El exgobernador del departamento de Amambay Ronald Acevedo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), juró este martes ante la Junta Municipal y es el nuevo intendente de Pedro Juan Caballero. El pasado 30 de octubre, Acevedo logró posicionarse ante sus adversarios del Partido Colorado y Patria Querida en la puja por la intendencia de la ciudad para reemplazar a su hermano, José Carlos Acevedo. La nueva autoridad deberá cumplir el periodo 2021-2025.
“A partir de ahora a trabajar, empezar de nuevo, mañana va a ser un año que estábamos aquí en el mismo lugar tomando posesión de cargo a José Carlos y un año después, por las circunstancias de la vida me toca a mi llevar los destinos de nuestra ciudad de Pero Juan Caballero”, dijo en una entrevista a medios de comunicación.
Lea más: Estados Unidos votará en medio de un descontento por la economía
“En nombre de Dios empezamos esto, nuestra ciudad está dolida, triste y solo nosotros vamos a cambiar todo lo que está pasando aquí, a ser mejores ciudadanos, luchar contra el flagelo del crimen organizado y luchar por mejores días, pese al dolor que siento, también siento felicidad de que mis ángeles del cielo estarán a mi lado y me iluminarán para dar lo mejor de mi”, expresó. Hay que señalar que el nuevo intendente asume en reemplazo de su hermano José Carlos, quien fue asesinado por sicarios en mayo de este año.
Acevedo también es hermano del exparlamentario Robert Acevedo, quien falleció en el mes de febrero del pasado año, en la ciudad de Asunción, tras ser derivado de urgencia por presentar complicaciones en su salud a causa del COVID-19. El nuevo jefe comunal, de acuerdo a los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), se quedó con el 62,71% de votos, unos 23.940 que logró reunir en los comicios.
Le puede interesar: Senado convocará a otros funcionarios del Ministerio de Justicia
Dejanos tu comentario
Infanticidio en Amambay: investigan a indígena de 15 años que habría asesinado a su bebé
Este martes, desde la Policía Nacional informaron que iniciaron las investigaciones tras el hallazgo del cadáver de un bebé de ocho meses en un pastizal en zona de una comunidad indígena de Capitán Bado, departamento de Amambay. Todo apunta a que la madre de la pequeña, una adolescente de 15 años, fue quien acabó con su vida y luego arrojó el cuerpo.
Según el comisario Francisco López, el hallazgo se produjo durante la noche de ayer lunes, por pobladores de la comunidad indígena, quienes dieron aviso a las autoridades. Teniendo en cuenta a que se encuentran a unos 160 kilómetros de la ciudad, la Policía llegó al sitio esta madrugada y se encontraron con el cuerpo de la bebé de ocho meses, que presentaba una herida a la altura del mentón.
Tras realizar una serie de preguntas a los pobladores, pudieron constatar que la beba era de una adolescente indígena de 15 años, que fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. “No pudimos hablar con la madre sobre el hecho, porque parecía que no entendía lo que estaba pasando”, detalló el comisario, en entrevista con la 1.000 AM.
Puede interesarle: “Ñande ahorro”: Ande lanza campaña de financiación de deuda para clientes en mora
Resaltó que aparentemente la bebé estaba llorando mucho y eso disgustó a la madre, que decidió tomarla del cuello con mucha fuerza provocando su muerte. La médica forense Eliana Oliveira, confirmó que la menor llevaba 18 horas de fallecida. “Le apretó el cuello y murió por asfixia”, detalló López.
La bebé sería la segunda hija de la adolescente, esta última permanece en la sede policial de Pedro Juan Caballero. Hasta el momento la madre no fue imputada y la fiscal que lleva el caso trabajará con un organismo de protección de la infancia, teniendo en cuenta que se trata de una niña madre.
Dejanos tu comentario
Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
Dejanos tu comentario
Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
Leé también: Oficialismo liberal toma represalia y destituye al hijo de José Ledesma del TSJE
Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
Te puede interesar: Santiago Peña recibirá reconocimiento de comunidad judía en EE.UU.
Dejanos tu comentario
Operativo “Nueva Alianza 49″ logra eliminar 859 toneladas de marihuana.
En el marco del trabajo en conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la Policía Federal del Brasil, se llevó adelante el operativo “Nueva Alianza 49″ en el departamento de Amambay. El despliegue duró 10 días y culminó con 859 toneladas de marihuana eliminadas.
Las incursiones se realizaron en zonas como Itapopó, María Auxiliadora, Alpasa y Ñe’ã, a las que los equipos accedieron por vía terrestre y aérea, debido a la difícil accesibilidad de algunas ubicaciones.
Según el informe de las autoridades, se logró la erradicación de 253 hectáreas de cultivos de marihuana y se eliminaron 100.150 kilogramos de marihuana lista, hallados en bases de producción ilícita. Así también fueron desmantelados 170 campamentos.
Podés leer: Ñemby: motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
“Esta es una cooperación que lleva sus años ya y los resultados son altamente positivos para ambos países. Estamos hablando de un golpe muy importante a las estructuras criminales cuyo mercado o destino final es casi siempre la República del Brasil. Sabemos que es una temporada de alta demanda de la marihuana y es por eso que nuestros esfuerzos se redoblan para evitar su circulación”, comentó el ministro de la Senad, Jalil Rachid, durante el informe oficial sobre el operativo.
Según estimaciones técnicas, las acciones evitaron la circulación de aproximadamente 859 toneladas de droga, representando un perjuicio económico de 25.774.000 dólares, según su valor en Paraguay, pero se estima que, de haber ingresado al mercado brasileño, las ganancias ilícitas podrían haber superado los 128 millones de dólares.
Lea también: Villeta: dos familias perdieron sus casas en un incendio y piden ayuda