La Fiscalía de Coronel Oviedo se encuentra actualmente investigando ocho casos de coacción sexual y violación contra igual número de mujeres víctimas. El trabajo investigativo es abordado en conjunto con la Policía Nacional y tres agentes fiscales intervinientes. Mediante el testimonio de las víctimas, se pudo obtener que se trataría de tres autores distintos, en relación a las características descriptas.

De acuerdo al informe del Ministerio Público, se está llevando adelante allanamientos, incautación de evidencias y otros actos investigativos. Asimismo, se emitió orden de captura con respecto a uno de los posibles autores, identificado en los casos, cuyas características coinciden con un hombre que está siendo buscado actualmente por la Policía Nacional y cuenta con otros antecedentes penales.

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Mencionan que las denuncias del hecho coinciden en la fecha y en las características físicas, en dos de los casos investigados. De igual manera, los fiscales se hallan abocados a la investigación que involucra a otros posibles sospechosos. Conforme a los datos obtenidos, uno de los buscados habría sido herido en el pecho con un cuchillo, tras un forcejeo con la víctima y en el último caso denunciado, el autor fue herido en el hombro.

Además, algunas de las víctimas refirieron que los sospechosos no habrían actuado solos, sino con otra persona que actuaba de campana. Informaron que en algunos de los casos, además del hecho de coacción sexual, los agresores robaron objetos domésticos de las víctimas. Se utilizaron, tanto armas blancas como armas de fuego, de acuerdo con el testimonio de las mujeres. Por tratarse de hechos de suma sensibilidad, el Ministerio Público brinda contención a las mismas.

Al respecto, la fiscal a cargo, Gloria Rojas confirmó que están tras la búsqueda de tres sospechosos. Aclaró que algunas investigaciones que están en curso son incipientes. “Dependemos de las características que nos puedan brindar las víctimas y de acuerdo a eso, la Policía se pone a hacer su trabajo también”, explicó en comunicación con la 1330Am.

Finalmente, se refirió a la persona que hizo un video, en el cual desmentía ser el autor de la violación serial en Coronel Oviedo, Rojas aclaró que si bien aclara que no es, el mismo cuenta con procesos judiciales pendientes y once ordenes de capturas.

“Para nosotros ahora es irrelevante que sea o no sea, porque independientemente a eso, él tiene problemas con nosotros. Además son varias víctimas, no solo es la del viernes o la de ayer. Hay víctimas que sindican y de acuerdo a eso van saliendo las órdenes de capturas”, acotó.

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El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.

“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó.

El ministro detalló que el trabajo de las tres instituciones están vinculados, por lo cual se debe trabajar coordinadamente y poner sobre la mesa las cuestiones que atañen al mecanismo de trabajo de modo a armonizarlo. Martínez Simón señaló que el hecho de que la Corte tenga digitalizados los expedientes, hace necesario que el Ministerio Público y del Interior hagan lo mismo.

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“Debemos coordinar para que esto funcione dentro del respeto de los roles propios, la Policía Nacional en su rol de investigadores de ciertos delitos y crímenes, la Fiscalía como acusador y los jueces como juzgadores imparciales, pero a efectos de que en el ámbito propio de estas tres instituciones se muevan armónicamente debemos tener estas reuniones de trabajo”, manifestó a la 1080 AM.

La conformación de esta mesa de trabajo nació a raíz de una conversación entre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia, en la que se abordó la necesidad de incorporar la Fiscalía General del Estado y establecer acciones en conjunto que permitan dar una respuesta rápida y eficiente tanto en la seguridad como en la investigación y persecución de los delitos y crímenes.

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Agentes del Ministerio Público y del Departamento de Automotores de la Policía Nacional allanaron una vivienda que fungía de escribanía en pleno centro de Asunción. Se procedió a la detención de Julio Ramón Cáceres Carrillo (52), escribano público que contaba con matrícula suspendida por la Corte Suprema de Justicia por falsificación de documentos públicos.

La oficina funcionaba sobre las calles Milano casi Juan E. O´Leary de la capital del país, hasta donde llegó la comitiva fiscal policial y procedió a la detención del denunciado. Se hallaron evidencias de sobre presunta falsificación de documentos que habrían sido proveídos a robacoches.

A pesar de la casación de su matrícula, el hombre seguía ejerciendo la profesión en una residencia particular y principalmente colaborando con personas vinculadas a la expedición de documentos de contenido falso para facilitar la comercialización de vehículos.

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“Se procedió al allanamiento de una vivienda que fungía de escribanía, que no tenía cartel ni nada. El propietario o la persona encargada ahí, el profesional que hacía los trabajos ahí se trata de una persona de 52 años de nombre Julio Ramón Cáceres”, señaló el comisario Abelardo Acosta a los medios de prensa.

Confirmó que el profesional se “encuentra suspendido desde el mes de julio del 2023 por hechos similares de producción de documentos públicos con contenido falso”. El policía aseveró que durante el procedimiento se pudo corroborar en los cuadernos de actas y anotaciones los detalles de los trámites hechos sobre ciertos rodados que estaban consignados plenamente. “También se pudo encontrar en el lugar chapas de vehículos denunciados como hurtados y extraviados”, puntualizó.

Tras ser aprehendido, el sujeto fue derivado a la comisaría de la zona y ya se encuentra a cargo del Ministerio Público, luego de ser acusado por las víctimas de que estaba operando a favor de una red de robacoches. Se dedicaba a la elaboración de contratos privados fraguados para facilitar la entrega de automóviles que posteriormente eran revendidos y de esta manera se concretaba la estafa.

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El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.

En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.

El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tiene elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial, es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.

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Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de Intendente Municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.

Ahora el juzgado penal de garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

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