El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) anunció que mañana jueves 12 de enero, a las 8:00, partirán los maletines que contienen los materiales, útiles y documentos electorales que serán utilizados en la jornada de elecciones para nuevo gobernador del Guairá.
Serán un total de 251 mesas de votación a ser instaladas este domingo 15 de enero. Los maletines electorales y los cuartos oscuros serán entregados en el Juzgado Electoral de Guairá, ubicado en la ciudad de Villarrica. Posteriormente serán trasladados a las oficinas del Registro Electoral el sábado 14 para finalmente ser llevados a los locales de votación el domingo.
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Según datos proveídos por la Justicia Electoral, estarán habilitados unos 58 locales para un total de 160.124 electores registrados para sufragar. En estos comicios se utilizarán papeletas de votación y no las máquinas de votación, teniendo en cuenta que se trata de un cargo único y hay un solo candidato, que es del Partido Colorado.
El TSJE realizó ayer martes la auditoría judicial de los maletines, útiles y demás documentos que se utilizarán en la jornada este domingo. “Lo que hacemos en esta auditoría es abrir los maletines electorales para corroborar si los mismos contienen todos los documentos y elementos previstos para un maletín”, explicó el director de Asesorías Electorales, Luis Alberto Mauro. El domingo, la jornada eleccionaria se iniciará a las 7:00 y se extenderá hasta las 17:00.
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México: sendos ataques a candidatos a alcaldes dejan 9 muertos
Nueve personas murieron en dos atentados contra candidatos a alcaldes en el estado mexicano de Chiapas (sur), informó este domingo la Fiscalía de esa región azotada por el crimen organizado. Los dos aspirantes sobrevivieron, uno de ellos quedó herido, en los ataques ejecutados la noche del sábado y la madrugada de este domingo en los municipios de Villa Corzo y Mapastepec, reportó la Fiscalía a través de sendos comunicados.
La institución anunció en principio tres fallecidos en Villa Corzo, pero este domingo confirmó que uno de los heridos perdió la vida en un hospital. Las demás muertes ocurrieron en Mapastepec. Estos hechos se enmarcan en una escalada de violencia en Chiapas contra aspirantes a cargos regionales en los comicios del próximo 2 de junio, cuando también será elegido el nuevo presidente de México.
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La noche del pasado jueves fueron asesinadas seis personas en el municipio de La Concordia, vecino de Villa Corzo, entre ellas la candidata a la alcaldía local, Lucero López, y una menor en una emboscada tras un mitin de campaña. Desde el pasado 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, han sido asesinados al menos 29 aspirantes a cargos locales, según un recuento de la organización civil Data Cívica.
De acuerdo con la Fiscalía, el atentado en Villa Corzo estuvo dirigido contra una comitiva en la que se hallaba el candidato a la reelección por ese municipio, Robertony Orozco, del partido Morena, al que pertenece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
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Orozco recibió disparos en las piernas, según el reporte oficial. En tanto, el ataque Mapastepec involucró a una caravana del aspirante de Morena a la alcaldía local, Nicolás Noriega, quien salió ileso. Dos personas más resultaron lesionadas.
Las campañas electorales en Chiapas suelen ser violentas, pero la situación se ha deteriorado aún más por la guerra que libran los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa en una subregión conocida como La Frailesca, a la que pertenecen Villa Corzo y La Concordia. Ambas organizaciones se disputan rutas para el tráfico de drogas -especialmente hacia Estados Unidos- y otras actividades delictivas como la extorsión. Mapastepec es un punto clave porque tiene costas sobre el océano Pacífico.
Fuente: AFP.
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El pueblo mexicano donde los cárteles buscan votos con balas
“Te bajas o te bajas”, ordenaron a Margarita Galán, quien no tuvo más remedio que abandonar su candidatura a la alcaldía de Maravatío para no correr la suerte de otros tres aspirantes asesinados en ese municipio mexicano. Como en varias poblaciones del país, en Maravatío (Michoacán, oeste) el crimen organizado depura listas de candidatos a bala o con amenazas para asegurarse el control de cargos locales que serán elegidos el 2 de junio simultáneamente con el nuevo presidente de México.
