El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Lucas Aquino comunicó que la Contraloría General de la República (CGR), liderada por Camilo Benítez, inició el proceso de auditoría financiera y de gestión respecto al uso del millonario préstamo otorgado al Instituto Nacional de Estadística (INE) para la realización del Censo de Población y Viviendas, realizado el 9 de noviembre pasado.
La evaluación del órgano extrapoder surge tras las múltiples denuncias ciudadanas que apuntaron a calificar como un verdadero fiasco la planificación de recolección de las informaciones, teniendo en cuenta que muchos no fueron censados a pesar de permanecer encerrados en sus viviendas.
La actividad considerada como la de mayor movilización cívica presentó desde su inicio varias falencias, como la deserción de voluntarios y la carencia de un equipo de contingencia, la omisión de preguntas relevantes del cuestionario, errores en la distribución de viviendas, materiales incompletos, entre otros graves desaciertos que propiciaron a la falta de cobertura.
A las denuncias se suman supuestos delitos por parte de los propios colaboradores, quienes habrían falseado datos de viviendas que no fueron censadas. Incluso desde el ámbito político saltaron varias sospechas respecto a la posibilidad de que el dinero haya sido utilizado para el pago de operadores políticos del movimiento Fuerza Republicana.
Incluso, el INE se vio obligado a suspender temporalmente el pago a los censistas tras las publicaciones periodísticas respecto a planillas de viáticos “abultadas”. Aparentemente existiría una maniobra para ampliar la lista de inscritos y así cobrar el viático sin trabajar. Esto constó en una de las planillas en la que figuran unos tres mil censistas del departamento Central, los supervisores habrían anotado como voluntarios a personas de otras localidades que jamás realizaron la tarea de censar.
El pasado 16 de noviembre, la institución finalmente comenzó a efectivizar el pago de viáticos para los censistas, consistente en un monto de G. 100.000 y para los supervisores G. 200.000. No obstante, aún persisten varios reclamos de los voluntarios que desempeñaron la tarea de recolección de datos.