos a estudiar y profundizar este tema para llegar a una solución que beneficie a la comunidad. No estamos en contra de la minería; reconocemos que genera empleo en Guairá. Pero también tenemos la responsabilidad de velar por el medioambiente”, sostuvo.

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Mediante la iniciativa, se plantean sanciones significativas para quienes violen la prohibición que van desde penas privativas de libertad de cinco a diez años y multas de 500 a 2.500 jornales mínimos. En casos graves, esto puede aumentarse de seis a doce años, con multa de 1.000 a 5.000 jornales mínimos.

Analistas especializados en la política internacional y económica abordaron los efectos causados por el conflicto en Medio Oriente, que actualmente está en un proceso de cese al fuego tras la guerra de los 12 días entre Irán e Israel; en una antesala de la firma de un acuerdo de paz.

Un conflicto geopolítico trae fuerte repercusiones en el ámbito económico, sobre todo en la definición de las proyecciones económicas.

Durante el programa Fuego Cruzado, emitido por canal GEN/Nación Media, el experto en política internacional, Mario Paz Castaing, explicó que actualmente el mundo pasa por una transición, donde el viejo orden mundial, aquél que dejó la II Guerra Mundial, las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad paralizados, los organismos internacionales en general están en un proceso de deterioro por las circunstancias políticas emergentes.

“Por ahora hay un desorden mundial, ya que todavía no existe un nuevo orden mundial. Entonces estamos en un estado inestable, turbulento, que todavía no lo sabemos descifrar hacia dónde va a arribar ese caos que tenemos en el mundo”, expresó.

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Paz Castaing indicó que en la actualidad existen lo que ya llaman algunos analistas “ingenieros del caos”, ya que quedó atrás aquella política analógica que aún tiene mucha fuerza en el sistema paraguayo; pero que en el mudo va cambiando, porque los ingenieros del caos manejan las reacciones a través de los algoritmos, la innovación y la tecnología y usan esas herramientas tecnológicas como arma política.

A su turno, el exviceministro de Economía, Daniel Correa, señaló que, así como se da el caos en el ámbito político, también tienen fuertes repercusiones en el ámbito económico, sobre todo en la definición de las proyecciones económicas.

Indicó, que mientras EE. UU. aún no tenía una fuerte participación, el análisis del impacto económico se mantenía puramente a lo referente al precio del petróleo o algunos commodities que estaban vinculados.

Desde el momento que el gobierno norteamericano tuvo una alta participación, ahí sí hubo un real análisis de cómo reaccionaban los diferentes mercados, sostuvo.

“Había un escenario bastante complicado y la palabra que de alguna manera se repetía en todas las noticias económicas era el tema de incertidumbre. No estaba claro hacia dónde iba a tomar este rumbo; porque aún no se tenía en cuenta la dimensión clara de hasta dónde iba ir este conflicto y cuál sería la profundidad dentro ya del escenario del caos que ya existía en la economía mundial”, precisó.

Todo ese caos de una u otra forma terminaba afectando a la economía del Paraguay, teniendo en cuenta que el país ya está inmerso en el comercio internacional y de alguna manera ya repercute en términos macro, como también en el bolsillo de la gente, porque finalmente todos pagamos el combustible todos los días.

Paz Castaing señaló que no se debe dejar de observar que Irán fue el país agredido, así como lo fue Ucrania, en el conflicto con Rusia. No obstante, indicó que es un tema muy complejo para tratar de resumirlo en dos o tres minutos.

Agregó que el programa nuclear de Irán ya llevaba 20 años, decían que tenían más de 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, que si se queda en ese porcentaje no sirve para nada, ni para producir energía limpia, ni para producir armas nucleares, pero ya estaba en corto plazo la posibilidad de enriquecerlo y producir las armas nucleares correspondientes.

Mencionó que en medio de este tema hay una serie de consideraciones a tener en cuenta, por ejemplo que el Estado teocrático de Irán, con el ayatolá Alí Jamenei, el actual Líder Supremo de Irán, cuyo discurso se mantiene en acabar con el Estado de Israel, pero no con las armas nucleares.

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No obstante, señaló que este conflicto de Medio Oriente dejó al desnudo que Irán no contaba con la capacidad militar de reacción inmediata ante los ataques de Israel y los Estados Unidos; como sí los tenía estos países.

También dijo que Israel tampoco tiene la capacidad de soportar por mucho más tiempo un conflicto bélico ya que su capacidad es limitada, por eso recurrieron a los EE. UU. para acabar con el programa nuclear de Irán.

“Irán también tenía un problema interno por la sobrevivencia de los ayatolás, porque toda esta cuestión del descabezamiento militar, la supremacía de la inteligencia israelí con el Mosad, que es una de las agencias de inteligencia más importante, que logró prácticamente a descabezar el programa nuclear iraní; gracias a la colaboración interna por la división interna iraní”, explicó.

En el aspecto económico, Correa explicó que conflictos como los de Medio Oriente no tendrían mucha duración, debido a los grabes problemas internos en materia económica, que de hecho están en una situación particular de desequilibrio.

“Analistas de la región señalaban que es muy difícil que Irán pueda aguantar por mucho tiempo, más allá de su capacidad militar, sino por la capacidad de financiamiento que pudieran obtener, por el desequilibrio económico que hoy están teniendo”, mencionó.

A su criterio, lo que se está viendo en otras regiones es que esa capacidad financiera y de defensa que podrían tener los países que pudieran elevar sus presupuestos, van a comenzar a alterar los presupuestos públicos generando incluso peleas internas por cómo se estará destinando esos recursos.

“Europa en ese sentido está en una situación bastante particular porque no crece. Europa tiene un gran componente de gasto público que tiene que ver con lo social, por eso la discusión de estos países como España, Italia y otras naciones que analizaron la posibilidad de alzar los presupuestos para defensa. Lo que seguiremos viendo que esta tensión se va a seguir dando en materia de financiamiento y son pocos los países dispuestos a soportar”, acotó.

Diputados de diferentes signos políticos plantean que, más allá de acciones punitivas, se deben buscar alternativas que sean preventivas, educativas y restaurativas ante episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes.

Por ello se presentó el proyecto de ley “que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.

La iniciativa que fue enviada a consideración de las comisiones asesoras, que, de acuerdo a la exposición de motivos, la idea es declarar una emergencia educativa y social, en todo el territorio nacional, ante el incremento de casos de violencia en las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes, sería por el término de doce meses.

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La iniciativa pretende que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.

Menciona que tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.

La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas.

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“La violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual", explica parte del documento.

Asimismo, señala que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.

Argumenta que, en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, lamentablemente.

Sostiene que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.

Los legisladores lamentan que si bien existen marcos normativos como la Ley “De Protección Integral a las Mujeres”; el “Código de la Niñez y la Adolescencia”; y la propia Carta Magna, que en su artículo 48 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, “no haya sido suficiente”.

Finalmente, manifiestan que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.

“La intervención debe ser temprana, constante y coordinada entre las instituciones responsables: MEC; Salud Pública; Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de la Mujer, para garantizar que la educación, la igualdad, el respeto mutuo, el reconocimiento de las señales de alerta y el autocuidado afectivo, se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, refiere el texto.