Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que el gobierno de Santiago Peña adquirió escáneres de última generación procedentes de Alemania, que serán empleados para la búsqueda de los secuestrados por los grupos criminales Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y el extinto Ejército del Mariscal López (EML).

“Esto es una primicia, conseguimos unos escáneres de última generación de Alemania que pueden perforar la vista 40 metros, tenemos algunos índices de inteligencia y vamos a comenzar a buscarlos. Serán presentado de forma oficial el lunes”, indicó el secretario de Estado a la 1020 AM.

“Son de última tecnología, se aplicarían para buscar restos, ya que las tres familias víctimas asumen lo peor. Tenemos todavía lugares que son inaccesibles, hay muchas selvas, animales", agregó Riera, señalando que son dos escáneres que serán utilizados conjuntamente con el Ministerio Público. “Funcionarán las 24 horas de los 7 días de la semana hasta que los secuestrados sean hallados”, comentó.

Actualmente permanecen en manos del EPP, el suboficial de Policía Nacional, Edelio Morínigo, quien fue secuestrado el 5 de julio de 2014. El hecho ocurrió en la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, específicamente en la zona de la estancia “Macchi Cué”, mientras él se encontraba de cacería con un grupo de amigos.

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También fue raptado por el EPP, el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis. Su secuestro fue el 9 de setiembre del 2020 y ocurrió en el interior de su propiedad, la estancia Tranquerita, ubicada en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Concepción. El pasado 21 de febrero, el grupo criminal presuntamente concretó el secuestro del productor agrícola Almir de Brum, en la zona de Yhú, departamento de Caaguazú.

Mientras que el secuestro del empresario ganadero Félix Urbieta, es atribuido al EML. El rapto se produjo el 12 de octubre de 2016, en la estancia San Francisco, ubicada en la compañía Belén Cué, en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

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La Fuerza de Tarea Con­junta (FTC) y la Poli­cía Nacional decidie­ron retirarse ayer de la zona donde se registró el secues­tro de Almir Brum, a pedido de la familia de la víctima. El Departamento de Investiga­ciones aclaró que los captores aún no se comunicaron con la familia y no hicieron pedido de rescate.

El jefe del Departamento Antisecuestros de la Poli­cía Nacional, Nimio Car­dozo, informó que decidie­ron retirarse de la zona por pedido de familiares para que ellos puedan seguir con las negociaciones o para que los captores puedan contactar.

“La familia pidió que nos reti­remos y nosotros respetamos el pedido, en este momento tan crítico por la que están pasando, pero vamos a seguir trabajando”, manifestó Car­dozo, en entrevista con el pro­grama “Arriba hoy”, de canal GEN y Universo 970/Nación Media. “Puedo confirmar que no hay ningún pedido de res­cate. No hay llamadas, cartas o pendrive que hayan dejado para poder seguir con las negociaciones”, refirió.

Acotó que todos los elementos reunidos hasta el momento conducen a que habría sido cometido por el grupo crimi­nal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “Hasta ahora todas las sos­pechas y elementos no hacen conducir a que serían ellos”, puntualizó.

Almir fue secuestrado durante la tarde del sábado 21 de febrero, la denuncia fue rea­lizada por su padre Vladimir Brum, quien llamó por teléfono a su hijo y tras varios intentos fallidos, acudió al lugar donde estaba trabajando y solo encon­tró una máquina cosechadora y un panfleto que se presume fue escrito por el grupo crimi­nal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El Gobierno nacional intensifica la búsqueda de miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) recordando que siguen vigentes las recompensas millonarias por cualquier información para dar con sus paraderos. Igualmente, difindió la identidad de los presuntos 13 miembros que son buscadas por las autoridades.

El operativo de búsqueda y localización es coordinado por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), que apunta a desarticular el primer anillo operativo y frenar el relevo generacional detectado por los organismos de inteligencia, apuntando principalmente al núcleo operativo, mediante controles, bloqueos financieros y despliegues en zonas estratégicas del territorio nacional.

En las últimas horas, se intensificó la búsqueda de estas personas mediante la difusión de sus identidades y la oferta de recompensas millonarias para quienes aporten datos que permitan su captura.

Cabe sañalar que estas recomensas monetarias llegan a:

• Por Liliana Elizabeth Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, G. 1.000 millones.
• Por Domingo Ovelar González y Magna María Meza Martínez, la oferta monetaria llega a los G. 700 millones.
• Por otros integrantes, la suma es de G. 300 millones.
• Y por los nuevos, hasta G. 200 millones.

Entre los nuevos nombres sobresale Ernesto Daniel Villalba (21), identificado como comandante actual y heredero del abatido Osvaldo Villalba. Informes oficiales sostienen que el joven ya integra el núcleo de mando, reflejando una estructura con fuerte componente familiar.

El informe oficial señala que hasta el momento esta agrupación criminal estaría conformada por 13 miembros, y de acuerdo a las fotografías se puede observar que en su mayoría son personas jóvenes, incluyendo nuevos miembros que se incorporaron recientemente a la estructura. Resaltando además que hay una mayoría femenina, ya que de los 13 integrantes, siete son mujeres y seis hombres.

Los reportes también advierten sobre la presencia operativa del grupo en zonas de Canindeyú y el Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, donde se registraron ataques y enfrentamientos recientes.

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