“No puedes participar”, advirtieron con insultos los hombres que telefonearon a esta chef de 27 años, según cuenta en su modesta casa de Las Joyas, comunidad rural que se vacía de jóvenes porque migran a Estados Unidos por la violencia y la pobreza. Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso electoral, fueron asesinados 28 políticos que aspiraban a cargos electivos en México, según la oenegé Data Cívica. Maravatío, poblado agrícola de 80.000 habitantes, ha puesto la mayor cuota.
El 26 de febrero, con tres horas de diferencia, fueron asesinados el médico Miguel Reyes y el transportista Armando Pérez, ambos de 58 años, que disputaban la alcaldía. En noviembre fue hallado muerto Dagoberto García, quien también buscaba ser alcalde. Reyes y García pertenecían a Morena, partido del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador; Pérez, al conservador PAN, y Margarita contendía por Movimiento Ciudadano (centro). Cinco siguen en contienda.
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Régimen de terror
Los crímenes hundieron a Maravatío en el miedo. Dos hombres en un auto rondan desde hace horas los mítines del nuevo candidato de Morena, Mario Pérez. Ya de noche se detienen, bajan la ventanilla y observan fijamente la reunión, sin un solo policía. “Ese carro no es normal”, suspira un miembro de campaña. “Esas son las cosas que nos ponen nerviosos. Nunca nos había pasado”, añade pálido.
El mitin finaliza y Pérez se rodea de simpatizantes para tomarse fotos. Los sospechosos desaparecen en la penumbra. El candidato, un dentista de 34 años que busca derrotar un cacicazgo de casi un cuarto de siglo del PRD (socialdemócrata) en Maravatío, elude el tema de la inseguridad en público. Tampoco ha pedido protección de autoridades, como sí lo han hecho 96 candidatos en Michoacán.
Comenta a la AFP que su objetivo es ofrecer oportunidades a los jóvenes “para que no anden en otra cosa”. Durante una asamblea en una calle polvorienta, una de sus seguidoras, la profesora Liz Monroy, de 45 años, reconoce que le “da miedo participar” pues para ella la política es sinónimo de “inseguridad”.
No exagera. El 10 de mayo, cerca de la casa de Margarita, escoltas de dos aspirantes a la alcaldía del vecino Senguio se enfrentaron a tiros al cruzarse en el camino, al parecer debido a una confusión. “No hay condiciones para hablar”, dice un integrante de la campaña de Óscar Vidal, candidato a la alcaldía que busca prolongar la hegemonía del PRD en el pueblo.
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“¡Ay donde no gane!”
Maravatío está en medio de la guerra que libran cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación o Los Correa. Sin un grupo dominante, la violencia tiene derivas anárquicas en Michoacán, pujante estado agroindustrial donde unas 14 bandas se pelean el tráfico de metanfetaminas y la extorsión. Pero “no se conformaron” con eso y cada vez más buscan “imponer candidatos”, señala el fiscal de delitos electorales, Víctor Serrato, quien refiere 39 denuncias de aspirantes a cargos electorales, en su mayoría por amenazas y extorsión.
El modus operandi es similar: “Los criminales eligen un candidato” y dicen a los otros “no tienes permiso”. “En un municipio la célula delictiva convocó a todos los partidos, menos a uno, y les hizo saber: aquí va a ganar tal. ¡Ay de ustedes donde no gane!”, cuenta Antonio Plaza, de 47 años y aspirante a diputado estatal por Michoacán Primero, que retiró diez candidaturas a alcaldías.
Solo en ese estado han sido sustituidos 500 aspirantes, según el Instituto Electoral regional. Michoacán es una de las regiones más violentas de México. Desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas, la tasa nacional de homicidios casi se triplicó hasta 23 casos por 100.000 habitantes, y los desaparecidos desde entonces suman más de 100.000. En ese estado el crimen se lucra además de la tala de bosques que albergan a las mariposas Monarca, fijan precios de alimentos y hasta fechas de corte de frutas, denuncian dirigentes locales.
