El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes, en relación a publicaciones periodísticas que lo mencionan, declara explícita y enfáticamente que no tiene vinculación alguna con lo expresado en las mismas. Foto: Archivo.
Diputados analizarían la semana que viene someter o no a juicio político a Antonio Fretes
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El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, opinó sobre la situación en la que supuestamente se ve envuelto el abogado Amílcar Fretes, hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes. El profesional del derecho habría pedido una coima para dilatar el proceso de extradición de Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés, quien manejaba una red dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros crímenes.
El titular de la Cámara Baja dijo que la situación se presta a pensar demasiadas cosas y no descartó analizar con sus colegas si merece o no someter a juicio político al ministro Antonio Fretes. “Esto da muchas cosas que pensar, escuché al ministro Fretes negando que él haya solicitado la coima y lo que su hijo hizo fue algo independiente, vamos a analizar la próxima semana si merece o no hacer un juicio político”, expresó en una breve conferencia de prensa.
Ante lo acontecido, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes brindó un mensaje a la opinión pública. “El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes, con relación a las publicaciones periodísticas que lo mencionan, declara explícita y enfáticamente que no tiene vinculación alguna con lo expresado en las mismas”, aclara.
“En varias ocasiones ha manifestado y enfatizado públicamente su total desautorización a cualquier persona que invoque su nombre con intenciones de eludir sus responsabilidades ante la Justicia. Esta aclaración la realizo con absoluto respeto hacia la ciudadanía toda, hacia sus colegas ministros y para conocimiento de los medios de comunicación social”, finaliza.
Piden que la SEN y el Indi informen sobre atención a comunidades indígenas
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Por iniciativa del diputado colorado, Carlos Godoy, se busca obtener información de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) sobre la asistencia ofrecida a las comunidades indígenas en el territorio nacional. El pedido a la SEN requiere un informe pormenorizado sobre programas, planes y acciones en el marco de la ley y cantidad de comunidades asistidas, discriminadas por departamento y pueblo indígena.
Se busca obtener datos también sobre los recursos presupuestarios asignados y ejecutados. En tanto al Indi, se solicita detalles sobre las acciones institucionales desarrolladas desde la promulgación de la ley de emergencia, el alcance de la asistencia brindada a las comunidades, la ejecución de recursos financieros y la eventual conformación del equipo de trabajo intergubernamental.
Es por ello, que el parlamentario del Movimiento Honor Colorado, fundamenta su planteamiento en la implementación de la Ley Nº 6319/2019, que declara en situación de emergencia a las comunidades indígenas pertenecientes a los 19 pueblos asentados en distintos departamentos del territorio nacional.
Según el proyectista, la intención es contar con una evaluación de los resultados, conocer las limitaciones, así como las acciones previstas para fortalecer la protección y el acompañamiento a las comunidades indígenas en situación de emergencia.
Diputados debatirá sobre políticas de prevención de adicciones
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La Cámara de Diputados será sede de una audiencia pública este jueves 4 de junio para debatir sobre políticas de prevención de adicciones y salud mental.
Se busca generar un espacio de debate interinstitucional sobre las políticas públicas orientadas a la prevención de adicciones y el cuidado de la salud mental en el país.
La proyectista, Graciela Aguilera, fundamentó la necesidad de abordar un flagelo que afecta de manera integral a la sociedad, impactando no solo en la salud de la población, sino también en el desarrollo económico, el tejido social y manifestándose de forma visible a través de diferentes tipos de violencia.
Se plantea además la revisión exhaustiva de las normativas vigentes, incluyendo leyes, decretos, resoluciones, planes y estrategias de acción implementadas actualmente por el gobierno nacional para hacer frente a esta problemática.
Para garantizar un análisis multidisciplinario, fueron invitadas autoridades de diversas instituciones del Estado: ministerios, secretarías del Poder Ejecutivo, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Nacional.
Fueron convocados también representantes del Consejo de Gobernadores, integrantes de las distintas comisiones asesoras de la Cámara de Diputados y destacados profesionales referentes del ámbito de la salud mental y la prevención de adicciones.
Destacan medidas del Indert que beneficiará a 20.000 familias de Caaguazú
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El diputado Miguel Del Puerto valoró la oficialización hecha por el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz sobre la regularización de las tierras en colonias del departamento de Caaguazú, que beneficiará a más de 20.000 familias.
“Estamos hablando de una medida que puede transformar la vida de miles de familias caaguaceñas. Tener un título de propiedad significa contar con seguridad jurídica sobre la tierra que ocupan, pero también abre oportunidades para acceder a créditos, invertir y proyectar un mejor futuro para sus hijos”, expresó.
El líder de la bancada oficialista en la Cámara Baja resaltó la labor del titular del Indert que lleva adelante la articulación institucional con el Registro Unificado Nacional (RUN) para avanzar en un proceso de regularización que responde a una demanda histórica de numerosos pobladores del departamento.
“Quiero reconocer el esfuerzo que se viene realizando desde el Indert para avanzar en soluciones concretas. La regularización de tierras es una herramienta de desarrollo que brinda tranquilidad y fortalece la dignidad de las familias”, manifestó.
El parlamentario ratificó su compromiso de acompañar todas las iniciativas que promuevan el bienestar de la población y contribuyan al desarrollo del quinto departamento.
“Cada acción que genere más oportunidades, arraigo y calidad de vida para nuestra gente contará con nuestro respaldo”, significó.
Nueva hoja de ruta para combatir la violencia contra las mujeres fortalece la acción estatal
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Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes sobre la presentación del nuevo reglamento de funcionamiento de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM), una actualización considerada clave para mejorar la coordinación entre organismos públicos encargados de prevenir, atender y erradicar la violencia de género en el país.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados en el marco de la Ley N.º 5777/2016 y busca consolidar una respuesta estatal más eficiente, articulada y enfocada en la protección integral de las mujeres. Entre los principales cambios incorporados se encuentran:
nuevas normas para el funcionamiento de la mesa
mecanismos de seguimiento a los compromisos asumidos por las instituciones participantes
y una mayor participación de organizaciones de la sociedad civil.
Las modificaciones también establecen reuniones ordinarias cada dos meses, regulan los procedimientos de integración y exclusión de organizaciones, institucionalizan los encuentros anuales de altas autoridades y contemplan medidas ante ausencias injustificadas de los representantes designados.
Durante la sesión técnica realizada en Asunción se presentó además el Plan de Acción 2026, documento estratégico que orientará las acciones interinstitucionales para fortalecer la prevención y la respuesta ante los casos de violencia contra las mujeres. Según se informó, la gran mayoría de las metas previstas cuenta con financiamiento asegurado mediante cooperación internacional.
Autoridades destacaron que la actualización reglamentaria permite subsanar un vacío normativo existente desde hace dos años, otorgando mayor seguridad jurídica y operativa a la Mesa PREVIM. Asimismo, se avanzó en la conformación de un comité de trabajo que tendrá a su cargo el proceso de incorporación de organizaciones de la sociedad civil, con una convocatoria pública prevista para las próximas semanas.
La Mesa PREVIM, liderada por el Ministerio de la Mujer, reúne a diversas instituciones del Estado con el propósito de coordinar políticas públicas y fortalecer las acciones destinadas a reducir la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional.