El abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, manifestó su preocupación por el lento proceso de investigación de las denuncias presentadas contra el destituido intendente Miguel Prieto. De 50 casos de corrupción remitidos al Ministerio Público, todos con pruebas documentales, apenas se avanzó con la imputación de dos.

Si bien estas fueron las denuncias de corrupción más emblemáticas por representar el robo más descarado en tiempos de pandemia, como la adjudicación millonaria para compra de miles de kits de víveres a la pequeña despensa Tía Chela y la adquisición de 50.000 kilos de harina a un constructor de pozos artesianos, en ambos casos sin contar con el stock que figuraba en los contratos, existen otros hechos graves cuya investigación sigue sin resultados pese a los años transcurridos.

Enríquez habló de “una artillería de denuncias” que prevén presentar en los próximos días, ya que consideran que los casos están prácticamente congelados en el Ministerio Público, pese a los documentos y análisis de auditorías, como la intervención que aportó evidencias suficientes para agilizar las pesquisas.

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Entre las 50 denuncias presentadas, se encuentra la causa contra Prieto por violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, lo que significó que Gs. 11.042 millones, correspondientes al 60% de los cobros del impuesto, no fueran invertidos en gastos de capital en el 2021. Asimismo, figuran causas por supuesto daño patrimonial de G. 566 millones por sobrefacturación en la construcción de un puente y pavimentación en el asentamiento Mariscal Francisco Solano López, además de la denuncia contra la empresa de maletín MB Constructora, de Elvio Mareco Barrientos, quien pasó de vendedor de frazadas a convertirse en uno de los principales beneficiados con contratos de Fonacide, empedrados y puentes, por un monto que ronda los G. 15.000 millones.

Otra causa de gran envergadura corresponde al uso indiscriminado de transferencias a subcomisiones vecinales para obras por un valor de G. 61.316 millones, “eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas”, en un esquema supuestamente manejado por leales de Prieto que adjudicaban a empresas amigas. Entre las contrataciones cuestionadas se menciona el caso de la Constructora Scde S.A., a la cual se le desembolsaron cerca de G. 20.000 millones, y cuyo representante fue luego incorporado a la municipalidad.

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A estas se suman otras denuncias millonarias, como la contratación de la empresa Geocad por G. 2.673 millones para la mensura judicial de la Ex Finca 66, donde figuran rubros irregulares, como la constitución de un juez con un cobro de G. 267 millones, cuando el trámite tuvo un costo ínfimo.

Cabe recordar que varios concejales y exconcejales fueron señalados en esta serie de denuncias por nepotismo, entre ellos la actual intendenta María Portillo, aliada de Prieto, así como Sebastián Martínez, Pedro Acuña, Víctor Torales y Alison Anisimof de Agüero.

La Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) pide a la Cámara de Diputados una audiencia para plantear sus inquietudes sobre el proyecto de reforma del transporte público en el área metropolitana, que ya cuenta con media sanción del Senado. A la par, el gremio anuncia una huelga para los días 25 y 26 de setiembre.

Los chóferes argumentan que al establecerse como imprescindible el servicio del transporte público se colisiona con el derecho a la huelga y el paro. “Ni al sector de la salud no se le pide que trabaje el 70 % los días de huelga, esto no es un mínimo. Solo se le requiere que trabajen el 20 % o los que se encuentran en el área de urgencias”, dijo Hugo Zayas, secretario general de la FUTT, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM.

El Viceministerio del Transporte detalló que para garantizar el derecho a la huelga y el paro para el sector de los transportistas y la movilidad para la ciudadanía, la Cámara de Senadores estableció que el servicio de transporte público se declare imprescindible, fijando que en horario pico funcionen el 70 % de los buses y en la hora no pico, un 60 %.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) S.A. oficializó la presentación de su plan de renovación de redes de agua que beneficiará a 400.000 usuarios en Asunción.

Se busca evitar los reclamos y quejas de la ciudadanía, ya sea por caños rotos o falta del vital líquido. Para ello se sustituirán las cañerías que ya llegan a más de 70 años de uso, según el presidente del ente, el abogado Luis Fernando Bernal Mazó.

“Pedimos que nos ayuden a identificar algunos puntos críticos que a lo mejor muchas veces no identificamos en nuestro sistema de reclamos”, dijo en conferencia de prensa.

La Justicia Electoral recordó detalles organizativos de cara a la elección de intendente municipal en Ciudad del Este, que se desarrollará bajo el método convencional, es decir, utilizando papeletas impresas y con actas elaboradas a mano.

El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, explicó que la modalidad se ajusta a lo que establece la legislación vigente. “Se elegirá a través del método convencional, se utilizarán papeletas y las actas se realizarán a mano”, detalló el funcionario en conversación con la 920 AM

Ruiz Díaz enfatizó que la Ley solo obliga a la utilización de máquinas de votación en los casos en que se eligen cargos plurinominales, como miembros de cuerpos colegiados, lo que no corresponde a una elección de carácter municipal en donde se disputa un solo cargo.

Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.

Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.

El dueño de la supuesta empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.

El presidente Javier Milei anunció este miércoles en el Congreso de Paraguay una serie de proyectos para realizar de manera bilateral.

Según detalló, a nivel bilateral ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo; el memorándum de entendimiento para la exportación de gas desde Vaca Muerta, el acuerdo operativo Yacyretá, que reactivó las obras en Anacuá; optimizar la estructura de la hidrovía; acuerdos aéreos para agilizar el transporte, junto con agilizar los trámites en los pasos fronterizos y acuerdos migratorios.

Dos delincuentes en moto balearon el domicilio y el vehículo del periodista Fabián Costa, actual jefe de comunicación de la Municipalidad de Lambaré. El atentado no dejó heridos, pero sí un gran susto.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:15 de esta madrugada en la ciudad de Lambaré, en la vivienda del periodista Fabián Costa, quien relató que durante la noche participó de un evento, tras lo cual, regresó a su casa. Media hora más tarde, escuchó una lluvia de balazos.“Cuando me acosté, escuché los impactos, esperé unos minutos y me fijé en la ventana, vi una cantidad de pólvora en el ambiente”, relató Costa, en una entrevista con la 1020 AM.

El vehículo de Costas tuvo 17 impactos, uno de los cuales entró por el techo del rodado y salió por la puerta del conductor. También hallaron cinco disparos en la pared y uno en el aire acondicionado.

Cerro Porteño recibe este miércoles al Atlético Tembetary, desde las 19:00 en la Nueva Olla, en cotejo de regularización correspondiente a la fecha 11 del torneo Clausura 2025. El Campeonato se pone al día con el choque entre azulgranas y nómadas.

En este sentido, los puntos en juego son de vital importancia para el elenco dueño de casa, que debe ganar para darle algo más de crédito de su entrenador, Diego Martínez, cuya continuidad fue puesta en duda tras el pobre espectáculo ofrecido en Ka’arendy.Si el Ciclón pierde, terminará el Clausura con DT interino.

Por su lado, Tembetary llega a este lance con un pie y cuatro dedos en la Intermedia 2026. Sin embargo, ello no quiere decir que haga de brazos caídos y promete complicarle las cosas a su urgido rival.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Este miércoles se cumplen 45 años de un hecho que conmocionó a la sociedad paraguaya y tuvo repercusiones internacionales: el asesinato con un bazucazo del último dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle. El atentado ocurrió en pleno corazón de Asunción el 17 de septiembre de 1980.

Este hecho dio una dura sacudida a la entonces dictadura stronista y tuvo repercusión internacional al demostrar que ni siquiera el exilio en un régimen autoritario ofrecía protección absoluta.

Recordar este hecho no es solo repasar una página violenta de la historia regional, también ayuda a comprender cómo nuestro país fue escenario de un episodio que marcó las tensiones políticas de toda América Latina en plena Guerra Fría.

Para comprender este hecho, La Nación/Nación Media conversó con el historiador Fabián Chamorro, quien señaló que a más de cuatro décadas, la memoria de aquel acontecimiento sigue siendo necesaria para reflexionar sobre la violencia, el poder y las huellas que dejaron las dictaduras en la región.

“Como todo evento que, como en el caso nuestro, ocurrido acá en Paraguay, es importante que lo tengamos como memoria y también como una lección de cómo podrían terminar ciertos dictadores”, reflexionó.

Chamorro señaló que Anastasio Somoza Debayle formó parte de una dinastía en Nicaragua, ya que su padre fue también dictador en su país y lo habían asesinado. Su familia ejercía el poder en ese país desde 1937. Al padre Anastasio Somoza García, conocido como “Tacho”, lo mataron en 1956, estando éste en el poder.

“Le sucede el hijo mayor, Luis Somoza Debayle en la presidencia hasta que fallece por causas naturales en 1967, también ejerciendo el poder. Ahí le sucede Anastasio Somoza. Fue presidente 13 años, hasta 1979, cuando la famosa Revolución Sandinista logró derrocarlo en julio de ese año”, precisó.

Señaló que tras su derrocamiento buscó instalarse en los Estados Unidos, ya que además de que realizó sus estudios en ese país, logró tener la formación militar en la Academia Militar norteamericana. Respecto a cómo vino a parar a Paraguay, indicó que existen dos versiones: una, que el gobierno norteamericano le obligó a ir a Paraguay, y la otra es que era conocido o amigo de Alfredo Stroessner.

“Somoza no solo fue parte de una élite y contaba con poder económico. Pensó que podía instalarse en EE. UU., pero los norteamericanos le bajaron el pulgar. No hay documentación que demuestre que EE. UU. le impone a Paraguay para recibirlo. La otra opción es que los dos dictadores se conocían y por una cuestión económica, aceptaron que Somoza se instale en Paraguay. El tipo había malversado durante su gobierno, estamos hablando de cientos de millones de dólares para aquella época” comentó.

Chamorro señaló que, de acuerdo a los historiadores hondureños, Somoza Debayle fue “un tipo loco”, que cometió crímenes atroces, violaciones de derechos humanos e incluso cometió asesinatos con sus propias manos.

Pese a ese antecedente, indicó que se instaló en Paraguay, lo hizo con grandes lujos, se compró propiedades, tenía una vida bastante pública, eso también facilitó el trabajo de sus asesinos.

El historiador señaló que la organización de su asesinato fue ejecutada por el grupo de izquierda de la región, que tenía fuertes vínculos con el Frente Sandinista, que justamente lo había derrocado del poder nicaragüense. Este grupo comando se instaló en Paraguay y estuvo encabezado por Enrique Gorriarán Merlo, dirigente argentino del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

“El plan se llamó Operación Reptil y fue realmente una operación muy bien hecha. Hicieron un trabajo de inteligencia durante meses. Alquilaron casa, montaron un negocio sobre la Avenida España, donde podían verlo pasar todos los días marcando su rutina y cuándo ya tuvieron graficada llevaron adelante su plan de emboscada sobre la calle España y América”, precisó.

El atentado se produjo poco después de las 9:00. Los guerrilleros prepararon dos lanzacohetes, lo que acá conocemos como bazooka. Con esa arma lograron parar el vehículo que estaba transitando. Uno logró ser gatillado, el segundo no. Con ese disparo prácticamente ya se dio muerte a los tres ocupantes del vehículo. Cuando paró el auto de Somoza bajaron de otro vehículo más guerrilleros que atacaron con fusiles", comentó.

Junto a Anastasio Somoza fallecieron también en el automóvil Mercedes-Benz blindado, José Francisco Guerrero, exministro de Hacienda de Nicaragua y cercano colaborador de Somoza y el coronel Joaquín López, jefe de escolta y hombre de confianza del exdictador.

En cuanto al número de miembros de esta operación, el historiador señaló que no hay datos precisos sobre la cantidad, ya que algunos libros hablan de 5, otros de 7 miembros e incluso señalan hasta 15 revolucionarios, de los cuales, solo uno de los que ejecutaron a Somoza fue capturado en Asunción. Se trata de Hugo Irurzún o “Capitán Santiago”, quien fue muerto supuestamente en un intento de fuga, pero fue torturado. Mientras que Gorriarán Merlo logró escapar y permanecer prófugo durante varios años.

Respecto a la motivación del plan de ejecución, Chamorro señaló que Gorriarán Merlo, el que ejecutó el asesinato, escribió un libro en el cual señala que ellos tomaron la decisión de matarle a Somoza, como una forma de ajusticiamiento por los crímenes que le había cometido contra el pueblo de Nicaragua.

“En el fondo fue por una cuestión ideológica, no por una material, No es que lo mataron por una cuestión específica de la guerrilla, sino por una cuestión filosófica, doctrinaria de los líderes de la revolución.

El historiador explicó que este grupo de guerrilleros logró movilizarse con total tranquilidad en Asunción, pese a la dictadura stronista, porque ninguno de ellos fue objetivo de investigación. Recordó que el gobierno dictatorial ya tenía entonces sus objetivos a quienes consideraban subversivos, y esta información también procedía de los EE. UU., sobre quiénes debían ser vigilados o puestos bajo arresto.

“Esta gente vino como un argentino más. No existía todavía esa inteligencia norteamericana, que era la que le nutría a todos. Evidentemente, EE. UU. no filtró adecuadamente la información y estos tipos se instalaron tranquilamente en Paraguay, porque no estaban en la mira”, explicó.

Como detalle, el historiador Fabián Chamorro agregó que tras este suceso, Pastor Coronel encabezó un periodo terrible, pues comenzaron a buscar casa por casa. Después eso ya se volvió extensiva a cualquiera que fuera opositor al gobierno. Indicó que este suceso fue aprovechado para golpear a sus enemigos. También comenzaron las riquezas en los colectivos.

“Hubo todo tipo de abusos después de la muerte de Somoza. Es más, fue uno de los motivos que mató la noche asuncena, que justamente a finales de los 70 comenzaba a tener nuevamente vida. El asesinato de Somoza hizo que muera nuevamente la actividad nocturna en la capital, debido a las medidas restrictivas, persecución a los civiles, militares subiéndose a los colectivos, policías parando automóviles, eso hizo que mate lo que quedaba de noche asuncena”, concluyó.

El agente fiscal de Asuntos Internacio­nales, Manuel Dol­dán, indicó que el Ministe­rio Público realizó nuevas acciones dentro de la inves­tigación sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficia­rios finales al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, y su esposa Sil­vana López Moreira, y que no se limita solo al reque­rimiento de informaciones al Gobierno de la islas Sey­chelles.

Doldán dijo que, en el marco de la causa que investiga al líder del movimiento Colo­rado Añetete por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el órgano extrapoder también requerirá informa­ciones a otros cuatro o cinco países con el fin de determi­nar la ruta de la millonaria suma de USD 21 millones, que fueron ocultos en cuen­tas bancarias del país locali­zado en África.

“Estamos trabajando en la redacción de otros varios exhortos para otros países sobre el mismo caso. Hasta ahora identificamos entre 4 y 5 países, pero por cues­tiones de investigación no quiero hablar sobre los paí­ses”, indicó Doldán, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el agente fis­cal recordó que, en agosto pasado, el Ministerio Público remitió a la oficina del fiscal general de la República de Seychelles pedidos de coo­peración en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

“Todavía no hay respuestas. Nosotros habíamos remitido el exhorto a la autoridad cen­tral que debe recibirlo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Mérida, pero las autoridades de la Fiscalía nos pidieron que, a la par de eso, hagamos el trámite por vía diplomá­tica, entonces yo inmediata­mente volví a enviarlo. Hay dos remisiones de exhortos por la vía de la autoridad cen­tral que es la legal y vía Can­cillería que es la diplomática que es la que Seychelles nos pidió “, afirmó.

La apertura de una investi­gación judicial contra Abdo Benítez surgió luego de una publicación realizada por la prensa argentina, en el portal Periodismo y Punto, el pasado 20 de julio, mediante datos obtenidos por una filtración de fuente confidencial.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra locali­zada en el banco MCB Inter­national y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviem­bre de 2022, año en que Abdo Benítez aún se desempeñaba como presidente de la Repú­blica.

Señala que la cuenta figura a nobre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Sil­vana López Moreira.

Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023a nom­bre de Exchange Contracts International Finance Limi­ted, un mes después de fina­lizar su periodo como jefe de Estado.

De acuerdo al informe con­fidencial, la cuenta presen­taba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran tam­bién como beneficiarios fina­les Abdo Benítez y López Moreira.

Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias –desde Capi­tal Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC– por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.

Mientras que Exchange Con­tracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran den­tro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.