Aunque me maten
La criminalidad roza lo insólito. En la subregión michoacana de Tierra Caliente, adonde han sido enviados cientos de soldados para vigilar las elecciones, el cartel Los Viagras montó antenas con equipos robados para cobrar el servicio de internet, según la fiscalía. Además, existen grupos de WhatsApp donde supuestos criminales alardean y cruzan amenazas. La AFP constató que autoridades integran también estos grupos, pero no interactúan.
“Ya no les falta mucho para su día perros”, dice un usuario, a lo que otro responde: “sigan soñando jajaja”, observó la AFP. Videos de jovencitos armados hasta los dientes se suman a los textos. Pese a las amenazas, candidatas como María Salud Valencia no renuncian.
Maestra de 60 años y con protección oficial, reconoce que tiene “miedo, pero también valor” para disputar la alcaldía de Nuevo Urecho. “Si me van a matar, que sea por defender a mi gente”, afirma durante una visita a Morelia, capital de Michoacán, donde esa mañana asesinaron a tiros a cinco hombres.
Fuente: AFP.
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Impulsan reinserción social de internos en Guairá
La Gobernación de Guairá y el Ministerio de Justicia firmaron un convenio para un programa de reinserción social que apunta a que los internos de la Penitenciaría Regional de Villarrica puedan cumplir con ciertas tareas, brindándole una segunda oportunidad. El Poder Judicial también forma del acuerdo, explicaron.
“Estuvimos hablando con el ministro Ángel Barchini de un plan piloto para los condenados que se encuentran ya en etapa de cumplir con su rol social, limpieza de plazas, de calles, de instituciones educativas y que eso les pueda servir a ellos a acortar su permanencia en el penal y en esa línea firmamos un convenio para eso”, expresó el gobernador César “Cesarito” Sosa.
En comunicación con La Nación/Nación Media afirmó que el Poder Judicial forma parte de este acuerdo, dado que son los jueces quienes otorgan estos permisos, por lo que los magistrados también asistieron al acto de firma del documento. “Creo que todos merecen una segunda oportunidad y es importante que salgan a hacer ese servicio a la ciudadanía. Esto es un trabajo en equipo que hemos logrado con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial”, señaló.
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Este programa servirá como un incentivo importante para las personas con buena conducta y que están cumpliendo con su condena, por lo que se convierte en una “luz de esperanza” para aquellos que desean cambiar su vida y posteriormente puedan trabajar. “A través de estos convenios estaremos dando eso”, aseguró.
Este convenio representa un acontecimiento histórico, relató el gobernador dado que por primera vez en el departamento se firma un acuerdo de cooperación interinstitucional en pos de la reinserción social y este es un proyecto piloto que se buscará replicar en todas las penitenciarías del país.
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Indi y TSJE facilitan jornada de documentación a comunidades indígenas en San Pedro
Mediante un convenio de cooperación interinstitucional firmado entre el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), facilitan el acceso a jornadas de documentación, capacitación cívico electoral e inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP), a las comunidades indígenas de los distritos de Yatayty del Norte y Guajaibí, del departamento de San Pedro.
Estas jornadas se llevarán a cabo del 20 al 24 de mayo próximo, en los distritos mencionados, en las comunidades nativas de Takua Poty, Virgen del Carmen, La Paloma, San José, Kupa’y, Javier Kue Rugua y Guavira Poty.
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En representación de la Justicia Electoral acompañarán dicha actividad las Direcciones del Registro Electoral, Identidad Electoral y la Coordinación de Asuntos Indígenas, así también la comitiva de funcionarios del Indi para facilitar el carnet indígena, funcionarios del Registro del Estado Civil de las Personas para la emisión de certificados de nacimiento y el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, para la emisión de cédulas de identidad, primera vez o renovación.
De esta manera las instituciones mencionadas, a través de la Justicia Electoral se comprometen a seguir facilitando las herramientas necesarias para el acceso a documentaciones requeridas y garantizar la participación en los procesos electorales de los integrantes de los pueblos indígenas.
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