El titular de la Cámara de Diputados, Carlos María López, de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico, lamentó que la legislación actual solo prevé sanciones monetarias a los precandidatos que buscan cargos electivos y que no han cumplido con la Ley de Financiamiento Político.
Señaló que en el futuro se debería evaluar la posibilidad de establecer una inhabilitación de candidaturas para quienes incumplan este requisito, atendiendo a que ni la Constitución Nacional ni la misma Ley de Financiamiento contempla sanciones más graves.
El legislador liberal, que actualmente se postula nuevamente por el PLRA buscando su reelección en la Cámara Baja, indicó que en lo personal se está dedicando a llevar adelante su trabajo como legislador, que a su criterio es la mejor campaña que puede hacer. Lamentó que otros colegas no tengan en cuenta sus funciones de legislador y que las abandonen para dedicarse a otra cosa.
En cuanto al bajo porcentaje de cumplimiento de la presentación de declaraciones sobre financiamiento político, que su partido, el PLRA, apenas está alcanzando el 53%, insistió en que considera que la inhabilitación debería ser la mayor sanción de esta normativa.
“Es una pena que los candidatos que incumplen la Ley de Financiamiento Político reciban solamente una multa. Creo que la inhabilitación sería lo correcto, ya que las leyes están hechas para ser cumplidas. No puede ser que con simples multas nomás sustituya a esa ley tan importante, que habla sobre la transparencia de las campañas electorales”, indicó.
Control en las internas
En tanto, Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, explicó en comunicación con Universo 970 AM, que la ley establece sanciones, pero en caso de las internas la legislación establece que debe ser sancionado por el órgano disciplinario de la organización política.
“Esa sanción puede consistir en una multa y los recursos que de acuerdo a lo que establece siempre la ley, los recursos, es decir la multa queda para la organización política, establecer el monto a cobrar como multa”, explicó señalando que al final esa multa podría quedar en una cuestión meramente simbólica.
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Indicó que cuando el Tribunal Electoral de la organización política presente el informe final de rendición de cuentas a la Dirección de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, recién ahí ellos podrán saber en cuánto consistió la sanción impuesta que se le aplicó a cada uno de los candidatos que incumplió con la normativa.
No obstante, resaltó que para las elecciones generales, esto cambia totalmente, ya que es la dirección a su cargo la responsable de hacer los controles y el seguimiento de la normativa. “En caso de incumplimiento, procedemos a la quita porcentual a la organización política que pudiera corresponder el objeto de subsidio electoral”, precisó.
Añadió que producto de las elecciones municipales han podido analizar las declaraciones y revisiones de documentación respaldatoria y del total del monto asignado al presupuesto de la Dirección de Financiamiento Político para luego redistribuir a los partidos y movimientos políticos, han realizado una quita de aproximadamente 580 mil dólares, que significa un ahorro importante para el Estado.
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